De Guantánamo a Delaney Hall: la Administración Trump aumenta la capacidad de los centros de detención para acelerar la deportación

El golpe de efecto fue Guantánamo, pero en el tablero de la política migratoria de Estados Unidos se mueven otras fichas para sortear el obstáculo operativo que supone el internamiento de decenas de miles de personas necesario para llevar a cabo la mayor deportación de la historia, la gran promesa de campaña de Donald Trump. Su Administración ha anunciado en la última semana la reapertura de algunos de los centros de detención de migrantes más grandes del país, de Texas a Nueva Jersey, mientras que también se han reportado planes de adecuar y expandir varias bases militares en lugares estratégicos del país para albergar personas en espera de expulsión. Cuando Trump todavía no supera el promedio de deportaciones mensuales de su antecesor, Joe Biden, la expansión de la cantidad de camas disponibles para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (más conocido como ICE, por sus siglas en inglés) presagia una nueva etapa en el plan de deportación masiva.

Tan solo dos semanas después de asumir como presidente por segunda vez, Trump y su equipo en materia migratoria —liderado por el zar de la frontera, Tom Homan, y el asesor senior de la Casa Blanca Stephen Miller— se estrellaron de frente con una realidad que suponía un freno de facto a sus planes de empezar a consumar la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados: ICE sencillamente no tiene suficiente espacio para mantener a tantas personas en proceso de deportación. Para los primeros días de febrero ya estaban dejando en libertad a cientos de personas porque los centros de detención de las autoridades migratorias, descritos como inhumanos por organizaciones defensoras de los migrantes, estaban al 109% de capacidad; había cerca de 42.000 detenidos para las supuestas 38.500 camas disponibles.

También hubo problemas al arranque en las muy publicitadas redadas migratorias, y el enfrentamiento con las jurisdicciones santuario parece que se alargará y seguirá siendo un obstáculo para poder arrestar a migrantes en las cantidades que pretenden. Asimismo, las negociaciones con los países de origen para recibir a sus ciudadanos de vuelta también presentan sus propias dificultades, como demostraron los episodios que enfrentaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra Trump o la dudosa “solución” de mandar migrantes a Panamá para que sean repatriados desde allí. Sin embargo, no tener donde albergar a los detenidos durante el tiempo —semanas, meses o hasta años por la acumulación de más de 3.5 millones de casos en las cortes migratorias— que se tarda en procesar una deportación, genera un cuello de botella que trunca los ambiciosos planes por completo.

Los últimos movimientos buscan claramente enfrentar esto. El pasado miércoles, la compañía CoreCivic, que maneja prisiones privadas en todo el país, comunicó que reabriría un polémico centro de detención de familias inmigrantes en el pueblo de Dilley (Texas), a mitad de camino entre San Antonio y la ciudad fronteriza de Laredo, tras llegar a un nuevo acuerdo con ICE. De acuerdo a la empresa, albergará hasta 2.400 personas en la instalación, que fue cerrada el año pasado por la Administración Biden tras una década de operaciones llena de controversias por malos tratos y separaciones familiares. La misma compañía también anunció que expandiría la capacidad para inmigrantes en cuatro de sus cárceles regulares en Misisipi, Nevada, Ohio y Oklahoma para poder acomodar a 1.036 personas más.

En la misma línea, unos días antes, ICE anunció que reabriría el centro de detención migratorio más grande de la costa este, ubicado en Newark, Nueva Jersey, esta primavera. Delaney Hall, como se llama la instalación que es propiedad de la empresa de prisiones privadas GEO y tiene una capacidad para 1.000 camas, dejó de operar como centro de detención en 2017, pero su ubicación cercana a Manhattan y al aeropuerto internacional de Newark es considerada estratégica. “Agiliza la logística, y ayuda a facilitar el procesamiento oportuno de los individuos bajo nuestra custodia mientras perseguimos el mandato del presidente Trump de arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales de nuestras comunidades”, señaló el director interino de ICE, Caleb Vitello, en un comunicado.

