La justicia europea avala la ilegalidad de las ayudas a la TDT en Castilla-La Mancha

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ilegalidad de las ayudas públicas a la extensión de la TDT en Castilla-La Mancha. En una sentencia conocida este jueves desestima los recursos presentados por Cellnex y Telecom Castilla-La Mancha contra la decisión de la Comisión Europea que en 2014 declaró incompatibles con el mercado interior las subvenciones que estos operadores recibieron para extender la TDT en esa comunidad. Estas ayudas iban dirigidas a la mejorar los centros de emisión, construir otros nuevos e instalar receptores por satélite para recibir las señales de televisión digital.

La Comisión ordenó a España que recuperara las ayudas, que ascendían a 46 millones de euros. Pero el Estado español y la empresas beneficiarias recurrieron esa decisión, que fue avalada por el Tribunal General del la UE. Estas compañías interpretaban que el tribunal había aplicado erróneamente su propia doctrina sobre los servicios de interés económico general.

Ahora, el TJUE respalda la argumentación del Tribunal General frente a la postura que adoptó hace cinco meses. Entonces dio la razón a los operadores y comunidades autónomas que recurrieron las subvenciones para extender la TDT.

A finales del pasado diciembre, la justicia europea eximió a España de recuperar alrededor de 300 millones de euros que repartió entre diversas empresas para la expansión de la TDT en el resto del territorio.  El Tribunal de Luxemburgo consideró que “la motivación de la decisión de la Comisión es insuficiente” para exigir la devolución de las subvenciones. Quedaba, sin embargo, por determinar si en el caso de Castilla-La Mancha se adjudicaron subvenciones de manera irregular y si se incumplió la neutralidad tecnológica durante el proceso que culminó con apagón analógico en 2010.

Estas ayudas estaban especialmente dirigidas a ampliar la red de TDT en zonas remotas. En el proceso de adjudicación no se tuvo en cuenta otros sistemas de distribución de señales, como el satélite, lo que vulneró el principio de neutralidad tecnológica, discriminando entre distintos operadores, según expuso la sociedad luxemburguesa Astra en la denuncia que presentó ante las autoridades de comunitarias.

“Como consecuencia de ello, algunos operadores de plataformas terrestres consiguieron una ventaja selectiva sobre sus competidores y tienen que devolver esas ayudas al Gobierno regional de Castilla-La Mancha”, dijo entonces la Comisión, que ha había declarado incompatibles con las normas sobre ayudas estatales de la UE medidas similares adoptadas en otras regiones de España.

Este largo conflicto arrancó en 2010, cuando la Comisión abrió una investigación sobre la financiación pública de la infraestructura de TDT en Castilla-La Mancha tras una denuncia de Astra y de otro operador de TDT. La investigación llegó a la conclusión de que la ayuda financiaba exclusivamente la digitalización de la tecnología de transmisión terrestre. Las plataformas de transmisión alternativas (por satélite, cable o Internet) no pudieron acogerse a estas subvenciones, a pesar de que podría haber una plataforma por satélite capaz de cubrir el territorio. La medida también discriminó a varios operadores terrestres porque el Gobierno regional entregó la subvención directamente a solo dos empresas.

En 2013 la Comisión le dio la razón a Astra. Determinó que las ayudas concedidas a los operadores de la plataforma de TDT para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de televisión digital terrestre en la zona II eran ilegales e incompatibles con el mercado interior. La decisión afectaba a todas las comunidades salvo a Castilla-La Mancha, objeto de otro procedimiento, y ordenó la recuperación de la ayuda de los beneficiarios.

El asunto de Castilla-La Mancha se abordó por separado, ya que contiene características específicas, sobre todo el hecho de que los beneficiarios fueran preseleccionados.

Según explicó la Comisión, las medidas aplicadas en Castilla-La Mancha “falsean indebidamente” la competencia tanto entre los operadores de TDT como entre estos y los operadores que utilizan otras tecnologías. “Las dos empresas preseleccionadas”, remarcaba, “recibieron una ventaja indebida frente a sus competidores y, por lo tanto, deben devolver las subvenciones a los contribuyentes”.

En diciembre de 2016, el Tribunal General desestimó los recursos, confirmando la existencia de una ayuda estatal incompatible con el mercado interior. Cellnex Telecom S.A., (anteriormente Abertis Telecom) y Telecom Castilla-La Mancha recurrieron ante el Tribunal de Justicia, solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal General.