El futuro Liceo será un teatro público

El director general del Liceo, Josep Caminal, aseguró ayer a este diario que las administraciones están decididas a que el nuevo teatro sea de titularidad exclusivamente pública, lo que modificará sustancialmente el papel de los actuales propietarios del teatro. "Estos días se ha hecho evidente que el empuje de la sociedad civil es fundamental. Sería un error histórico gravísimo que los actuales propietarios pretendieran mantener la exclusiva de la representación de esta sociedad civil que, es mucho más amplia y más variada de lo que ellos representan", dijo La Sociedad de Propietarios se reunirá en los próximos días para analizar el alcance de la catástrofe y decidir el destino del importe de la póliza de seguros contra incendios, que asciende a 2.000 millones de pesetas.

Las negociaciones entre propietarios y administraciones, unos y otras integrados en el Consorcio del Liceo, han estado plagadas de tensiones en los últimos 10 años por diferentes causas. A finales de los noventa, sin embargo, dichas tensiones se ven agudizadas por un proyecto que se abre paso en el horizonte: la ampliación del teatro. La cuestión que se plantea es muy simple: cómo invertir dinero público en una obra cuando la titularidad del edificio mantiene su condición privada.

Hasta el momento de la catástrofe, los privados, de forma oficiosa, todavía no refrendada en asamblea, se declaraban dispuestos a ceder dicha titularidad, siempre y cuando las administraciones se comprometieran en firme a realizar la reforma y además estuvieran dispuestas a mantenerles de terminados privilegios —"derechos", desde su punto de vista—, como la preferencia a la hora de escoger los turnos de las funciones y el usufructo de palcos y butacas de su propiedad por un periodo que se negociaría.

La Sociedad de Propietarios está integrada por cerca de 400 personas. Son en parte descendientes de aquella gran burguesía industrial y financiera que en 1847 fundó el Gran Teatro del Liceo, aunque a lo largo de la historia los títulos han ido pasando de unas manos a otras a precio de mercado. Los propietarios son los titulares colectivos de todo el edificio, y luego, de manera individual, lo son de determinados palcos y butacas, que representan aproximadamente un 35% del aforo total. Las localidades privadas son básicamente palcos de platea y de primero, segundo y tercer piso, y butacas de platea y anfiteatro.

Entre los nombre más destacados de este colectivo figuran los del empresario Carlos Ferrer Salat, Eduardo Bueno —ex presidente del Partido Popular de Cataluña, Antoni Serra Santamans —del grupo Catalana de Occidente-, Manuel Bertrand —cuyo padre, industrial textil, financió los estudios de Montserrat Caballé, — Félix Millet, —hijo de uno de los fundadores del Banco Popular y ex consejero de Banca Catalana—, Félix GüelI —descendiente del vizconde de GüelI— y el marqués de Alella, Juan Peláez.

Red de relaciones Los

Los orígenes de la propiedad se remontan a la propia construcción del edificio. Joaquim de Gispert, uno de los socios más conspicuos del Liceo Filarmónico-Dramático barcelonés —embrión de la actual sociedad—, movió una tupida red de relaciones sociales para conseguir lo que parecía un sueño inalcanzable: que la burguesía de Barcelona contara con uno de los teatros más esplendorosos de toda Europa. En su empeño, quiso recabar el apoyo de la reina Isabel II, que, sin embargo, fue cicatero, ya que no fue mucho más allá de la mera cesión del real nombre para adornar a la sociedad. Este hecho motivó que, a la hora de construirlo, el Liceo no contara con palco real: la Reina ocuparía, por todo privilegio, el central del anfiteatro, pero el aspecto de éste no variaría del de los ricos burgueses situados a sus lados.

Con un ingeniosísimo sistema muy propio de la clase a la que pertenecía, Gispert consiguió financiar el teatro vendiendo como acciones localidades del mismo. Estableció un complejo baremo del valor de las futuras localidades y logró venderlas a cambio de la promesa de espectáculos fastuosos. Los palcos equivaldrían a un número convencional de acciones, dependiendo del lugar más o menos privilegiado que ocuparan. De este modo, los propietarios quedaban vinculados no sólo a la construcción del edificio, sino al desarrollo de las actividades teatrales.

