Industria y Cultura pactan nuevas tarifas para el canon digital

El canon digital sigue vivo. Dos días antes de que se discuta en el Congreso una enmienda que propone su supresión, los ministerios de Industria y Cultura presentaron ayer la nueva lista de aparatos y soportes sujetos a la remuneración por copia privada y la cantidad que pagarán. Por un lado, se rebaja la tarifa de los CD y DVD vírgenes alrededor del 20%, y casi el 50% la de las grabadoras de CD y DVD. Por otro, entran en la lista los lápices de memoria USB (0,30 euros), los reproductores multimedia (3,15 euros) y los teléfonos móviles con función MP3 (1,5 euros), tal y como publicó este diario el 20 de octubre. El ministro de Cultura reconoció ayer que falta el visto bueno de Economía. Los citados ministerios han elaborado la lista ante la falta de acuerdo entre el sector privado.

La lista llega en medio de la polémica y con año y medio de retraso

Industria y Cultura han optado por aplicar tarifas fijas en lugar de baremos según la capacidad de copia o almacenamiento. También han creado un canon de 12 euros sobre las "unidades autónomas de almacenamiento" (o discos duros externos). La norma excluye los discos duros de ordenador, como establecía la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobada en el Congreso en 2006.

La orden sobre el nuevo canon no será retroactiva. Es decir que las tarifas que se han aplicado provisionalmente desde la reforma de la LPI son válidas hasta el 15 de enero, cuando deberán aplicarse las nuevas, una vez se publiquen en el BOE, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esta lista llega con un año y medio de retraso y envuelta en la polémica. Mañana se vota en el Congreso la enmienda del Senado apoyada por el PP que propone modificar la LPI en un año para eliminar el canon. Las plataformas contra el canon han recogido más de un millón y medio de firmas. Lourdes Muñoz, diputada socialista, aseguró que su partido "será coherente. Aprobamos una ley y ahora la cumplimos, incluso con rebajas".

La polémica viene de lejos. Empezó en julio de 2003 cuando seis entidades de gestión, entre ellas la SGAE, y la asociación de fabricantes Asimelec pactaron un canon sobre CD y DVD vírgenes. El canon no es un impuesto, no lo cobra la Administración. Es una compensación que cobran los autores por la pérdida de ingresos que supone la copia privada. Lo pagan los fabricantes, aunque lo repercuten al consumidor, autorizado a copiar para su uso obras bajo copyright. Asimelec ve positivo el inicio del trámite administrativo del canon, pero "creemos que necesita ajustes técnicos", aseguró su director general, José Pérez. La asociación de empresas tecnológicas (Aetic) considera "anacrónico y estrafalario" el canon, "que sólo está presente en el 6% de los países del mundo".

De los países comunitarios, 20 aplican el canon. Las diferencias están en las tarifas y aparatos sujetos a la remuneración. Unas diferencias que llevaron a la Comisión Europea a estudiar su sustitución por sistemas de gestión de derechos digitales, mediante el control de las copias, pero finalmente no prosperó. Los ministros de Industria y Cultura, Joan Clos y César Antonio Molina, afirmaron que es "una solución de máximo consenso". "Si se suprime debería desaparecer la copia privada", puntualizó Molina. Otros discrepan. Por ejemplo, el director de Vodafone, Francisco Román, lo ve absurdo porque desde el móvil se descarga música legal.

Las asociaciones de internautas también rechazan las tarifas. La AUI critica que el Gobierno ceda a las presiones de los creadores "desoyendo a los ciudadanos" y la AI pedirá al Defensor del Pueblo que recurra el canon ante el Constitucional en el caso "improbable", de que prospere la orden. Víctor Domingo, su presidente, cree que el Consejo de Usuarios y Consumidores se opondrá. La norma no exime del canon a quienes emplean los soportes digitales para almacenar documentos que no son obras de autor, como autos judiciales. Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, ue reúne a autores y editores de textos, lo defiende. CEDRO ve ampliada su participación en los ingresos sobre soportes digitales que antes no percibía aunque muestra su perplejidad porque las impresoras siguen exentas.