Barroso condena a Praga al aislamiento si no firma el tratado europeo

Europa empieza a hartarse de las trabas puestas por el presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, para paralizar el funcionamiento de la Unión. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, elevó ayer el tono para advertir de que "la única manera que tiene la República Checa de mantener su comisario es que el Tratado de Lisboa entre en vigor". El nuevo tratado, que potencia las competencias de la UE, ha sido ratificado por los Veintisiete y sólo está pendiente de la firma de este país.

Barroso mantuvo ayer un encuentro con el primer ministro checo, Jan Fischer, cuyo Gobierno es favorable al nuevo tratado para encontrar una solución a las nuevas demandas de Klaus. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Barroso manifestó su confianza en que la República Checa "cumplirá sus obligaciones", culminando el proceso de ratificación "y que no se pondrán obstáculos artificiales".

Se negocia una declaración política para desatascar el conflicto

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa depende solamente del Tribunal Constitucional checo, que debe resolver un recurso presentado por 17 senadores del partido de Klaus, y de la posterior rúbrica del presidente checo.

Enemigo acérrimo del tratado, en el que ve los fundamentos para que Europa se convierta en un Estado supranacional, Klaus ha planteado nuevas demandas con independencia de lo que decidan los jueces, que verán el asunto el 27 de octubre. En su última e inesperada exigencia, Klaus solicita una derogación parcial de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la conseguida por Reino Unido para el derecho laboral y Polonia para el derecho de familia. La Carta tiene el mismo valor que el Tratado de Lisboa, por propia disposición del mismo.

El objetivo de fondo de Klaus es impedir que los ciudadanos descendientes de alemanes o habitantes de los Sudetes que fueron expropiados, expulsados y perseguidos después de la II Guerra Mundial, puedan acudir al tribunal de justicia de las comunidades europeas para reclamar indemnizaciones o la restitución de sus propiedades.

La solución que se baraja es la de una declaración política por parte de los líderes europeos en la cumbre del 29 y 30 de octubre. Fischer señaló ayer que "hay varias opciones" y se mostró partidario de "la opción que no implica una rerratificación" del tratado. La declaración política podría ser similar a la que se acordó con Irlanda y se incorporaría al derecho comunitario con ocasión del Tratado de Adhesión del próximo país, probablemente Croacia.

Barroso consideró que sería "absurdo" y "surrealista" modificar el tratado y volver a plantear de nuevo su ratificación. El secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, se mostró partidario de esperar la decisión del tribunal checo. La incertidumbre sobre la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene paralizadas las negociaciones para el nombramiento del presidente permanente de la UE y el Alto Representante de la Política Exterior con poderes reforzados.