La ONU pide al régimen de Malabo que respete los derechos humanos
La situación en Guinea Ecuatorial ha experimentado "algunas mejoras" por lo que se refiere a la evolución hacia la democracia. Así lo asegura el primer informe elaborado por la misión de la ONU que visitó la ex colonia española el pasado abril, con vistas a la eventual cooperación en el proceso electoral prometido por el régimen de Teodoro Obiang.Sin embargo, dichos técnicos consideran que estos progresos no son suficientes para la "realización de un proceso electoral plenamente libre y democrático" y exigen a Malabo, como condición previa a la asistencia de la ONU, la aplicación una serie de medidas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos para los ciudadanos.
La visita del equipo de la ONU, integrado por ocho técnicos, sigue a la firma, el pasado día 18, del pacto nacional entre el Gobierno y la Plataforma de Partidos de la Oposición de Guinea para la transición política al multipartidismo. Entre los puntos aprobados, figura la exigencia de los opositores de que una asesoría jurídica externa supervise el proceso electoral que Obiang desea se celebre el próximo julio.
Según los expertos, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo la principal causa de que no se produzca el clima de confianza sin el que "la elección podría tener legalidad formal, pero carecería de legitimidad y de aceptación".
Entre las "medidas urgentes" que el informe exige se apliquen figuran "el cese de toda detención, tortura y malos tratos"; "garantizar el ejercicio de las libertades de reunión y de circulación por todo el territorio nacional"; "garantizar el retorno de los exiliados en condiciones de pleno respeto a su integridad, libertad y seguridad"; y la revisión de numerosos textos legales, entre ellos, la ley electoral.
Por otra parte, 16 profesores guineanos han hecho un llamamiento a la solidaridad de "los demócratas de todo el mundo" ante el "intento de Obiang de neutralizar la oposición a través del estrangulamiento económico". Todos ellos fueron expulsados en diciembre pasado de sus puestos de trabajo -pagados por la cooperación española-por participar una huelga de protesta por la detención y torturas de militantes de la oposición.
La Sociedad para la Solidaridad Democrática con Guinea, presidida por el eurodiputado Juan María Bandrés, ha respondido con la apertura de una cuenta bancaria para las aportaciones de quienes "se sientan sensibilizados por la injusticia".