El anunció hizo saltar algunas alarmas entre los detractores de Trump en el Estado de Nueva Jersey, pues fue acompañado de la firma de un contrato de 15 años con GEO por un valor de mil millones dólares. “Este contrato, anunciado el mismo día en que GEO Group dio a conocer sus beneficios del cuarto trimestre, no tiene por objeto aumentar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey ni arreglar nuestro sistema de inmigración disfuncional. Por el contrario, demuestra que el motivo principal de esta administración es enriquecer a sus empresas favoritas mientras malgasta el dinero de los contribuyentes”, dijo el senador demócrata Cory Booker.

En la compañía, por su parte, no ocultan que ven una gran oportunidad. “Seguimos preparándonos para lo que consideramos una oportunidad sin precedentes de ayudar al Gobierno federal a cumplir sus prioridades en materia de aplicación de las leyes de inmigración”, declaró George C. Zoley, presidente ejecutivo de GEO.

Pero la gran apuesta de la Administración Trump parece ser el uso de bases militares para detener inmigrantes en proceso de deportación. Después de anunciar la utilización de la prisión aledaña a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para internar a hasta 30.000 migrantes, las autoridades enviaron a un puñado de detenidos a la isla a principios de febrero. Pero los obstáculos legales y operativos parecen haber pinchado temporalmente ese plan. Para finales de febrero ICE reportó que había vaciado de migrantes la instalación y este mismo viernes una delegación oficial del Congreso estaba estipulada para visitar la base y corroborar que las condiciones eran aceptables para el internamiento de migrantes. Por ahora, no está claro si volverán a intentar usar la controversial cárcel caribeña como una cárcel masiva para migrantes.

Lo que sí se sabe es que otra base militar, Fort Bliss, ubicada en El Paso, está en el centro de los planes de deportación. De acuerdo a comunicados internos vistos por NPR, el plan es que Fort Bliss, cuya base aérea ya ha servido como puerto de salida para vuelos de deportación, llegue a albergar hasta 10.000 inmigrantes. Por ahora, sin embargo, la idea es que reciba 1.000 detenidos durante un periodo de prueba de 60 días, antes de convertirse oficialmente en el “eje central de las operaciones de deportación”.

A partir del éxito o fracaso del uso de Fort Bliss como centro de detención, este serviría como modelo para hasta otras 10 bases militares en el resto del país, incluyendo la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey; la Estación de Reserva Aérea de las Cataratas del Niágara, cerca de Buffalo, Nueva York; la Base Aérea de Hill, en Utah; y la Base de Reserva Aérea de Homestead, cerca de Miami.

No está claro cuál podría terminar siendo la capacidad de las bases militares, pues cabe la posibilidad de que se construyan campamentos temporales en los terrenos de las bases. También hay dudas del costo que estas medidas puedan tener y sus repercusiones en otras partes del presupuesto, pues retener migrantes es de lejos la parte más costosa del proceso de deportación. Sin embargo, no parece que esta Administración, que busca recortar supuestas ineficiencias por todos lados, llegando a despedir a miles de trabajadores federales, escatime gastos. Al declarar por decreto la emergencia nacional por la situación migratoria, Trump puede usar fondos y capacidades militares para estas operaciones y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho previamente que “cualquier activo necesario” está disponible.

Asimismo, hay preocupación por los posibles malos tratos a los detenidos por casos pasados. En Fort Bliss, por ejemplo, un organismo de control interno del Departamento de Salud y Servicios Humanos descubrió que los niños y adolescentes sufrían ansiedad y ataques de pánico debido a la falta de recursos y de formación por parte de los funcionarios. Y Guantánamo se ha vuelto sinónimo del horror, tras numerosos y gravísimos reportes de malos tratos hacia los detenidos.

No existe una línea de tiempo para que la locomotora de la deportación masiva alcance su velocidad máxima, y los obstáculos en el camino son numerosos. Pero los esfuerzos por expandir la capacidad de detención de ICE no pretenden ocultar la dirección de movimiento. Hace unas semanas, las palabras de Miller, como ya es costumbre, tampoco llevaban velo cuando aseguraba: “Estamos a punto de alcanzar un ritmo y una velocidad de deportaciones nunca vistos en este país”.