Un 'manual' del Acta Única
El Acta Única es en realidad una actualización de los textos de base de la Comunidad Europea. Esta revisión constitucional europea, muy modesta en opinión del Parlamento Europeo, contiene, no obstante, algunos elementos nuevos de los que deben sacar partido los doce.A partir de ahora, la Comunidad dispone efectivamente de una base jurídica fortalecida, con el fin de hacer progresar a escala europea sus políticas en materia de investigación y medio ambiente, de realizar su gran mercado interior, a más tardar en 1992, y de lograr una mayor armonización de las diplomacias de sus 12 Estados miembros.
Desgraciadamente, la puesta en práctica del nuevo dispositivo se sitúa en un ambiente de crisis presupuestaria sin par en la historia de la Comunidad Europea: el déficit para 1987 amenaza con ascender a 6.000, millones de ECU (unos de 850.000 millones de pesetas) si no se toman inmediatamente las medidas necesarias para llegar a controlar los gastos agrícolas.
A este respecto, la responsabilidad del Consejo Europeo es tanto mayor cuanto que son sus deliberaciones las que puede salvar a la Comunidad de la quiebra financiera y, simultáneamente, dar impulso a una serie de acciones vitales para Europa.
Invitación al Consejo
El Parlamento Europeo invitó claramente al Consejo a que articule su actividad en función de los cuatro capítulos siguientes, recogidos en parte en el Acta Única:
1. Prioridad al mercado interior, con una subsiguiente estrategia de crecimiento económico concertado, un fortalecimiento del sistema monetario europeo y el desarollo sistemático de las políticas que repercutan en la competitividad europea: investigación y tecnología, energía e infraestructura de transporte.
Aduciendo las pruebas correspondientes, el Parlamento Europeo reitera a los Estados miembros que los retrasos que van acumulando en el desmantelamiento de los obstáculos impuestos a los intercambios intracomunitarios y en la realización de políticas comunes les resultan mucho más caros que lo que representa el conjunto del presupuesto europeo, con motivo del cual se confrontan. Es lo que se llama el coste de la no Europa, que oscila entre 40.000 y 50.000 millones de ECU cada año, mientras que el presupuesto de la Comunidad Europea ascendía a 35.000 millones de: ECU en 1986.
2. Una cohesión económica y social, irrealizable sin una mayor solidaridad de la Comunidad Europea frente a sus Estados y ciudadanos menos favorecidos. Ello supone un fondo regional y un fondo social mejor dotados, una mayor convergencia de los sistemas de seguridad social y de formación profesional y un compromiso activo por parte de las asociaciones de empresarios y de trabajadores en lo referente a la orientación de la economía comunitaria.
3. La reforma de los mecanismos de la PAC se ha convertido en una absoluta necesidad. No se trata de menoscabar los objetivos de una agricultura europea fuerte que ofrezca al consumidor unos productos en suficiente cantidad a unos precios razonables, y al agricultor un nivel de vida digno. Lo que está en tela de juicio es la explotación abusiva del método de sostenimiento de los precios agrícolas. En lo que se refiere a las finanzas de la Comunidad Europea y al equilibrio de los mercados mundiales, ese método conduce a unos excedentes desastrosos.
Sin salir de un marco estrictamente comunitario, conviene evolucionar progresivamente hacia un sistema de ayuda directa a la renta del agricultor.
Aumentar el presupuesto
4. El capítulo presupuestario es evidentemente el que más dificultades presenta. A este respecto, el Parlamento Europeo pide a los Gobiernos, puesto que han atribuido a la Comunidad Europea nuevas responsabilidades -particularmente en materia de investigación y medio ambiente-, que también se muestren dispuestos a conceder a la Comunidad los medios necesarios para ejercer las funciones correspondientes a, su responsabilidad. Por este motivo, el Parlamento sugiere, al igual que la Comisión, que se eleve el tope presupuestario europeo al 1,4% del PIB hasta 1992. Evidentemente, el Parlamento exige que se ofrezcan todas las garantías al contribuyente europeo acerca de la debida utilización de los recursos europeos.
Además, en este ámbito las referencias del Parlamento son excelentes: siempre ha ejercido con buen juicio las competencias presupuestarias que le corresponden, y la crisis presupuestaria actual es consecuencia de gastos sobre los que no le incumbe decir la última palabra; a saber: los gastos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
Un espíritu de transigencia constructiva y una verdadera solidaridad constituyen las condiciones en las que mejor funciona la Comunidad Europea. Concretamente, ello significa que los Estados miembros más prósperos, partidarios de que se establezca en cuanto sea posible un gran mercado interior, tienen la obligación de asistir a los Estados menos favorecidos con el fin de crear las condiciones necesarias para permitir que todos se beneficien de un espacio económico ampliado.
Por otra parte, los Estados menos favorecidos, que son los benficiarios de los principales fondos estructurales, deben evitar cualquier atraso intencionado de las medidas encaminadas a crear el gran mercado.
Finalmente, los que rechazan todo aumento de los recursos mientras no se hayan modificado totalmente los mecanismos de la PAC, deben tener presente que su intransigencia provocará inevitablemente la de los Estados que se benefician actualmente de esta Política.
