Francia cita a los primeros internautas acusados de reincidir en las descargas

La ley francesa Hadopi, contra las descargas en Internet, prosigue su camino. Una docena de internautas, según Paris Match, ya han recibido una citación para comparecer ante la comisión que aplica la citada ley porque no han reaccionado a los avisos que se les ha remitido para que cesen en sus descargas de material protegido por derechos de autor. La presidenta de esta comisión considera que el sistema es de los menos represivos. "Para acudir al juez es preciso que tres personas deliberen sobre la oportunidad de hacerlo y no tienen ninguna obligación de trasladar el dossier". Con todo, la citada portavoz estima que los "primeros internautas irreductibles" comparecerán ante el juez en unos messes, antes de finales de año.

Hadopi ha remitido en nueve meses 420.000 avisos por correo electrónico, primera etapa de su política de respuesta graduada que consiste en remitir tres advertencias antes de inciar el proceso que conduce al corte de la conexión a Internet del usuario declarado culpable. Apenas un 10% han acudido a las autoridades para conocer de qué se les acusaba tras este primer envío. El segundo, una carta certificada, ha sido enviado a unos 11.000 del que un 20% han contactado con Hadopi.

Pero el sistema presenta errores. Al margen de que la empresa dedicada a rastrear los intercambios P2P sufrió una fuga de datos personales, un 10% de los que han llamado a las autoridades aseguran no haber descargado nada y se han detectado problemas en la identificación de las direcciones de Internet (IP) sospechosas. Como, por ejemplo, la confusión con clientes que tienen el mismo nombre.

El propio presidente de la república ha calificado la ley de "imperfecta" pero ha advertido que no la modificará si no se le ofrece una solución alternativa. Un documento de la ONU de un experto ha mostrado su alarma por la llamada respuesta graduada que practica Francia. El Partido Socialista incluye en su programa electoral la abolición de la citada ley.

Según la citada ley, cuando las sociedades de gestión detectan una descarga considerada ilegal, remiten a las autoridades la dirección IP para que sea identificado el titular de la conexión y son las autoridades quienes han de tramitar un primer aviso por correo electrónico. Si el internauta no desiste, se le remite al cabo de un tiempo una segundo aviso por carta certificada. Y finalmente, tras enviarle un tercer aviso pueden proceder a la clausura de la conexión o a imponer una multa de 1.500 euros.