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"El cine español no sobrevivirá"

Los productores temen por el futuro del sector sin el 5% de las televisiones - El auto del Supremo añade desasosiego tras el bloqueo de las ayudas en Bruselas

El modelo que sustenta el cine español se tambalea. A la preocupación provocada por el auto del Tribunal Supremo que plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a las televisiones a invertir un 5% de sus ingresos en producciones españolas y europeas, se añade la inseguridad que embarga al sector tras el bloqueo hace un mes por parte de la Comisión Europea de las subvenciones para los rodajes a comienzo de 2010. Nunca la industria se había visto en una situación tan frágil.

El varapalo ha sido de órdago. La industria vive en el desasosiego, pese a que las últimas cifras de asistencia a las salas superan con creces los datos de años anteriores. Abundan las películas españolas entre las más vistas en los últimos tres meses: Ágora, Spanish movie, Celda 211 o Planet 51 se suman así en un año excepcional en términos de taquilla a Los abrazos rotos, Fuga de cerebros, Mentiras y gordas o Rec 2. Muchas de estas películas han sido producidas con la inversión de cadenas de televisión privadas, cuya aportación representa de media un tercio del total del presupuesto de un filme español.

La aportación de las cadenas superó los 124 millones de euros en 2007
El sector confía en que el Tribunal Constitucional le dará la razón

Desde 1999, año en que el Gobierno de José María Aznar impuso a los operadores audiovisuales (públicos y privados) la obligación de invertir un 5% en producciones cinematográficas, las televisiones han destinado al cine español una cifra cercana a los mil millones de euros. Sólo en 2007, últimos datos oficiales conocidos, las cadenas invirtieron un total de 153 millones de euros en obra audiovisual europea, de los que 124 fueron destinados a películas en lengua original española.

"El cine español no puede sobrevivir sin la ayuda de las televisiones. Estamos viviendo un momento de gran inseguridad jurídica", asegura Fernando Bovaira, productor de Ágora. "Es un problema de Estado, una decisión del Gobierno de si quiere que haya cine español o no", añade Gerardo Herrero, productor de El secreto de sus ojos. Herrero se mostró francamente sorprendido con que la noticia del auto, con fecha de 9 de diciembre, se haya dado a conocer sólo un día antes de que se empezara a debatir la Ley General Audiovisual en el Congreso.

"Yo me cambiaría de trabajo", afirma tajante Juan Gordon, coproductor de Celda 211, uno de los grandes éxitos del año. "Si desaparece la inversión de las televisiones sólo habrá posibilidad de realizar cine a través de las subvenciones, algo que a mí no me interesa nada. Sería un cine muy minoritario y yo creo que el cine es un arte demasiado caro para que lo disfrute poca gente. Otra posibilidad sería realizar películas pensando únicamente en la taquilla, pero eso es realmente difícil. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Celda 211 iba a recaudar más de ocho millones de euros? Sin las televisiones hacer cine se convertiría en un riesgo demasiado grande de asumir", añade Gordon.

José Antonio Félez, de Atípica Films, resumió sus sensaciones con esta frase: "Me siento... acorralado. Afortunadamente el comportamiento de las películas españolas en el último trimestre es muy bueno, pero este final de año está lleno de acechanzas".

Tanta preocupación no parecía ayer obstáculo para que el sector confíe plenamente en que el Tribunal Constitucional les dará al final la razón. Aunque sea dentro de dos o tres años, el periodo normal para la resolución de casos de esta naturaleza. Hasta entonces, la obligación de invertir por parte de las televisiones seguirá vigente.

Pedro Pérez, presidente de la FAPAE (Federación de Productores Audiovisuales de España), trató de invocar ayer la tranquilidad. "El auto del Supremo es "contundente, razonado pero incompleto", afirmó desde la convicción absoluta de la constitucionalidad de la ley. Pérez recordó la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que avaló en marzo la obligatoriedad a las televisiones a invertir el 5% en cine europeo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada a petición del Supremo español, dejaba claro que un estado miembro puede obligar a las cadenas a destinar parte de sus ingresos a la financiación de películas. "Nosotros no vamos a ser una isla. En Europa el espíritu que impera es el de que las cadenas inviertan en su cine. Si el Supremo hubiera tenido tan clara la ilegalidad de la norma hubiera dictado una sentencia y no un auto pidiendo su retirada", añadió.

Y frente a tanta preocupación del cine, la alegría de las televisiones. El sector ha recibido el auto del Supremo como una gran victoria, un paso decisivo en su larga batalla contra el 5%. Un gesto que refuerza su tesis de que el cine y la televisión son negocios distintos. Jorge del Corral, secretario general de Uteca, organismo que agrupa a las seis cadenas privadas de ámbito nacional, insiste en que el polémico 5% es "inconstitucional" y recuerda que el auto del Supremo deja claro que "no hay ninguna directiva que obligue a esa inversión" sino que "es una cuestión que la UE deja en manos de los Estados". Uteca está decidida a llegar hasta el final. "Vamos a pleitear contra todo el que legisle en esa dirección. El legislador debería reflexionar sobre lo que dice el Supremo y no seguir empecinado. Sólo pedimos que nos deje invertir en lo que queramos".

A diferencia del decreto de 1999, la Ley General Audiovisual obliga también a las operadoras de telecomunicaciones que ofrezcan servicios audiovisuales, a invertir un 5% de sus ingresos en cine. Pero al igual que las televisiones, las telecos se oponen a la medida de manera tajante. Jesús Banegas, presidente de la entidad que representa al sector, asegura que no tiene ningún sentido. "Es como si se obligara a las farmacias a suscribirse a periódicos de pago en Internet". Banegas sostiene que "transferir recursos de un sector a otro es un arbitrismo". "Es meter la mano en una empresa para dárselo a otra. Espero que el Tribunal Constitucional ponga orden en este asunto".

Además, critica la actuación de la FAPAE. "El cine se ha organizado muy bien y parece que ha decidido que tiene que vivir a costa de los demás. ¿Por qué los deportistas, o los dentistas o los periodistas no se agrupan para conseguir lo mismo? El cine obtiene cosas asombrosas de alguien (las televisiones o las compañías de telecomunicaciones) que pasaba por ahí".

Fotograma de <i>Spanish movie, </i>uno de los éxitos de la temporada, que ha recaudado en tres semanas unos seis millones de euros.
Fotograma de Spanish movie, uno de los éxitos de la temporada, que ha recaudado en tres semanas unos seis millones de euros.

La ley sigue su curso

La resolución del Supremo se interpretó ayer también como un serio revés al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no sólo ha avalado el decreto dictado en su día por el PP sino que lo ha ampliado en la Ley General Audiovisual (LGA) que se tramita estos días en el Parlamento. Ayer mismo el PSOE presentó una enmienda transaccional en la que mantiene las cuotas de inversión de las cadenas privadas en el 5% y amplía al 6% la tasa de las públicas. De estas cantidades, la enmienda establece que las privadas deberán dedicar el 60% a películas; en las públicas este porcentaje se eleva al 75%. El resto lo podrán dedicar a películas, series o miniseries para televisión. En la misma enmienda socialista se recoge que la financiación podrá consistir en la participación directa para la producción del filme o en la compra de derechos de antena.

El control y seguimiento de todo este volumen de inversión lo llevará a cabo el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un organismo independiente cuyos miembros serán designados por el Parlamento.

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