De la dignidad a la mano dura: los giros en materia migratoria de la congresista María Elvira Salazar

En la convención republicana en Milwaukee hace unas semanas un desliz pasó desapercibido durante un panel sobre la importancia del voto latino en Estados Unidos con dos representantes a la Cámara, Mónica de la Cruz, de Texas, y María Elvira Salazar, del distrito 27 de Florida, en el sur de Miami. Era una charla de campaña rutinaria. Pero en medio de la conversación de casi 40 minutos, cuando se discutía el tema de la migración, Salazar dijo enérgicamente: “Aquellos que acaban de entrar y pertenecen al Tren de Aragua, deberíamos matarl... deberíamos agarrarlos del pelo y sacarlos a patadas”. La rápida autocorrección dejó el incidente en una anécdota, pero esos pocos segundos de la charla reflejan los constantes cambios en el discurso migratorio que la congresista debe hacer para, por un lado, estar en línea con la retórica más agresiva del partido —dictada directamente y sin tapujos por el expresidente y candidato Donald Trump— y, por otro, demostrar algo más de moderación para apelar a sus electores, mayoritariamente latinos y migrantes.

No es que no haya apetito para la mano dura entre los votantes latinos del país, ya que no son pocos los que apoyan las medidas de Trump. Y la ya recurrente apelación de Salazar a importar el bukelismo para lidiar con el crimen organizado busca sacar rédito de la popularidad de las estrategias autoritarias —y presuntamente violadoras de los derechos humanos— del presidente salvadoreño entre la derecha latinoamericana. Pero no siempre ha sido así. Hace poco más de un año, María Elvira Salazar fue la principal auspiciadora de una gran propuesta de ley bipartisana para reformar la legislación migratoria del país. La propuesta refuerza la frontera intensamente, pero también abre la puerta a regularizar los 11 millones de inmigrantes ilegales. Ahora mismo la ley sigue en el Congreso. Se conoce como la Dignity Act o Ley Dignidad.

Solo el lenguaje ya es muy diferente al que domina el discurso republicano alrededor de la migración. En la ley se habla de compasión y dignidad de los migrantes, no de deportaciones masivas o acusaciones falsas de la supuesta criminalidad de los migrantes. Pero también es diferente en el fondo. La propuesta de ley fue redactada junto con otros congresistas demócratas, es una propuesta de consenso. Similar a la ley que negociaron arduamente en el Congreso los dos partidos entre los pasados noviembre y febrero, que juntaba la ayuda a Ucrania e Israel con una reforma migratoria, solo para ser rechazada en el último momento por orden expresa de Trump. Mantener la crisis migratoria viva es importante para su campaña electoral; además, en medio de una elección presidencial histórica y sangrienta como pocas, no se conversa ni se negocia con el adversario. Ahora, el hecho de ser “bipartisana”, etiqueta que se lanzaba con orgullo cuando se presentó la Dignity Act no se menciona con el mismo ímpetu, si es que se menciona.

La propuesta de ley, que tiene pocas probabilidades de pasar en el futuro cercano, se vende como una solución comprensiva y duradera para reformar la actual legislación migratoria. Tiene cuatro ambiciosos enfoques principales: acabar con la inmigración ilegal “de una vez por todas”, dar dignidad a la “gente viviendo en las sombras”, proteger a los trabajadores estadounidenses y apoyar la industria nacional, y crecer la economía.

La primera parte incluye un presupuesto de 25.000 millones para asegurar la frontera, la renovación de la tecnología e infraestructura y el refuerzo del personal fronterizo. También propone un sistema para procesar los casos de asilo en 60 días en centros especializados ubicados en los puertos de entrada. Y todo esto se pagaría, dice la propuesta, con los mecanismos incluidos en la siguiente parte de la ley, esa de dar dignidad a la “gente viviendo en las sombras”. Esto consiste en ofrecer a los 11 millones de inmigrantes indocumentados la posibilidad de regularizar su situación con un programa de siete años durante el cual tendrían estatus legal temporal, podrían trabajar regularmente, pagar impuestos pero también estarían obligados a desembolsar una cuota extraordinaria de “restitución” de 5.000 dólares. No tendrían derecho a ningún programa de ayudas federal, pero después de los siete años podrían entrar a otro programa adicional de cinco años, llamado “Redención”, tras el cual podrían conseguir ser elegibles para la ciudadanía, después de haber aprendido inglés, civismo nacional y haber hecho trabajo comunitario.

A pesar de ofrecer “dignidad”, no es una propuesta generosa con los inmigrantes, y algunos críticos han dicho que les exige demasiado. Pero tampoco sigue la línea de Trump, que aboga por “la mayor deportación de la historia”. Durante la conversación durante la convención del partido, Salazar buscó, precisamente, un punto medio cuando hablo de la propuesta de ley. La idea de otorgar “dignidad” seguía presente, pero la caracterización de los migrantes ilegales sí se acercaba más a la que domina el discurso republicano en la actualidad. También aseguró que la ley no daba la posibilidad de ciudadanía, cuando eso no es verdad: sí da la posibilidad, aunque después de un proceso muy largo, arduo y caro.

Luego, Salazar produjo un momento de realpolitik sin caretas hablando de las políticas migratorias de Trump: “A veces esas son retóricas que dices cuando estás en campaña, pero que cuando llega el momento de gobernar pueden no suceder”. Y enseguida enunció claramente el argumento económico que expone que esos trabajadores se necesitan para mantener la economía a flote, yendo en contra de la línea del partido que asegura que los migrantes le “roban” los trabajos a los estadounidenses. Este periódico contactó con la oficina de la congresista Salazar, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.

La política migratoria es central en el mensaje electoral de Trump, como siempre lo ha sido, y obliga a su partido a renunciar al consenso y defender medidas extremas. Entre estas están algunas muy conocidas, como construir un muro en la frontera, deportar a millones de inmigrantes ilegales, perseguir intensamente a los criminales que trafican personas o acabar con el derecho por nacimiento a la ciudadanía, el “birthright citizenship”.

Esto último es particularmente espinoso para Salazar, hija de cubanos nacida en Florida, y también muchos otros republicanos latinos que se han beneficiado de este derecho. Nunca se ha pronunciado abiertamente a favor de la propuesta, pero tampoco en contra. Para los republicanos latinos que este noviembre luchan por un escaño en el Congreso en circunscripciones mayoritariamente latinas, como Salazar, la ambivalencia es la estrategia del momento.