La Eurocámara ratifica la prohibición de la cesión de datos bancarios a EE UU

El Parlamento Europeo ha dado una sonora bofetada a todos los Gobiernos de la Unión y al de Estados Unidos al rechazar por abrumadora mayoría (378 contra 196 y 31 abstenciones) la prolongación del acuerdo pactado por los Veintisiete con Washington para compartir datos bancarios en la lucha contra el terrorismo.

Estados Unidos ha mostrado su decepción por lo ocurrido, presentado como "un contratiempo en la cooperación antiterrorista" entre ambos lados del Atlántico. Desde el lado europeo se reconoció la necesidad de mantener tal cooperación, pero no a costa de que los derechos fundamentales de los europeos queden arrastrados ante las exigencias estadounidenses.

La historia formal tiene que ver con el cambio el pasado verano de domiciliación de los servidores de la compañía SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales)con datos de los ciudadanos europeos que hacen transferencias bancarias internacionales, antes radicados en Bélgica y Estados Unidos y ahora, sólo para los europeos, en Suiza y Holanda. Tal modificación obligaba a establecer un nuevo acuerdo entre la UE y EE UU.

Mientras se negociaba ese necesario acuerdo definitivo y con más garantías, los Gobiernos comunitarios decidieron prorrogar nueve meses el vigente sin hacer caso a las objeciones de la Eurocámara, alarmada, al igual que grupos de defensores de los derechos fundamentales, por la violación de la confidencialidad, por el sometimiento de los europeos a la legislación estadounidense y por la falta de reciprocidad.

El cuadro componía la excusa perfecta para que el crecido Parlamento Europeo nacido del Tratado de Lisboa hiciera sentir sus poderes. Era una tentación irresistible. Lo ha reconocido el presidente de la Eurocámara, el polaco Jerzy Buzek. Para los eurodiputados está claro que "no se ha logrado el adecuado equilibrio entre la seguridad y la protección de las libertades civiles y los derechos fundamentales" en el texto sometido por el Consejo (los Gobiernos de la UE) al aval del Parlamento, resumía Buzek antes de poner la lupa en las nuevas reglas de juego: "El Tratado de Lisboa, aprobado por los 27 gobiernos de la Unión, otorga a los europarlamentarios derecho de veto sobre acuerdos internacionales de este tipo. Esos Gobiernos tienen que aceptar que el Parlamento Europeo usará sus poderes de un modo que reflejen su propia evaluación y las preocupaciones de los ciudadanos europeos".

El eurodiputado verde español Raúl Romeva abundaba en la idea de Buzek: "Todo el mundo en EE UU sabe que el Ejecutivo norteamericano está condicionado a las mayorías en el Congreso y en el Senado y que hay que tenerlas en cuenta. Ahora todo el mundo sabe que este es también el caso en Europa".

La primera reacción de la Unión, procedente de la Comisión, ha sido la de asegurar que se buscará cuanto antes un nuevo acuerdo "que nos dé más seguridad, más protección de datos y que sea un instrumento útil de cooperación con EE UU". Además de expresar su decepción por el contratiempo, las fuentes norteamericanas han señaladoque se está estudiando cómo proceder. Medios comunitarios señalaban que Washington podría volver a recuperar el acceso a los datos de SWIFT mediante acuerdos bilaterales con Suiza y Holanda.