El juez admite la querella de Greenpeace contra Inquinosa por vertidos de grave riesgo

El juez de instrucción de Jaca (Huesca) ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la asociación Greenpeace España contra tres dirigentes de la empresa Inquinosa, a los que acusa de delito ecológico por la realización de vertidos ilegales al río Gállego, con "gravísimo riesgo" se dice en la querella, "para la salud de las personas".

El juez de Jaca estima que los hechos relatados en la querella "pueden constituir delito", por lo que abre diligencias previas para la investigación de los mismos. Las penas previstas en el Código Penal para el delito ecológico alcanzan hasta los seis años de cárcel y posible clausura temporal o definitiva de la empresa. Los querellados son Javier Herboso, José Manuel Cuartero y Vicente Galván y "cualesquiera otros representantes legales" de Inquinosa.La querella de Greenpeace parte de que Inquinosa tiene en Sabiñánigo (Huesca) una fábrica química productora de lindano, pesticida organoclorado con propiedades insecticidas que calificado en la lista negra de la Comunidad Europea. La asociación querellante estima que "por cada 15 toneladas de lindano producido se generan 85 toneladas de HCH residual, sustancia altamente tóxica, persistente y bioacumulativa".

Greenpeace relata la investigación realizada en un laboratorio del Reino Unido, al que se remitieron las muestras tomadas en varios vertederos utilizados por Inquinosa para averiguar el alto riesgo de contaminación del HCH existente en los vertidos.

Delito ecológico

En los fundamentos jurídicos de la querella, la abogada Francisca Cobos señala que el artículo 347 bis del Código Penal prevé la persecución de la conducta consistente en contaminar la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas, mediante la emisión de vertidos de cualquier clase "que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles".Greenpeace estima constatada la existencia de contaminación, "así como la realización de vertidos que pueden catalogarse de ilegales". Cobos cree compatibles las sanciones administrativas -como la anunciada en junio último- con las penales, a la luz de la Constitución.