Trump mantiene la inmigración ilegal como eje de su campaña contra Biden

La inmigración ilegal es uno de los problemas que más preocupan a los estadounidenses. Se ha convertido, también, en el argumento estrella de la campaña de Donald Trump para volver a la Casa Blanca. Trump ya usó con éxito la inmigración como eje de su campaña en 2016, pero tras el récord de cruces fronterizos del mandato de Joe Biden, ha redoblado su apuesta. Mientras mantiene su retórica xenófoba y autoritaria, los republicanos han rechazado la semana pasada por segunda vez en el Senado una ley para reforzar la frontera. A menos de seis meses de las elecciones, prefieren cabalgar a lomos del problema que poner medios para solucionarlo.

Los demócratas alcanzaron en febrero un acuerdo con parte de los senadores republicanos para sacar adelante un paquete de unos 20.000 millones de dólares para luchar contra la inmigración ilegal. En aquel momento iba ligada a la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán y de hecho, el paquete fronterizo había sido una exigencia republicana. Sin embargo, antes de que se votase, Trump se movilizó para que lo boicotearan. Aunque los demócratas tienen el control del Senado, se necesita una mayoría reforzada en una votación de procedimiento para dar vía libre a la gran mayoría de las leyes. Sin los votos republicanos, la norma quedó aparcada.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, decidió volver a la carga la semana pasada, no tanto porque tuviera esperanzas en un cambio de opinión de los republicanos como para que estos quedasen retratados con su rechazo. “Hemos dado a los republicanos una segunda oportunidad para mostrar cuál es su postura”, dijo Schumer tras la votación. “¿Quieren arreglar esta supuesta emergencia o quieren mostrar lealtad ciega al anterior presidente incluso cuando saben que está equivocado?”, añadió.

En la votación del jueves pasado, la mayoría de los demócratas del Senado apoyaron de nuevo la votación de procedimiento para iniciar el debate sobre el proyecto de ley de fronteras, pero todos los republicanos, menos la senadora por Alaska Lisa Murkowski, votaron en contra. “Nos acercamos al final del mandato del presidente Biden, y la paciencia del pueblo estadounidense ante su incapacidad para asegurar la frontera sur se está agotando”, dijo el jueves el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

El presidente se quejó a través de un comunicado: “A los republicanos del Congreso no les importa proteger la frontera ni arreglar el sistema de inmigración de Estados Unidos. Si les importase, habrían votado a favor del control fronterizo más estricto de la historia. En lugar de eso, hoy han antepuesto la política partidista a la seguridad nacional de nuestro país”, indicó Biden. “Al bloquear el acuerdo fronterizo bipartidista, los republicanos en el Congreso han dicho no a la legislación que contrataría más agentes de la Patrulla Fronteriza, añadiría más jueces de inmigración y funcionarios de asilo para procesar los casos en meses y no años. Han dicho no a la nueva tecnología para detectar y detener la entrada de fentanilo en Estados Unidos, y no a los recursos para perseguir a los narcotraficantes. Han rechazado un acuerdo que me otorgaría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar temporalmente la frontera cuando el sistema se vea desbordado”, añadió.

La ley habría destinado más de 20.000 millones de dólares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos. Incluía fondos para las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida. Además, introducía una modificación legal que habría permitido a Biden devoluciones en caliente, suspendiendo las normas de asilo al superarse ciertos umbrales en el flujo de entradas. La legislación permite a los inmigrantes solicitar asilo, independientemente de cómo lleguen, y llegan en tal cuantía que desborda la capacidad de un sistema de inmigración infrafinanciado. Eso permite en la práctica que los inmigrantes se instalen mientras sus casos se demoran durante años. La ley habría activado la repatriación inmediata de migrantes al superarse los 4.000 cruces ilegales diarios de media durante una semana.

El Gobierno de Biden ha introducido algunos cambios en el sistema de asilo para acelerar la tramitación y posible expulsión de los inmigrantes. Además, está analizando la posibilidad de aprobar un decreto con algunas medidas para dificultar el paso de inmigrantes o facilitar su expulsión. Entre las medidas que está estudiando figura la de invocar las facultades previstas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de determinados inmigrantes si ello fuera “perjudicial” para el interés nacional.

Trump recurrió repetidamente a esa norma durante su mandato, incluida su polémica prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana, que Biden revocó nada más tomar posesión. El Gobierno de Biden analiza si se puede aplicar esa disposición a través de una orden ejecutiva al superarse cierto número de cruces ilegales, en línea con la disposición que incluía la ley propuesta. Pero si no se modifica la ley, cualquier decreto contra los cruces fronterizos puede ser impugnado ante los tribunales.

El expresidente promete medidas mucho más contundentes en sus mítines de campaña y en las entrevistas que ha concedido. Se refiere a los inmigrantes como “criminales” y “terroristas” y ha prometido deportaciones masivas, empleando incluso a los militares si fuera necesario. En una entrevista reciente con la revista Time, al preguntarle si estaría dispuesto a saltarse la ley que prohíbe usar a los militares contra civiles, contestó: “Bueno, estos no son civiles. Son personas que no están legalmente en nuestro país. Esto es una invasión de nuestro país. Una invasión como probablemente ningún país ha visto antes. Están llegando por millones. Creo que tenemos 15 millones ahora. Y creo que tendremos 20 millones para cuando esto termine”. En algún mitin, Trump ha llegado a decir que a los inmigrantes indocumentados “no se les puede llamar personas”.

Al repreguntarle de nuevo si se veía usando a los militares para ello, dijo: “Me veo usando la Guardia Nacional y, si es necesario, tendría que ir un paso más allá. Tenemos que hacer lo que sea para detener el problema que tenemos.(...) Sí, hay que hacer lo que hay que hacer para detener el crimen y para detener lo que está ocurriendo en la frontera”. En esa misma entrevista rechazó descartar que vaya a crear campos de detención o concentración de inmigrantes. “Es posible que lo hagamos hasta cierto punto, pero no deberíamos tener que hacerlo mucho”, dijo, alegando que la expulsión sería rápida y no serían necesarios esos campos.