Defensa levanta el velo de la historia

El Ministerio de Defensa ha ultimado la mayor operación de desclasificación de documentos secretos de la etapa democrática. El objetivo de esta medida es poner a disposición del público unos 10.000 informes fechados entre 1936 y 1968 que se guardan en los archivos militares y que, pese a su interés histórico, no pueden ser aún consultados por estudiosos e investigadores debido a que siguen legalmente clasificados.

Tras varios años de análisis, la ministra de Defensa, Carme Chacón, elevó en octubre pasado al Gobierno una propuesta de desclasificación en bloque de estos documentos -técnicamente, cancelación de la clasificación-, cuya divulgación, adelantada anoche por la Cadena Ser, ya no representa una amenaza para la seguridad nacional o la defensa del Estado ni vulnera la intimidad de las personas. La propuesta quedó aparcada debido a la inminencia de las elecciones, pero las fuentes consultadas subrayan que el trabajo ya está hecho y corresponderá al próximo Gobierno decidir si da luz verde a su difusión.

Los informes ya no afectan a la seguridad nacional, según los expertos

El acceso depende ahora de la buena voluntad de los jefes de los archivos

El Ejecutivo aparcó en octubre el procedimiento por las elecciones

Entre los miles documentos listos para ser conocidos figuran, por ejemplo, boletines de radioescuchas, actividades clandestinas y emisiones de Radio España Independiente (1946-68), espionaje, actividades inglesas y americanas (1944-1945), repatriación y licenciamiento de las unidades expedicionarias de las provincias de Ifni y Sáhara (1956-1968), procedimientos por masonería (19401945), los planes de defensa de los Pirineos (1939-55), las dotaciones de los buques de guerra italianos y alemanes en puertos españoles (1940-46) o entregas de material aéreo por EE UU (1955).

En España no existe, como en la mayoría de los países occidentales, un mecanismo periódico de revisión y desclasificación de documentos, por lo que el sello de secreto se convierte en un cerrojazo casi perpetuo. El reglamento de la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales, de 1968, preveía que las mismas autoridades (militares) que podían clasificar documentos determinaran su reclasificación o desclasificación, "a los efectos de evitar la acumulación excesiva de material calificado". Esta previsión nunca se ha puesto en práctica, lo que ha producido la anunciada acumulación.

Se da la circunstancia de que los informes secretos están depositados en archivos militares, cuya principal función, además de la propia conservación de los documentos, es facilitar su libre acceso y consulta por parte de ciudadanos e investigadores, según la Ley del Patrimonio Histórico Español. En la práctica, la posibilidad de consultar estos documentos depende de la buena voluntad de los responsables de los archivos, lo que da lugar a una notable inseguridad jurídica, cuando no arbitrariedad. Además, muchos documentos no están clasificados uno a uno, sino de modo genérico, lo que añade incertidumbre.

Para poner fin a esta indefinición y desatascar el problema, Defensa ha preparado la desclasificación de aquellos bloques o materias que no incluirían documentos individuales que puedan afectar a la seguridad del Estado. Aun así, el acuerdo preparado para el Consejo de Ministros preveía un plazo de tres meses para identificar los documentos y ponerles el correspondiente sello de desclasificado antes de su libre consulta.

En total, los documentos afectados por el acuerdo -que Defensa reconoce que no puede cuantificar con exactitud, pero cifra en unos 10.000- se agrupan en 41 bloques referidos, entre otros temas, a la organización y despliegue de unidades del Ejército durante la Guerra Civil; campos de concentración, batallones de trabajo, arrestos, denuncias, deserciones; documentación de las Fuerzas Militares en Marruecos, política en el protectorado español, información de las zonas española, francesa y cabilas; documentación de la Armada de los dos bandos de la Guerra Civil o en la Segunda Guerra Mundial, etc

La mayoría están dispersos en los ocho archivos históricos de los Ejércitos y 17 archivos intermedios, correspondientes a los cuarteles generales y las circunscripciones militares, a los que ha venido a sumarse el recién creado Archivo General e Histórico de la Defensa.

La desclasificación en bloque supone, en todo caso, una solución parcial, a la espera de que una reforma de la ley de secretos oficiales o una nueva ley de transparencia informativa fije un procedimiento reglado con vistas al futuro.