La Generalitat usará el registro de población como censo para la consulta

El Parlamento catalán va perfilando la ley de consultas, el instrumento que la Generalitat quiere utilizar para dar cobertura legal a la consulta soberanista, prevista para el 9 de noviembre. La ponencia que está redactando la ley se ha reunido hoy y ha empezado a debatir los primeros artículos. Hay acuerdo a grandes rasgos entre las fuerzas que apoyan la consulta -Convergència i Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa- y en algún punto también hay el visto bueno del PSC. Pese a que la ley estará a punto para la consulta soberanista, los partidos quieren que sirva para someter a voto en un futuro todo tipo de decisiones.

Uno de los puntos más delicados de la ley es la herramienta que se utilizará para establecer el censo. CiU, ERC e ICV han pactado que se haga a través del Registro de Población de Cataluña, una información del Instituto de Estadística Catalán que periódicamente unifica los datos de los padrones municipales. La Generalitat tiene competencias para su uso, y permite a los organizadores de la consulta sortear el escollo que supone no poder usar el censo electoral. Los redactores de la ponencia están teniendo en cuenta las limitaciones de la ley de protección de datos y de la ley de estadística para que no haya fisuras legales en el uso de este registro.

El otro punto en el que hay consenso es en el derecho a sufragio. Podrán votar los mayores de 16 años y los inmigrantes. Los catalanes que viven en el extranjero también lo podrán hacer, gracias al registro que la Generalitat aprobó hace dos semanas. En el caso de los extranjeros residentes en Cataluña, los partidos están discutiendo cuánto tiempo de residencia tendrán que acreditar y cómo se inscribirán en el censo.

La ley estará escrita antes de que el Parlament se vaya de vacaciones. CiU, ERC e ICV la someterán al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que evaluará en agosto si se adapta al Estatut y la Constitución. El ente consultivo tendrá un mes para deliberar -sus conclusiones no son vinculantes-, por lo que la ley llegará al pleno de la Cámara en septiembre, cuando el Gobierno y el Parlament prevén convocar la consulta soberanista.