Comunistas por fuera, capitalistas por dentro

ENVIADO ESPECIALCon una mezcla de burla y desdén, los nuevos ricos chinos, los que han sabido aprovechar el espectacular crecimiento económico de estos últimos años, llaman a los dirigentes del Partido Comunista de China (PCCH) rabanitos, porque, dicen, son rojos por fuera y blancos por dentro.

Más en serio, los miembros de la delegación que acompañó a Pekín, a finales de julio, al vicepresidente Narcís Serra se sorprendieron al no escuchar hablar a sus interlocutores, como lo hacían todavía en 1993, de la "economía socialista de mercado" o de la "economía de mercado con características chinas". Hablaban a secas de la "economía de mercado". "Este país ya sólo conserva los símbolos del comunismo", comentó entonces un miembro del séquito de Serra.

Hace 15 años, el nonagenario líder Deng Xiaoping puso en marcha una reforma económica con el claro propósito de convertir a su país en una gran potencia y de legitimar de nuevo la autoridad del PCCH ante aquellas generaciones que no habían vivido la Larga Marcha y la revolución. El primer objetivo lleva camino de conseguirlo, pero no así el segundo. Deng no preveía, probablemente, en 1979 que el relativo bienestar iba a alejar a la sociedad de los parámetros comunistas.

La revuelta de Tiananmen, aplastada por el Ejército el 4 de junio de 1989, con un saldo de 700 muertos, fue la primera gran manifestación del descontento de los estudiantes, obreros y empleados de las empresas públicas y funcionarios a los que no había llegado el maná del crecimiento.

La apertura al exterior y, la introducción de la economía de mercado sufrieron entonces un parón con la derrota del hasta entonces tolerante secretario general del PCCH, Zhao Ziyang. Hubo que esperar hasta la celebración, en octubre de 1992, del 14º congreso del partido para que la línea reformista preconizada por Deng se impusiese de nuevo.

Aunque ahora afloran de forma diferente, las tensiones que surgieron en 1989 siguen latentes en la sociedad china. Agraviados por la creciente disparidad de renta entre el campo y las ciudades, entre la costa y el interior del país, los campesinos apenas se han movilizado para expresar su protesta, pero, en cambio, la conflictividad laboral está en auge en las zonas urbanas.

Hasta las estadísticas del Ministerio de Trabajo lo reconocen parcialmente. En los tres primeros meses de 1994, el número de conflictos en los que tuvo que mediar alguna autoridad pública ascendió a 3.104, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior. En realidad, nunca han llegado hasta los oídos de los diplomáticos extranjeros en Pekín tantas noticias sobre huelgas y disturbios sociales a lo largo y ancho de la geografía china.

El Boletín Laboral de China, publicado en Hong Kong por el prestigioso disidente Han Dongfang, aseguraba, por ejemplo, que entre marzo y abril se produjeron más de 300 huelgas y estallidos sociales en seis provincias en los que participaron más de 200.000. trabajadores y que duraron hasta 40 días. De cenas de miles de manifestantes recorrieron las ciudades de Harbin y Qiqihaer coreando reivindicaciones -"¡Queremos sobrevivir!, ¡Queremos comer!"- y algunos manifestantes se suicidaron ante los representantes de la Administración, asegura el boletín.

Cuando alude a este malestar social, la prensa oficial subraya que surge ante todo en las empresas participadas por el capital extranjero. Las condiciones de trabajo y la duración de la jornada laboral son frecuentemente penosas . en el sector privado, sobre todo cuando los dueños son surcoreanos, taiwaneses o chinos de Hong Kong, pero el mastodóntico, sector público no tiene mucho de que vanagloriarse.

Estimuladas por el Gobierno, que intenta hacerlas competitivas, las empresas públicas han despedido en 1992-1993 a 1,25 millones de trabajadores para intentar así salir de unos números rojos -la mitad del sector público tiene pérdidas-. Los déficit son tanto más graves por cuanto que el Gobierno, comprometido en la lucha contra su propio déficit presupuestario es cada vez más reacio a otorgar subvenciones.

Los desempleados engrosan las filas de un paro aún escaso -a juzgar por las estadísticas ofíciales alcanzará al 3% de la población activa a finales de año-, pero experimentará un fuerte aumento si se mantienen las reformas. El Gobierno estima que entre 10 y 20 millones de trabajadores de los 109 millones que emplean las empresas públicas sobran, pero un estudio de una consultoría norteamericana señala que, por ejemplo, en el sector de la industria de detergentes, las fábricas chinas dan trabajo a un personal 10 veces más numeroso que las occidentales.

La agitación laboral no ha trascendido al terreno político, pero qué duda cabe que la pérdida de control del PCCH y el progreso técnico están abonando el terreno para que surjan de nuevo, acaso dentro de no mucho tiempo, las reivindicaciones de Tiananmen. Los ejemplos del retroceso de la ideología comunista abundan. El órgano del PCCH, el Diario del Pueblo, ha visto su tirada reducida el año pasado en 650.000 ejemplares y sólo se imprimen ahora 1,65 millones de copias.

En las empresas, incluso en las públicas, las sesiones de adoctrinamiento en marxismo-leninismo-maoísmo han caído en desuso, y allí donde se celebran aún su frecuencia y la asistencia de público son escasas. El éxodo rural y la movilidad social están también dando al traste con las cartillas en las que los responsables comunistas locales recopilaban y valoraban el comportamiento del ciudadano en sus estudios, en su trabajo y hasta en la intimidad de su hogar.

Gracias a la técnica se cuelan por las rendijas que deja abiertas el PCCH briznas de libertad. En varias ciudades costeras, nuevas televisiones locales informan con cierta ecuanimidad de la actualidad económica y social de su provincia -los asuntos estrictamente políticos siguen siendo tabúes-, y en el resto del país, una franja importante de la sociedad recibe un mensaje alternativo a través de la televisión vía satélite. El viejo Deng no había previsto, probablemente, que junto con la inversión y tecnología occidentales se introducirían también en China ciertas dosis de "liberalismo burgués".

Para contenerlo, las autoridades de Pekín prohibieron recientemente a los particulares comprar o instalar antenas parabólicas. En vano. La reglamentación no se cumple. Mejor resultado han dado, en cambio, las presiones del Gobierno para convencer a: Star TV, que emite varios programas por satélite en chino e inglés, de que suprima de su oferta el servicio mundial de la BBC culpable de haber difundido un reportaje sobre la vida de Mao Zedong en el que se contaba su afición por las adolescentes.

Los resquicios de información equilibrada que entran en los hogares no obstan para que tras la desaparición de la URSS, China sea "el más amplio sistema carcelario y de campos de trabajo del mundo", según denunció en marzo la organización norteamericana de derechos humanos Asia Watch. Después de Tiananmen, las formas de la represión son menos brutales y la mayoría de las figuras de la disidencia, aquellas que son conocidas en Occidente, suelen estar en libertad vigilada para no indisponer a los socios occidentales.

Para los opositores de segunda fila, la realidad es más dura. Según Asia Watch, 1993 ha sido "el peor año en lo concerniente a las detenciones y juicios políticos desde mediados de 1990 ( ... )". Es cierto que en el año pasado fueron excarcelados 37 disidentes, incluido el célebre Wei Jingsheng, pero al menos otros 248 fueron apresados. En su último informe, la organización humanitaria proporciona los nombres de 1.700 presos políticos, aunque estima que su número real asciende a varias decenas de miles.