El Gobierno del PSOE renuncia a desarrollar la 'ley Sinde'

El Gobierno no desarrollará el reglamento de la ley Sinde, que permitiría el cierre de páginas web que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. Así de tajante se mostró anoche un portavoz del Consejo de Ministros sobre el futuro de la norma antidescargas, una de las más polémicas de la historia reciente. La patata caliente queda por tanto servida en el plato del nuevo Gobierno del Partido Popular. A nadie se le escapa, y mucho menos a los miembros del PP que están pilotando la transición de poderes, que este, un proyecto legislativo que provoca un fuerte rechazo popular, sabrá a regalo de bienvenida envenenado al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La oportunidad de aprobar el reglamento en el penúltimo Consejo de Ministros se dejó pasar ayer. Y tampoco se prevé aprovechar el último, convocado para el viernes que viene. Ahora queda en manos del PP. La norma superó en febrero el trámite del Senado gracias al apoyo de los populares y de CiU, tras el severo tropezón sufrido en vísperas de la Navidad pasada, cuando fue tumbada en el Congreso. El reglamento debía venir a aclarar uno de los puntos de la discordia: la composición de la Comisión de la Propiedad Intelectual encargada de recibir las quejas de particulares por vulneración de los derechos de autor y solicitar el cierre de las webs.

A nadie se le escapa que este proyecto legislativo genera un fuerte rechazo

La norma se aprobó en el Senado con el apoyo de los populares y CiU

El día había comenzado con el anuncio de Ramón Jáuregui de que el borrador del reglamento se estudiaría en el Consejo de Ministros. Al conocerse la noticia, las redes sociales quedaron inmediatamente soliviantadas y blogueros de renombre como Julio Alonso se opusieron inmediatamente con elaborados textos en contra de la ley Sinde. "Los Gobiernos van y vienen. La Red resiste", sentenció. La sorpresa llegó cuando José Blanco explicó, al término del Consejo, que el reglamento, que ya amagó con aprobarse la semana pasada, había quedado "encima de la mesa".

El eufemismo escondía la realidad de una discusión en la que, según fuentes conocedoras de lo sucedido, la ministra de Cultura quedó "sola" en su defensa de la norma. Se opusieron a su aprobación varios titulares de los ministerios a los que afectaría la ley, como Industria, Justicia o Interior. Y se dudó de la conveniencia de desarrollar una legislación impopular en los estertores de un Gobierno tan castigado por los resultados de las elecciones del 20-N. También se afeó a Jáuregui la precipitación en hacer el anuncio.

Ángeles González-Sinde había reconocido en conversación telefónica esta misma semana que la aprobación dependía a estas alturas del acuerdo entre los encargados de la transición: Ramón Jáuregui y Soraya Sáenz de Santamaría, del PP, que, por razones obvias, se habría mostrado especialmente interesada en el éxito de este trámite.

Lo sucedido ayer sonó a enésimo e inesperado volantazo en el viaje de una ley que echó a andar hace dos años en medio de una fuerte contestación popular canalizada en la Red a través de iniciativas como el Manifiesto en defensa de los derechos de Internet. Muchos acusaron entonces al Ministerio de Cultura de taimada la maniobra de tratar de colar una norma importante camuflada de disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible.

Tras una accidentada sucesión de varapalos parlamentarios, fallidas reuniones con internautas en sede ministerial y la dimisión de Alex de la Iglesia como presidente parlamentario consecuencia de un debate agriamente aireado en la Red, la norma quedó aprobada en el Senado y pendiente de un desarrollo reglamentario que parecía fácil y que quedó pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que se aprobó al fin el 24 de noviembre.

Pero una vez más, la ley Sinde tendrá que esperar.