Internet, buzón de sugerencias

La Red vive estos días una batalla sin precedentes. Internet como canal para el debate político ha alcanzado su mayoría de edad. La magnitud del frente abierto para el Ministerio de Cultura tras el anuncio del anteproyecto de la ley antidescargas es igualmente inédita. La disputa por primera vez no se libra sólo en los despachos o en las calles, sino, fundamentalmente, en blogs y medios digitales. Lo sucedido tras la inclusión en la Ley de Economía Sostenible (LES) de la disposición que da a un organismo administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) la potestad de bloquear sin control judicial webs que ofrezcan sin permiso contenidos protegidos, pone de relieve que la piratería en Internet, la regulación de las descargas y la protección de los derechos de autor son asuntos demasiado complejos para ser resueltos desde la unilateralidad de un único ministerio. EL PAÍS invita a una docena de personalidades implicadas -entre ellas, el portavoz de una web de enlaces que pidió opinar desde el anonimato- a desarrollar propuestas para afrontar este problema.

KIKO VENENO Músico, vendió por Internet su disco 'Gira mundial'

Está claro que hay que sentarse y plantear las preguntas fundamentales, sin agobios. No puede ser eso del todo gratis. La música, además de un arte, es una herramienta de trabajo para los músicos que tiene que tener un sueldo para vivir. Si no, los músicos se dedicarán a otras cosas y sólo podrían crear en sus ratos libres o de ocio. No podemos dejarnos caer en esa dialéctica que dice que los músicos son unos vagos. Es retrógrado. Trabajar en el arte de forma inteligente es una de las cosas más importantes. Muchos pensamos que en realidad es lo único que merece la pena.

Yo sinceramente no sé cómo funcionaría esa ley ni cómo funciona lo de las webs con enlaces a descargas. Pero como consumidor y autor creo que la gente tiene que diferenciar entre dos aspectos. Una cosa es ganar miles de millones como algunos ganaban antes en la industria musical y otra muy diferente son las necesidades económicas básicas de los músicos y de los muchísimos trabajadores anónimos de la música.

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LOZANO Abogado especialista en propiedad intelectual

España no puede seguir siendo el paraíso de los piratas de Internet. La propuesta de modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI, de 2002) acaba con la actual incertidumbre acerca de cual es el "órgano competente" para decretar la suspensión del acceso a determinadas páginas web que prevé el artículo 8.1. Aunque sólo sea para las páginas que vulneren derechos de propiedad intelectual. El hecho de que sea la Comisión de Propiedad Intelectual, hasta ahora integrada por destacados profesionales independientes, me parece acertado.

Si se prefiere un órgano judicial, deberá ser capaz de responder a la misma velocidad que funciona Internet. En la jurisdicción civil se tardan semanas, cuando no meses, en adoptar medidas cautelares. Y se adoptan cuando todo el daño que se pretendía evitar, ya se ha producido. Nuestra justicia es siempre lenta, y una justicia lenta es una injusticia de larga duración.

ÁLVARO IBÁÑEZ Del 'blog' Microsiervos, uno de las más populares de España

No hace falta una regulación adicional respecto a lo que ya existe. Lo que hay en el anteproyecto se lo podían haber ahorrado. Eso es lo que le dijimos a la ministra: "Retira esa propuesta de ley y deja lo que tienes. Si consideras que es lo suficientemente importante, haz lo mismo, con las mismas denuncias, pero mediante juicios rápidos". El Gobierno luego tendrá que sopesar si le interesa hacer juicios rápidos para un tema que en realidad acaba afectando a las empresas que se dedican a la distribución y a la copia, más que a los autores. Todo esto tendría que ir precedido de mucha formación y educación tanto a los jueces como a la gente que tiene que encargarse de este tipo de cosas.

LEONOR WATLING Actriz y cantante

Entiendo que en una sociedad donde la ética personal no parece regir la vida pública, pedirnos a los que pagamos una hipoteca que tengamos el autocontrol de no llevarnos cosas (cultura en este caso) que están desprotegidas y al alcance de la mano, sea imposible...

Los derechos de autor no se basan en un juicio de valor y no son un extra que se llevan los autores... es de lo que viven. Los efectos devastadores de las descargas ilegales afectan (que nadie se engañe) tanto o más a los creadores que se autoproducen precariamente como a los que son producidos por grandes corporaciones. Es una situación muy compleja, afortunadamente no es mi trabajo legislar, pero si lo es defender la necesidad de que se haga.

ANTONIO GUISASOLA Presidente de Promusicae, la patronal de las discográficas

El proyecto de ley presentado por el Gobierno es una solución parcial para parte del problema de la piratería. Se aleja de la línea que siguen países europeos como Francia y Reino Unido. El borrador olvida que más del 70% del tráfico no autorizado no se lleva a cabo en nuestro país directamente a través de programas P2P (de intercambio de archivos) o a través del alojamiento de los contenidos en servidores y enlaces directos. Llama la atención que aquí nos lancemos a una vía que otros países han rechazado.

