Un ex agente denuncia lazos policiales, militares y empresariales con los 'capos'
"Yo, Ricardo Gámez Mazuera, pongo en conocimiento de usted los hechos de los que he sido testigo durante años de trabajo con los servicios de inteligencia del Estado, porque me he convencido de que los métodos allí utilizados atentan contra las leyes de la República y se cometen verdaderos crímenes". Así comienza el extenso y detallado informe que Gámez Mazuera, de 33 años, colaborador durante 12 años de los servicios secretos colombianos, elevó a primeros de agosto al fiscal general de Colombia, y cuya recepción oficial no ha podido ser confirmada por EL PAÍS.
El informe denuncia las alianzas e intereses de miembros de la policía, de las fuerzas armadas y de industriales con los capos del narcotráfico. Detalla los numerosos casos de violación de los derechos humanos y la existencia de cementerios clandestinos en donde fueron enterradas las víctimas de una trama que, bajo la apariencia de actuar "al servicio del Estado", ha venido trabajando a favor de intereses privados y, en particular, del narcotráfico. El ex agente implica también a funcionarios de seguridad de la Embajada de Israel en Bogotá, quienes "dictan cursos sobre métodos y tácticas de espionaje y similares" en la ejecución de operaciones ilegales.EL PAÍS ha tenido acceso al informe a través de intermediarios implicados en la lucha contra la corrupción y la violación de los derechos humanos. Actualmente, Gámez Mazuera se encuentra fuera de Colombia, oculto en algún lugar de Brasil, y, según fuentes próximas a él, está a la espera de obtener asilo político en un país de Europa. "No puedo dar más detalles por razones obvias", comentó una fuente en contacto con el ex agente.
En uno de los capítulos del informe, Gámez dice textualmente: "Puedo atestiguar la existencia de alianzas entre miembros de las fuerzas armadas e industriales y narcotraficantes para constituir y financiar grupos de mano negra o escuadrones de la muerte que realizan trabajos de limpieza social". El denunciante actuó como informador de la DIPEC (hoy DIJIN, policía secreta nacional) desde 1974, en contacto, entre otros, con el mayor Campos, entonces jefe del Departamento de Estupefacientes y hoy ayudante en la dirección general de la Policía. En 1978 pasó a trabajar con el Comando del Ejército.
Gámez Mazuera facilita datos concretos. En Tuluá (Valle), el mayor de policía Raúl de Jesús Suárez Gutiérrez, hoy teniente coronel con destino en Arauca, constituyó uno de esos grupos ilegales, que tenía como ámbito de operaciones Cali, Tuluá, Palmira y Yumbo, dando muerte a 30 personas. Este militar escogía miembros de la Policía y los sometía a un bautizo, consistente en que "todos participasen en un crimen con el fin de que nadie pudiese hablar". "En junio de 1986 hicieron una matanza nocturna de homosexuales en Tuluá y echaron los cadáveres al río Cauca. Un carnicero, testigo de la matanza, fue asesinado por el mismo grupo".