Los antepalcos que ardieron el lunes eran un testimonio vivo de este sistema de división de la propiedad. Cada titular los decoró a su gusto y según sus propias necesidades. Así, un suntuoso palco de proscenio de segundo piso, que en tiempos perteneció a un grupo de amigos regidos por un reglamento que vetaba explícitamente el ingreso a sus legítimas esposas, disponía de baño propio: otro se hallaba decorado con extraordinarios frescos de temática wagneriana; otro aún, situado en el tercer piso, contenía preciosos grabados con un único motivo central: el desnudo femenino. Y es que el tercero era a la sazón el piso de los solteros, que acudían al teatro movidos por pasiones alejadas de la lírica.

No sólo los antepalcos respondían a este sentido de la. privacy. Toda la arquitectura del Liceo refleja la tradicional discreción burguesa de puertas afuera, y los oropeles más suntuosos de puertas adentro. La fachada, que ha permanecido intacta, se íntegra con la máxima discreción en el tejido urbano, rodeada de comercios. Es el reverso de los teatros de corte que ocupan un espacio propio, distanciado de la ciudad, con las paredes expuestas a los cuatro vientos, signo exterior del unicum de la realeza. Por si ello no bastara, el propio espacio interior es compartido con otras instituciones, como el Círculo del Liceo, un club recreativo de inspiración inglesa al que pertenecieron muchos de los fundadores del teatro, pero que orgánicamente nada ha tenido que ver con él. O el Conservatorio de Música. De generación en generación y de cambio de propiedad en cambio de propiedad, la titularidad privada se ha mantenido hasta hoy.

Decadencia burguesa

Desde 1980, dichos herederos no pudieron ya organizar privadamente sus temporadas, confiadas hasta ese momento a empresarios de su propia elección, el último de los cuales fue Joan Antoni Pàmias, que rigió los destinos artísticos entre 1947 y 1980. En ese año se crea el consorcio, en el que participan las administraciones: primero la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, y desde 1984 el Ministerio de Cultura.

A partir de ese momento, las prerrogativas de los privados fueron quedando progresivamente limitadas hasta la actualidad. Por estatuto, los propietarios estaban obligados a adquirir por lo menos un turno de abono de funciones. Ello ha supuesto para el consorcio un ingreso fijo de cerca de 250 millones de pesetas por temporada, ya que muchos de los titulares se quedaban con más de un turno. Su único privilegio actual era precisamente éste: antes de que se abriera la taquilla al público, tenían derecho a escoger calendario. Sus propiedades quedaban a disposición del consorcio para el resto de las funciones. Entre sus otras obligaciones, figuran el mantenimiento de los palcos —en los cuales podían hasta hace poco efectuar reformas, bajo la supervisión del consorcio— y el pago del seguro del edificio: 40 millones de pesetas anuales.

Desde su creación, el consorcio ha ido adquiriendo localidades, limitando de este, modo el peso de los privados. Pero la cuestión de la titularidad sigue levantando suspicacias, entremezcladas con un difuso sentimiento nunca del todo precisado: el reconocimiento histórico hacia unas gentes que hicieron grande Barcelona. Esos propietarios, herederos o no de los antiguos fundadores, consiguieron desde mediados del siglo pasado y hasta 1980 mantener la única temporada estable de toda España. El tacto en las negociaciones entre ellos y las instituciones es uno más de los complejos aspectos de la sociedad catalana.

[Ayer, el juez paralizó el desesescombro del teatro para evitar que la retirada de las ruinas perjudiquen la investigación. Los vecinos afectados por las expropiaciones que conllevará la reconstrucción del Liceo exigieron una investigación a fondo del incendio para esclarecer si fue realmente fortuito. Por otra parte, el presidente de Castilla y León. Juan José Lucas, criticó el "agravio comparativo" que supone la reacción del Ministerio de Cultura ante el desastre del Liceo y el nulo apoyo que ha recibido su comunidad.]