"Lo lógico es que Telefónica cobre de Google y nos pague a nosotros"

Quién sabe si porque pide una tila a la hora del café de la mañana, pero Teddy Bautista (Las Palmas de Gran Canaria, 1943), presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), habla con tranquilidad sobre los asuntos que le han convertido en uno de los personajes más contestados del mundo de la cultura y, sobre todo, de Internet. Lleva meses guardando un prudente silencio. Meses en los que el Gobierno ha introducido por la puerta de atrás de la Ley de Economía Sostenible (LES) una regulación para perseguir las webs de descargas no autorizadas. Por si fuera poco, el proyecto estrella de la SGAE, la red de teatros ARTeria, parece toparse con más dificultades; Competencia ha afeado la labor de la entidad por monopolística; y algunos trabajadores se organizan para lograr la readmisión de varios despedidos.

"Veremos si cortar el bombardeo de páginas ilegales es suficiente"

"Se atacan más derechos cuando te piden el DNI que regulando Internet"

"Como dicen en la junta, la SGAE no tiene mala prensa, sino prensa mala"

"ARTeria no es una megalomanía, tiene una lógica financiera"

Desde la ventana de su despacho en el palacio de Longoria se ven pancartas colocadas por empleados cada mañana para exigir la dimisión de Bautista, al que echan en cara su elevada pensión. Mientras, él desgrana un nuevo y tranquilizador escenario. Unas declaraciones de César Alierta, presidente de Telefónica, en las que exigía a Google un pago por usar la red de acceso a Internet, parecen dar la razón a una antigua exigencia de Bautista, que halla de pronto extraños compañeros de cama en los operadores, esos viejos enemigos.

Pregunta. El Gobierno por fin ha movido ficha con la llamada ley antidescargas. ¿Es suficiente para la SGAE?

Respuesta. Es el final de un proceso de negociaciones. El Gobierno ha dado con una fórmula razonable para todas las partes. Habrá consenso político; además es necesario un consenso social. Tendremos que ver si cortando el bombardeo de páginas ilegales es suficiente o hay que ir más allá.

P. ¿Le satisface que sea una Comisión la encargada de tramitar las denuncias y la Audiencia Nacional, de decidir?

R. La disposición de la LES es una forma más inteligente que política de buscar consenso. Se ha cambiado la propuesta original de una medida administrativa pero tampoco se traslada al circuito judicial ordinario, tan lento, sino que se ha buscado un término intermedio. La SGAE ha apostado por esta fórmula. Ningún modelo puede estar basado en la infracción. Si hay un bombardeo sistémico de productos que son gratis, como dice la leyenda urbana -aunque no sea así porque se paga por el ADSL y por otras cosas-, no habrá nunca un verda-dero juego de oferta y demanda.

P. La Comisión Nacional de la Competencia les acusa de monopolio y de cobrar tarifas caras.

R. El presidente de un organismo como la CNC debe tomar una cierta equidistancia. El informe adolece de dos defectos. Nos critica pero, ¿comparados con quién? Tenemos una de las tarifas más bajas de Europa. Es curioso que los peluqueros se quejen por pagar seis euros al mes, cuando en Francia pagan cuarenta y tantos... Y el otro grave error es que no recojan que la SGAE lleva años implementando medidas que se recomiendan en el informe. ¿Qué SGAE ha estudiado?

P. Hay un clamor, al que se une el Consejo Fiscal, en contra de igualar los derechos de autor a los derechos fundamentales...

R. Lo son porque están en el Artículo 27 de la Carta de los Derechos Humanos.

P. ¿Insinúa que el Consejo no sabe de lo que habla?

R. Sí, cuando habla de lo suyo. El hecho de que el P2P haya establecido una ionosfera fuera de control no significa que todos los objetos digitales estén fuera de control. Cuando se entra a regular eso, no se ataca ningún derecho fundamental. Se atacan más cuando te piden el carnet para entrar en un ministerio o un escáner te desnuda en un aeropuerto. La privacidad y el anonimato están cayendo. Y el control de Internet es inevitable.

P. Los operadores, sus viejos antagonistas, dicen ahora que quieren cobrarle a Google...

R. Lo que se ha atrevido a decir Alierta es la clave. Google desarrolla todo su entramado usando la línea telefónica, y no paga nada. Y lo mismo le ocurre a las operadoras con la industria de contenidos, que generan un negocio de consumo de ADSL y de ancho de banda. Lo lógico sería que Google pagara a las operadoras por usar su red y éstas, a su vez, nos pagaran a nosotros. Sería un modelo de negocio estable y sostenible.

