El jardinero que va al trabajo o el novio que vuelve a casa: la normalidad arrasada de los migrantes detenidos por el ICE

Fermino Sánchez Hernández no había tenido problemas con la justicia desde que llegó a Estados Unidos hace cuatro años desde México, pero eso no bastó para que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se lo llevaran. Hace unos días salió de su casa en Freehold, New Jersey, para ir a su trabajo como jardinero. Iba caminando por la acera, eran casi las siete de la mañana. “De repente salieron de la nada dos personas, le preguntaron su nombre, le pidieron identificación y al decirles que no tenía, lo arrestaron”, cuenta Roxana, su familiar.

Al joven de 28 años lo trasladaron al Centro de Detención de Elizabeth, donde alguien lo vio arrinconado, sin apenas hablar y le insistió para que llamara a algún familiar. Fermino, que apenas domina el español, sino el tzotzil, una lengua propia de su natal Chiapas, agarró el teléfono y llamó a Roxana para avisarle que había sido detenido por ICE. En su siguiente llamada le contó que había sido trasladado a un centro de detención de Louisiana, porque la prisión de Elizabeth estaba atestada de reclusos.

La última vez que Roxana escuchó la voz de Fermino sonaba afligido e impaciente. Le comentó incluso que quería firmar su propia deportación a México. “Está desesperado, dice que no les dan de comer, solo una sopa de vaso o una galleta en todo el día, dice que no aguanta, que eso ahí dentro es feo”.

Hace unas semanas que esas llamadas telefónicas se han vuelto una agonía en la vida de Jessica Acosta Sánchez. Siempre tiene miedo de lo que puedan decir del otro lado. Varias noches atrás, Jessica respondió exaltada a la llamada de su pareja. Quiso saber en poco más de un minuto, el tiempo apretado e inmenso de un detenido, cómo estaba él, qué le decían y desde dónde llamaba, sobre todo en qué lugar se encontraba en ese momento.

—Es desesperante imaginar que la próxima llamada sea desde Cuba.

Pero esa llamada de Juan Manuel Fernández Ramos, de 30 años, fue desde un centro de detención en Houston, a donde llegó en la madrugada, esposado, como parte de un grupo de más de cien detenidos. Lo habían subido a un avión en Florida y, solo cuando aterrizó, le confirmaron que estaba en Texas.

Cuando hizo su llamada anterior, Juan Manuel estaba en el Centro de Procesamiento de Krome, una cárcel localizada en Miami y operada por ICE. Hasta allí lo condujeron las autoridades después de presentarse ante la Corte. Había sido multado por exceso de velocidad en febrero, cuando manejaba a solo tres minutos de su casa en Tampa. También arrastraba una sanción por conducir después de haber bebido alcohol.

La pareja llegó hace tres años a Estados Unidos, ella en una travesía por Centroamérica hasta la frontera, él en una balsa en la que navegó 90 millas por el Estrecho de la Florida. Todo estaba bien, o al menos eso creían. Ella trabajaba una factoría. Él era repartidor de un supermercado de la cadena Costco. Pensaban casarse, ya habían puesto la primera firma. Pero nunca se imaginaron así: él detenido por ICE y ella pidiendo ayuda para reunir los 15.000 dólares que le cobra un abogado por representarlo.

La primera vez que la llamó desde Krome, Juan Manuel le contó que él y otros detenidos estaban pasando la noche en el exterior del centro de detención, porque no había capacidad para ellos en medio de la oleada de arrestos que desde inicios de año desató la administración de Donald Trump, cuando declaró una “emergencia nacional” y su cruzada inmediata contra los migrantes indocumentados del país.

Desde la llegada del republicano al poder, las detenciones en todo los Estados Unidos han aumentado notablemente, alcanzando la cifra de unas 23.000, según datos de ICE. A finales de enero las detenciones eran de 872 personas al día y en febrero de poco menos de 600, frente a las 255 personas que eran detenidas diariamente durante la administración de Joe Biden. Hoy hay casi 42.000 personas bajo custodia de ICE, 4.000 más que antes de la llegada del nuevo Gobierno a la Casa Blanca, algo que ha hecho colapsar los centros, que alcanzaron el 109% de su capacidad.

