EE UU afeó a Zapatero la decisión de no aprobar la 'ley Sinde'

El embajador de Estados Unidos en Madrid expresó el 12 de diciembre por carta el enfado de su país por la decisión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el penúltimo Consejo de Ministros de su mandato, de no aprobar la llamada ley Sinde. En una misiva enviada a La Moncloa, Alan Solomont muestra su "profunda preocupación" por la no aprobación del reglamento de la norma que persigue la descarga sin autorización en Internet de contenidos protegidos por derechos de autor. "El Gobierno por desgracia ha fracasado a la hora de terminar el trabajo debido a razones políticas, en detrimento de la reputación y la economía de España", reza la misiva a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El embajador Alan Solomont envió una carta conminatoria a La Moncloa

La Casa Blanca tutela la legislación 'antipiratería' española desde 2007

El representante de EE UU lanza además amenazas nada veladas. Solomont recuerda que España ya figura en la Lista Especial 301, el índice en el que el Departamento de Comercio del país norteamericano apunta a los países proscritos por su mala gestión en la defensa de la propiedad intelectual. Pero el embajador va más allá y advierte que España podría ser "degradada" todavía más y volver a formar parte del grupo de "vigilancia prioritaria" (del que salió el pasado mayo), la auténtica lista negra de "los peores violadores globales de los derechos de propiedad intelectual", en palabras de Solomont. Pertenecer a ese club puede acarrear graves sanciones comerciales.

"El Gobierno de España adquirió compromisos ante los dueños de los derechos y ante el Gobierno de Estados Unidos. España no puede permitirse ver cuestionada su credibilidad sobre este asunto", afirma Solomont y añade: "La rampante piratería en Internet daña la economía de España y sus industrias culturales".

La legación estadounidense remitió sendas copias de esta misiva a cuatro miembros del Gabinete de Zapatero: a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; al de Interior, Antonio Camacho; al de Justicia, Francisco Caamaño, y al de Industria, Miguel Sebastián.

Diez días antes de producirse esta correspondencia, en el penúltimo Consejo de Ministros, Zapatero decidió por sorpresa (y contradiciendo lo anunciado aquella mañana por su ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui) no aprobar la controvertida norma. El expresidente llegó a fundamentar su decisión en la elevada "contestación" registrada en la redes sociales de Internet en vísperas de la reunión ministerial y en las propias divergencias de parecer que surgieron entre varios miembros del Ejecutivo.

El embajador Alan Solomont, consciente de que todavía había tiempo para que la norma viera la luz bajo la Administración de Rodríguez Zapatero, conmina al presidente a la aprobación de la medida: "Animo al Gobierno de España a implementar la regulación de la ley Sinde de manera inmediata para salvaguardar la reputación de España como un país innovador que hace lo que dice que hará y como un país que engendra confianza".

Zapatero prestó atención a las protestas en Internet pero osó desoír la tajante advertencia de Washington, porque la ley Sinde tampoco vio la luz en el último Consejo de Ministros socialista, celebrado el día 16 de diciembre. Finalmente los deseos de EE UU fueron satisfechos por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que aprobó el reglamento de aplicación de la norma el 30 de diciembre. Ese mismo día trascendió a los medios una carta del presidente de la Cámara de Comercio de EE UU en España en la que urgía a Rajoy a que aprobara la ley Sinde.

El papel tutelar de EE UU en el desarrollo de la legislación antipiratería de España, al menos desde 2007, quedó confirmado en diciembre de 2010 con la publicación por parte de EL PAÍS de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. En ellos se mostraba que Washington había ejecutado un plan para conseguir una ley antidescargas a la medida de su industria.

El minucioso proyecto de la Casa Blanca pasaba por influir en el Gobierno y en partidos políticos; y también por encuentros con representantes de las sociedades de gestión de derechos de autor y con los grupos de presión de la industria cultural. La correspondencia diplomática de la legación de Madrid reveló incluso una estrecha colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para la elaboración de un listado de webs piratas.

Los telegramas diplomáticos mostraban además el acuerdo de fondo del PP con la estrategia antipiratería y las gestiones de ministros y altos cargos del Ejecutivo socialista para que la Embajada de EE UU presionará a PP, CiU y PNV con el fin de allanar el trámite parlamentario de la norma.