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LA UE Y LA 'GUERRA CONTRA EL TERRORISMO'

Europa calla sobre los vuelos de la CIA

La visita de Condoleezza Rice a la UE forjó un pacto de silencio entre los Gobiernos de la Unión

Ana Carbajosa

Cuando los dirigentes europeos expresaron su asombro tras publicarse que Washington libró parte de su guerra contra el terrorismo en Europa mediante el secuestro, confinamiento y traslado de presuntos terroristas a países donde las confesiones se obtendrían mediante tortura, el ex secretario de Estado de EE UU Colin Powell advirtió del cinismo de los gobernantes europeos. "Hay algo de la película Casablanca en todo esto. Como cuando el inspector de policía dice: 'Estoy escandalizado de que este tipo de cosas estén pasando", explicó a la BBC en diciembre. Powell, que advirtió de que esas prácticas no eran ni algo "nuevo ni desconocido" para los europeos, adelantaba lo que empieza a ser un secreto a voces: que Europa tenía cierto conocimiento de las violaciones de derechos humanos que la CIA cometía dentro de sus fronteras desde el 11-S. Sin embargo, los Gobiernos europeos parecen haber suscrito un pacto de silencio sobre el escándalo, fraguado durante la reciente visita de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, al viejo continente.

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"Si en Europa ha habido secuestros, confinamientos de detenidos sin cargos y traslados a países donde podrían ser torturados, es muy poco probable que esto haya sucedido sin el conocimiento de los Gobiernos europeos o sus servicios secretos", afirma la eurodiputada liberal británica Sarah Ludford, promotora de la comisión de investigación en la Eurocámara sobre las actividades de la CIA, para quien "hay un intento de los Gobiernos europeos de resistir la investigación".

Fue a principios del pasado noviembre, cuando un artículo de The Washington Post marcó el inicio del escándalo de las actividades de la CIA en Europa al sacar a la luz la existencia de centros de detención secretos en el continente. El Post, que citaba a fuentes oficiales estadounidenses, no desvelaba qué países estaban implicados a petición de los informantes, pero quien sí lo hizo fue la organización de defensa de derechos humanos con sede en Washington, Human Rights Watch, que apuntó con el dedo a Polonia y Rumania.

Fue el pistoletazo de salida de una lluvia de graves acusaciones según las cuales decenas de aviones de la CIA cargados de supuestos terroristas habían hecho en Europa un alto en su camino hacia países donde los sospechosos serían interrogados bajo tortura. Al avispero de aparatos sobrevolando territorio europeo se le suman los secuestros de cuatro árabes en Europa. España, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Polonia, Portugal, Dinamarca... Casi ningún país europeo queda libre de pecado y todos tienen algo en común: niegan tener nada que ver con las actividades que la CIA perpetró dentro de sus fronteras, consideradas inaceptables para los estándares de los derechos humanos en Europa.

Pero la supuesta ignorancia, cuestionada bajo el anonimato por los círculos diplomáticos europeos, empieza a demostrarse falsa, según investigaciones periodísticas. La penúltima, la de que el espionaje suizo estaba al corriente desde noviembre de que Estados Unidos tenía centros secretos de detención. El semanario suizo Sonntagblick desveló recientemente que los servicios secretos suizos interceptaron una conversación entre el ministro de Exteriores egipcio y la Embajada egipcia en Londres, en la que aseguraban tener pruebas de la existencia de las cárceles fantasma. Y la última, la publicada el jueves pasado por la revista británica The New Statesman, en la que un documento interno del Gobierno de Tony Blair muestra que Londres conocía la existencia de los centros de detención secreta y que desconocía la suerte que corrían los rebeldes apresados por las tropas británicas en Irak o en Afganistán. El informe filtrado a la prensa recomendaba además pasar página sobre la cuestión de los detenidos y los vuelos lo antes posible ante la opinión pública y aferrarse a las declaraciones de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, durante su reciente visita a Europa, en las que aseguró que EE UU no ha trasladado detenidos a países en los que pudieran ser torturados.

Fue precisamente la visita de Rice la que numerosas fuentes coinciden en señalar como el punto de inflexión de la actitud de los Gobiernos europeos frente a la cuestión de las torturas y las actividades de la CIA en Europa. El consenso de que la consigna era dar carpetazo al asunto fue tal que, al día siguiente, durante un encuentro de los titulares de Exteriores de la OTAN, al ministro belga, Karel de Gucht, se le ocurrió volver a poner el tema sobre la mesa y recibió una reprimenda por respuesta. Fue Jack Straw, ministro de Exteriores británico, quien cortó de raíz la conversación. "¿No dijiste que habías quedado tan satisfecho después de la cena con Rice?", le espetó el británico, según cuentan fuentes diplomáticas, que estiman que los europeos hicieron "un sobreesfuerzo por creerse lo que les explicaba Rice", en parte, porque hay casos como el italiano (el secuestro a plena luz del día y en Milán de un ciudadano egipcio en 2003), en los que resulta muy difícil justificar que las autoridades no sabían nada.

