Cuando la batalla tecnológica contra el coronavirus amenaza el derecho a la privacidad

Las apps para seguir los casos de coronavirus en Corea del Sur son un éxito en Google Play, la tienda principal de aplicaciones en Android. En la clasificación de apps gratis nuevas, entre las 50 primeras hay tres dedicadas a rastrear por dónde han pasado casos de coronavirus en el país. Corea del Sur es el segundo foco de la enfermedad tras China, con más de 6.500 casos este viernes.

La app Corona 100m, por ejemplo, advierte a su usuario cuando se encuentra a menos de 100 metros de un lugar donde ha habido un paciente confirmado de coronavirus. Los datos públicos ofrecen también detalles demográficos de cada uno de los casos. Los desarrolladores de Corona 100m declararon a CNN a finales de febrero que su app había sido descargada más de 1 millón de veces en los primeros días.

Corona 100m no es sin embargo la app de más éxito sobre coronavirus en Corea del Sur. Según la clasificación de AppAnnie, en los puestos 21 y 22 entre apps recientes están CoronaNow y CoronaAlert. Corona 100m está en el puesto 49, aunque es la que crece más rápido. Estas apps están creadas por desarrolladores privados –uno de los modos de financiación es publicidad de mascarillas– y hay también versiones web con detalles similares.

En Hong Kong la web que da toda esta información es directamente del gobierno regional. Singapur tiene también un mapa similar, aunque no es oficial. El único reparo de “privacidad” del gobierno chino en Hong Kong es que no dan la dirección completa: “Por consideraciones de privacidad, las direcciones mostradas no son la dirección completa, y solo localizaciones aproximadas se muestran en el mapa. Seguimos actualizando esta información”, advierten en la web. A pesar de este supuesto cuidado, vecinos de los afectados pueden confirmar exactamente quién es el paciente.

China, además de ser el origen del coronavirus, es el país que más decisivamente ha empleado la tecnología para rastrear y evitar contagios. Una compañía de ciberseguridad, Qihoo 360, tiene una app que permite comprobar si alguien ha estado en un tren o avión con un paciente confirmado de coronavirus.

“Están manejando cantidades masivas de datos”, dice Bruce Aylward, líder del equipo de la Organización Mundial de la Salud que pasó dos semanas en China para observar su reacción al coronavirus, en una entrevista con el New York Times, “porque están intentando trazar cada contacto de sus 70.000 casos”. Desde hace unos días ha trascendido el uso de una app en China que es obligatoria para moverse por algunas ciudades y que otorga uno de esos tres colores a cada ciudadano: verde, amarillo y rojo. Este último color supone la cuarentena obligatoria. El cambio de un nivel a otro puede deberse a que esa persona ha estado sin saberlo cerca de otra con coronavirus.

Este es un tipo de vigilancia difícil de imaginar para un occidental, incluso si el enemigo es un virus letal. La cuestión es si, cuando todo haya amainado, el grado de supervisión de los ciudadanos volverá a bajar (a niveles que ya eran muy altos) o habrá un grado mínimo de vigilancia masiva que el gobierno mantenga, alegando prevención. “La proporcionalidad entre el bien común y la libertad personal es uno de los grandes dilemas en una democracia”, dice Manuela Battaglini, directora de Transparent Internet. “Aquí sería el caso entre el bien común y la captación de ingentes cantidades de datos. Además puede llevarnos a Estados que practiquen una vigilancia constante con la excusa de proteger a la población, cuando el fin último es el control”, añade.

¿Y en Europa?

Italia es el tercer país más afectado del mundo y en seguida vienen Alemania, Francia y España. Este tipo de vigilancia total se hace, de momento, difícil de imaginar en Europa. Pero sería legal.

El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea prevé una excepción para la prohibición de tratamiento de datos. La descripción que hace la norma parece pensada para un caso como el coronavirus: podrá hacerse una excepción si “el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud”.

EL PAÍS ha consultado con un grupo de abogados sobre qué permite exactamente esa concesión del Reglamento. “El reglamento es muy garantista y cuando nos metemos en cosas así, necesitas además una norma europea o nacional que regule esa posibilidad y establezca medidas adecuadas y específicas”, dice Jorge García Herrero, abogado especializado en privacidad. Es decir, la norma europea debería desarrollarse en una ley nacional que dé esas medidas concretas para estos casos.

“No basta con decir un interés público y dudo que se haya desarrollado ya esa norma”, añade García Herrero. “En España se ha publicado una para investigación científica, pero no creo que pueda servir para este caso”, añade. Es posible que haya abogados ahora en la administración pública buscando algún hueco en una ley general de sanidad para colar que algo así ya estaba previsto.

En el fondo la tradición de cada país es importante. “Tiene mucho que ver la cultura de cada país. Sembraría pánico sin necesidad", dice Samuel Parra, abogado de ePrivacidad. "No sería una buena idea hacer públicos estos mapas tan concretos“, añade.

La publicación de los casos haría que fuera relativamente sencillo conocer la identidad de algunos pacientes: “Si se publicitara de manera individual no creo que fuera anónimo”, dice Sergio Carrasco. “Se estaría traspasando la justificación para ese tratamiento. Aunque una cosa distinta es el uso para las administraciones sanitarias”, explica.