Los detenidos de Trump no tienen un rostro específico, cualquiera puede ser el próximo arrestado: el padre que va a buscar a sus hijos a la escuela, el vecino que está subiendo al auto, la mujer que sale a caminar. El presidente aseguró que comenzaría con el arresto de criminales, de “asesinos” y “violadores” en el país, pero los datos muestran un panorama diferente. Muchos de los delitos que cometen los indocumentados, como conducir bajo los efectos del alcohol o las multas de tráfico, son considerados leves. Casi el 90% de los inmigrantes de este tipo en Estados Unidos no tienen antecedentes penales, y los arrestos a personas sin cargos aumentó del 6 al 16% a mediados de enero. El abogado Jonathan Shaw asegura que se está viviendo algo “histórico”, algo que nunca había visto en sus años de defensa a migrantes ante el sistema judicial.

“Durante las últimas seis semanas hemos visto que ha sido diferente. Normalmente, bajo las administraciones de Barack Obama y Biden se llevaban a cabo arrestos, pero tenían identificadas a las personas, gente que quizás cometió muchos delitos en el país, pero ahora es distinto. Antes había un propósito de proteger a las comunidades, ahora estoy observando que los oficiales están tratando de cumplir con las cuotas, con esa presión que tienen por parte de la Casa Blanca de tener un número muy alto de arrestos”, dice el letrado.

A Shaw, por ejemplo, le ha tocado en las últimas semanas defender dos casos de personas detenidas sin ningún tipo de antecedentes penales: una familia que fue deportada a Colombia, luego de que el padre se presentara en una Corte de inmigración y fueran a por la madre y el hijo a la escuela del pequeño. También menciona el caso de un emigrante venezolano en Utah, a quien los agentes de ICE le tocaron la puerta de la casa y le dijeron que debía ser arrestado por cargos de venta de droga, aun cuando no había registros de ello en todo el sistema criminal. El joven pudo ser sacado de prisión bajo fianza.

Juan Manuel no ha tenido esa suerte. En otra de sus llamadas, llegó a decirle a Jessica que si ha aguantado esta detención es porque no quiere regresar a Cuba. “Él nunca se imaginó que iba a pasar por este proceso, siempre pensó que iba a resolver sus papeles, que se iba a legalizar”.

Una de las últimas veces que hablaron, Juan Manuel le dijo que si aún tiene fuerzas es porque sabe que ella lo está esperando. Pero es duro. Lo tuvieron esposado por varios días, “como si fueran asesinos, violadores, criminales”, dice Jessica. “Me decía: tengo las manos hinchadas, no me han dejado bañarme, tengo granos en la cara, apenas nos han dado alimentos”.

También le contó que en Krome unos oficiales se le acercaron para que firmara una deportación voluntaria a Cuba, pero no lo hizo. “Me dijo que todos los días iba un oficial para que firmara una orden voluntariamente y se deportara, pero le dijimos que no firme ningún documento, menos si es en inglés y que no lo entienda, porque lo pueden engañar”, dice Jessica.

Ni Trump ni Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, están particularmente contentos con la cantidad de emigrantes deportados a su países, a un ritmo mucho menor del que tenían en mente. Aunque las detenciones han aumentado en el último mes, el número de deportaciones sigue siendo hasta hoy menor que los de la anterior Administración demócrata. En el último mes las cifras muestran un total de 18.000 personas deportadas, un promedio de 600 personas al día frente a los más de 750 de la era Biden.

A pesar de que algunos puedan sentirse presionados para firmar su deportación, el abogado Shaw insiste en que es importante que las personas detenidas “no firmen un documento sin entender qué es”. “Están tratando de mostrarlo como una deportación normal, común y corriente, por eso es importante que no firmen documentos sin hablar con un abogado primero”. También explica que, dependiendo del caso, hay muchos recursos legales a los que los detenidos pueden apelar, como ser elegible para un proceso de fianza, valorar si tiene un caso viable de asilo o es posible la cancelación de la deportación.