El concurso para elegir al consejo de RTVE llega al Constitucional

El concurso público para elegir a los miembros del consejo de administración de RTVE ha saltado del Parlamento a los tribunales, añadiendo un nuevo elemento a su convulsa travesía. El candidato Miguel Ángel Sacaluga presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que sostiene que se ha vulnerado el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. También percibe indefensión, ya que se ha excluido la posibilidad de acudir a los tribunales para pedir el cumplimiento de la ley. “El TC no es un tribunal de justicia, es un órgano de interpretación de la Constitución que no puede entrar en el fondo del caso”, afirma.

El periodista de TVE, que durante 18 años ocupó una plaza en el consejo del ente público a propuesta de los socialistas y actualmente dirige Audiencia abierta, plantea prácticamente una enmienda a la totalidad: solicita que se declare nula la resolución del comité de expertos sobre la evaluación del casi centenar de candidatos, así como las normas aprobadas por las Cortes para la renovación del consejo e incluso la convocatoria misma del concurso, en julio de 2018.

Sacaluga considera que todo el proceso ha estado plagado de irregularidades. “El concurso no es un acto parlamentario. Nace de una ley aprobada por el Congreso y esta se tiene que cumplir. Eso implica que debe respetar las normas de mérito y capacidad”. Mantiene que no se han cumplido esos principios. “Se establecieron baremaciones con posterioridad a la presentación de las candidaturas”.

Bajo la premisa de que la condición de diputado o senador no se puede delegar, asegura en el recurso que “no es fácilmente comprensible” que un mandato legal a las Cortes, que disponen de una estructura permanente como es la Comisión Mixta de Control de RTVE, “donde se puede gestionar y tomar todas las decisiones vinculadas con el proceso de selección”, decida delegar la responsabilidad “a un comité de expertos formado por personas no parlamentarias y que no representan como las Cortes Generales al pueblo español”. De hecho, el texto hace referencia al informe emitido por los letrados del Senado, según el cual el comité de expertos (designado por el Congreso) pudo sobrepasar los límites de la discrecionalidad técnica. “Pero sorprendentemente no basan su argumentación en ningún tipo de normativa que no sea parlamentaria”, matiza el periodista.

Sacaluga recuerda que la selección de cargos públicos, a través de concurso o de otro procedimiento, atribuidos por ley a las Cortes no forma parte de la autonomía parlamentaria garantizada en el artículo 72 de la Constitución, como ya estableció el TC en una reciente sentencia relacionada precisamente con ese tema en RTVE. Aboga también por la transparencia y cuestiona las restricciones de las Cortes respecto a los expedientes vinculados al concurso.