Internet debe ser democrático y garantista, pero respetando los derechos de todos. Estamos asistiendo a un debate manipulado en el que la libertad de expresión se invoca para justificar la apropiación indebida del trabajo ajeno. Eso es mero oportunismo y caradura.

EMPRESARIO 'WEB' Portavoz de una conocida 'web' de enlaces a series de televisión

El anteproyecto que prepara el Gobierno es una aberración contra los derechos de los ciudadanos, además de inconstitucional. Si se aplicara llegaríamos a una situación en la que para cerrar una web que incluya pornografía infantil sí sería necesario pasar por un juez, mientras que páginas totalmente legales podrían cerrarse sin autorización judicial.

¿Alternativas? Me remito a Jorge Cortell

[empresario de Internet, crítico con la propiedad intelectual]: la vigencia de los derechos de autor se alarga cada día más. Esto no fomenta la nueva creación ni el acceso a la cultura, sino un parasitismo y concentración de dinero en unos pocos. Debería empezarse por un Gobierno que escuche al pueblo y no a las multinacionales.

RICARDO GALLI Creador de la 'web' de recomendaciones Meneame.net

La propiedad intelectual no es una característica natural de las obras intelectuales. No es equivalente a la propiedad física: los autores no deben poseer derechos absolutos sobre todo lo que se hace con sus obras de forma privada.

Propongo que se asuma el derecho de copia sin fines de lucro y se empiecen a explorar en serio otras formas de negocio. Si hay señores que están ganando dinero con las obras de terceros sin su autorización, que sean los jueces los que actúen, que se dote de más recursos a la justicia y que desarrollen mecanismos para facilitar la compensación adecuada. Las licencias obligatorias, por ejemplo, permitieron el crecimiento de la radio y la televisión. Por último diría a los artistas que dejen de ser meros espectadores de la lucha de sus amos y hagan como hizo el movimiento del software libre: producir cultura libre y asociarse con empresas que saben cómo hacer negocios sin limitar actividades privadas.

EDUARDO ARCOS Editor general del portal ALT1040.com

El Ministerio de Cultura, como muchas otras entidades gubernamentales de diferentes países, está convencido de que puede controlar Internet. Siempre que un Gobierno lo ha intentado ha fallado miserablemente.

El sistema legal debería aplicarse de la misma forma en el mundo real y en el virtual, pero resulta que el sistema legal no sigue los cambios que está originando Internet. La llamada piratería es inexistente, los piratas son personas que secuestran barcos.

¿Por qué tanto énfasis en el intercambio de archivos P2P en Internet si hay tantas personas vendiendo CD copiados en la calle?, ¿por qué criminalizar de antemano a personas que no han hecho nada ilegal? La solución requiere aportaciones de todos: el Gobierno, industria, creadores y consumidores. Yo empezaría por preguntarme qué quieren los consumidores y no qué necesita la industria.

MARIANO BARROSO Director de cine

Si el camarero no nos cobrara el desayuno, si el parking no tuviera barreras, si no hubiera cajeras en los supermercados, si las tiendas de electrodomésticos nos regalaran una lavadora cuando la necesitáramos, si la verdura, el pescado o el pan fueran gratis, si nadie cobrara por su trabajo... sería incomprensible que creadores se empeñaran en hacerlo. Hasta que llegue ese día, permítannos que sigamos defendiendo lo que es nuestro y exigiendo que la ley nos proteja como a cualquiera.

MARÍA GONZÁLEZ Secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE

Hemos dejado claro como partido que sólo vemos la opción de una autoridad judicial. El problema debe abordarse desde una perspectiva integral, que abarque los aspectos relativos a la justicia, la seguridad, la cultura y la industria. Somos partidarios de agilizar los trámites judiciales, pero para afrontar ese reto lo primero es tener una administración de justicia en condiciones.

En el caso de la música, por ejemplo, soy muy consciente de la importancia de la Red. He conocido muchos grupos por la Red y luego me he comprado sus discos y he ido a sus conciertos. Pienso que pueden conjugarse todos los derechos.

JOSÉ MARÍA LASSALLE Portavoz popular de Cultura del PP en el Congreso

La defensa en Internet de la propiedad intelectual necesita medidas legales consensuadas y eficaces, que busquen un equilibrio entre la protección de los derechos de los creadores y el disfrute en libertad de los derechos de los internautas. Se echa de menos un ejercicio de liderazgo por parte del Gobierno. España tiene que dar seguridad jurídica a sus industrias culturales y de contenidos. Sólo así podrá rentabilizar sus oportunidades. Debe hacerse con luz y taquígrafos y, en su caso, con medidas legales que, si implican sanción para los infractores de la propiedad intelectual, sean adoptadas judicialmente. No se puede defender la propiedad intelectual por la puerta falsa de una intervención administrativa.