El culebrón de la TDT rural
En 2014, la Comisión Europea adoptó una decisión: las ayudas públicas concedidas para llevar los canales a las zonas más inhóspitas de Castilla-La Mancha eran ilegales y ordenaba su recuperación. El conflicto sigue enquistado
La justicia lleva su propio ritmo también en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la UE acarrea desde hace 12 años un conflicto con Castilla-La Mancha a cuenta de la implantación de la televisión digital terrestre (TDT). Para llevar a cabo el apagón analógico y el encendido digital, el Gobierno lanzó un programa de transición tecnológica que dividió el país en varias áreas. La zona II comprendía las regiones más remotas y menos pobladas y abarcaba alrededor del 2,5% de la población. Para que los habitantes de estos territorios no se quedaran sin ver la televisión se concedieron ayudas públicas destinadas a impulsar la digitalización. En una gran parte de la España rural y olvidada, la pequeña pantalla es el gran vínculo con el mundo exterior. A veces, el único.
El Gobierno recabó la colaboración autonómica para extender la cobertura de las nuevas señales. Se firmaron convenios y apéndices a esos convenios para cofinanciar los centros emisores y las comunidades se pusieron manos a la obra organizando licitaciones o encomendando la tarea a determinadas empresas. Pero a diferencia de lo sucedido en la mayoría de las regiones, Castilla-La Mancha no organizó licitaciones, sino que aplicó un procedimiento específico. Y rápidamente, en enero y en mayo de 2009, llegaron a la Comisión Europea dos denuncias: una de la empresa Radiodifusión Digital SL y otra de Astra, que consideraba que se había primado la tecnología terrestre en detrimento de otros sistemas, como el satélite o el cable.
En 2014 la Comisión adoptó una decisión clara: las ayudas públicas concedidas para llevar los canales a las zonas más inhóspitas, principalmente a Telecom Castilla-La Mancha, eran ilegales y ordenaba su recuperación. Después de años de tira y afloja, de recursos, escritos y argumentos jurídicos, en 2019 España comunicó que la empresa había devuelto nueve millones de euros, una cantidad bien distinta a la que reclamaba la Comisión (43 millones más intereses). España alegó dificultades políticas, electorales, jurídicas y prácticas para llevar a cabo el reembolso de las ayudas. Y así, entre eternas y poco convincentes explicaciones, se ha alargado un proceso sobre el que el Tribunal Europeo ha dado un nuevo aviso a España en una sentencia fechada el pasado 29 de abril: “Los supuestos problemas internos no pueden justificar que un Estado incumpla sus obligaciones”.
El conflicto de Castilla-La Mancha es el aperitivo de otro de mucha más envergadura que también está enquistado en Bruselas. La Comisión consideró ilegales las subvenciones otorgadas para extender la red de cobertura a las zonas con dificultades orográficas en toda España y ordenó recuperar 260 millones. Tras un largo periplo por los tribunales comunitarios, sentencias a favor y en contra, la empresa demandante, Astra, está a la espera que la Comisión adopte una nueva decisión. Se eterniza así un culebrón con tramas tan enrevesadas y dilatadas como las de la longeva El secreto de Puente Viejo, que han coincidido en el tiempo con el vasto pleito.
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