P. ¿Es Ángeles González-Sinde una ministra favorable?

R. En el Ministerio de Cultura hay una labor de continuidad y un hilo conductor entre la Administración del PP y la de ahora. González-Sinde ha hecho un esfuerzo, con todo en contra, por buscar un consenso y no por beneficiar a los autores.

P. ¿Y el PP? ¿Qué opina de que sea prointernauta y anti-SGAE?

R. Esa visión es muy simplista. El PP sabe que para gestionar un país y tener proyección internacional se necesita una industria cultural fuerte. Pero en lo único que fallan es que han incluido el debate de los derechos de autor en el conflicto partidista. Lo mejor sería que se excluyera de la agenda política preelectoral. Éste es un tema de interés de Estado.

P. Es común la impresión de que la SGAE tiene una voracidad recaudatoria sin límite.

R. El ciudadano debería ponernos como ejemplo de cumplidores de las leyes. Hay leyes que son antipáticas, y que se tienen que reformar, pero ése es el rol del legislador, no el nuestro. A nosotros nos colocan aquí con una licencia del Ministerio de Cultura para operar, y que si mañana quiere nos la puede quitar. Estamos cumpliendo las leyes, nada más. Esa voracidad es irreal. Nosotros queremos que nuestros usuarios tengan éxito, porque en función de ese éxito nos pagan los derechos. Se gastan ríos de tinta en decir que le cobramos a un Ayuntamiento 11.000 euros, pero nadie critica que se gasten decenas de miles de euros en contratar artistas y alimentar el star system.

P. ¿Por qué la SGAE tiene peor prensa que el cáncer?

R. La pregunta del millón. Como decía un miembro de la junta directiva, la SGAE no tiene mala prensa, sino prensa mala.

P. ¿Tiene madera de pimpampum?

R. Lo que no mata engorda. Las críticas infundadas me dan combustible.

P. ¿Se siente contestado internamente en la organización? Lleva casi 15 años en el cargo.

R. En la última junta directiva de octubre pasado, yo estaba inmerso en una inmensa polémica. Así que les dije: miren, hay un trabajo tremendo por hacer y tiene que hacerlo alguien que no esté cuestionado. Me fui de la reunión y al cabo de una hora me llamaron y me dijeron que la junta, con sólo dos abstenciones de 38 votos, había decidido darme su confianza. Hay críticas. Me siento con fuerzas para seguir. Pero me pueden echar en cualquier momento. Y la SGAE es una sociedad muy democrática. Aquí las listas son abiertas. Tengo un compromiso con los socios.

P. Algunos de esos socios se han quedado huérfanos tras el cierre del sello Autor.

R. Todos los compromisos se mantienen, lo que pasa es que en otros formatos. ¿Por qué se cierra el sello Autor o la editorial? Porque estaban gestionados con modelos obsoletos. Tiene que haber una redefinición del mercado discográfico. Pero con la aquiescencia de todos, de las majors, de las independientes...

P. ¿Ve sentido a que las discográficas pequeñas denuncien al Gobierno?

R. La culpa es de la sociedad civil de la que el Gobierno es un efluvio. Echarle la culpa al Gobierno de todo es un recurso que no lleva a ningún sitio.

P. Le cuestionan sus trabajadores. Hablan de despidos improcedentes, de entramados de empresas para que usted se lucre...

R. Mi pregunta es: ¿Quién en su sano juicio se cree eso?

P. ¿No deberíamos creerlo?

R. Hay la queja lógica de quien se ve despedido, pero estamos despidiendo menos gente que Telefónica, RTVE, Abc... Tenemos 12 despidos en una plantilla de 470. Y estamos ofreciendo a nuestros trabajadores una jubilación con el 80% de su sueldo. Ha cambiado un modelo que nos ha funcionado durante 110 años. No me siento nada cómodo. Pero el que pueda evitar esto que levante la mano.

P. ARTeria, su proyecto para la creación de una red de teatros, parece el órdago de un megalómano.

R. No es megalómano. Tiene una dimensión estudiada por expertos. Luchamos cuatro años por hacer un centro cultural en Príncipe Pío, por el palacio Infante en Boadilla o por un teatro restaurado en Zaragoza que no se hizo por trabas administrativas. Los nuevos pasos están sustentados en éxitos anteriores. El 11 de marzo inauguramos un teatro en el antiguo Campos Elíseos, en Bilbao. En Valencia tenemos un acuerdo para construir la Torre de la Música, con Berkeley, por el que la universidad pone unos 50 millones de euros de un total de unos 90 millones y la Generalitat nos da la licencia de uso de los 25.000 metros cuadrados. Todo tiene lógica financiera.