Atrás quedó la petición de explicaciones a Washington que Jack Straw, realizó por carta y en nombre de la UE a finales de noviembre. "Es como si a partir de ese momento, los líderes europeos se hubieran puesto de acuerdo para llevar a cabo un pacto de silencio", sostiene la eurodiputada Ludford. "Es como si el asunto de la CIA se hubiera convertido en un mal sueño, del que más vale no acordarse", añade.

Álvaro Gil Robles, comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, institución que ha abierto una investigación sobre las presuntas actividades de la CIA en Europa, subraya: "A partir de ahora a Europa le va a resultar muy difícil dar lecciones de derechos humanos si no somos capaces en nuestra propia casa de aclarar hasta el final las dudas y las acusaciones que se han lanzado. No es posible silbar y mirar hacia otro lado".

La dificultad a la que se refiere Gil-Robles no se ha hecho esperar. El presidente ruso, Vladímir Putin, la verbalizó durante la reciente visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a Moscú. Cuando Merkel interrogó a Putin sobre las violaciones de derechos humanos en Chechenia y las restricciones al funcionamiento de las ONG, el presidente ruso le contestó: "El diálogo debe ser de igual a igual, y no podemos decir que en todos los países de Europa occidental todo vaya bien en materia de derechos humanos".

El desgaste de la credibilidad europea en cuestiones de derechos humanos obedece, según Dick Oosting, director de la oficina europea de Amnistía Internacional, a lo que considera un ejercicio de cinismo por parte de los Gobiernos europeos. "Hay un déficit en derechos humanos en la respuesta que se da al terrorismo. La UE sigue guardando silencio cuando se trata de problemas de derechos humanos dentro de sus fronteras. Critican a China o a Colombia, pero lo que pasa dentro de Europa es tabú", indica Oosting.

Las instituciones europeas alegan que "no tienen competencias para hacer más de lo que quieren los Estados miembros", según fuentes del Consejo Europeo, mientras que los Veinticinco no parecen muy dispuestos a incluir el tema en la agenda europea. Y son muchos los que coinciden en que esta pescadilla sólo dejaría de morderse la cola si surgen pruebas claras de que algún país está implicado, por ejemplo, si se demostrase que Polonia tuvo un centro de detención secreto. Pero a la vez, eso sólo será posible si los Gobiernos de Europa se muestran dispuestos a colaborar en las investigaciones en marcha.

Investigaciones paralelas

Tras dilatadas deliberaciones sobre la forma y el fondo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado miércoles la puesta en marcha de una comisión temporal que investigue si hay centros de detención ilegales de la CIA en Europa y si se utilizaron aeropuertos europeos para trasladar a presuntos terroristas a centros de tortura. La comisión nace ya algo descafeinada en su formato. Los eurodiputados optaron por la vía temporal, con menos atribuciones que las llamadas comisiones de investigación, como la que se formó, por ejemplo, tras la catástrofe del Prestige.

Los 46 europarlamentarios que componen la comisión podrán llamar a expertos o gente que consideren que tenga información relevante, quienes no estarán obligados a acudir, por ser un grupo temporal. Los representantes políticos podrían también, en principio, buscar pruebas sobre el terreno, aunque las restricciones presupuestarias hacen poco probable esta opción.

La socialista Elena Valenciano, una de los tres titulares españoles de la comisión, explica que la opción temporal obedece a una solución de compromiso entre los distintos grupos. "Lo importante es que al final se ha logrado un gran apoyo", indica. José Ignacio Salafranca, de los populares, y el liberal Ignasi Guardans son los otros dos españoles titulares. Junto a ellos, los suplentes Antonio Masip, Jaime Mayor Oreja, Willy Meyer y Raúl Romeva. Los eurodiputados, conscientes de que sus averiguaciones no serán vinculantes, esperan que la comisión sirva para presionar a los Gobiernos para que cuenten a la opinión pública lo que saben.

La investigación de la Eurocámara se desarrollará paralelamente a la del Consejo de Europa. Además, tres países, España, Italia y Alemania, han lanzado investigaciones judiciales de ámbito nacional. Países como Polonia o Alemania han decidido también iniciar comisiones parlamentarias.

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Sobre la firma

Ana Carbajosa
Periodista especializada en información internacional, fue corresponsal en Berlín, Jerusalén y Bruselas. Es autora de varios libros, el último sobre el Reino Unido post Brexit, ‘Una isla a la deriva’ (2023). Ahora dirige la sección de desarrollo de EL PAÍS, Planeta Futuro.

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