Organizaciones de derechos humanos demandan a Biden por la orden ejecutiva que blinda la frontera

Comienza la batalla judicial contra la polémica orden ejecutiva de Joe Biden. La Unión de Libertades Civiles, la ACLU, ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana. El litigio no es una sorpresa. La organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales. “Estas acciones frenarán de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”, aseguró el grupo en un comunicado.

Como han repetido varios expertos en migración desde que Biden anunció la medida, ACLU subraya que la orden ejecutiva tiene ecos en las medidas implementadas por Donald Trump durante su administración. Las organizaciones destacan en especial el decreto del exmandatario republicano que prohibió el ingreso al país a seis países musulmanes. ACLU recuerda que los activistas de los derechos humanos de los inmigrantes tuvieron éxito en la demanda contra aquella medida.

“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.

El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.

Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.

La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.

El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.

Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.

“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.