BÉLGICA: Los ecologistas abogan por el canon. Los liberales, por el sistema francés

Como en España, los creadores y el sector de la industria cultural de Bélgica padecen, indemnes, los asaltos de los piratas de la Red y se tienen que contentar con esporádicas intervenciones de los poderes públicos contra los más flagrantes excesos.

Porque en Bélgica, como en España, no hay legislación sobre un fenómeno que cuesta cada año al sector del orden de los 20 millones de euros, según la Sabam (la sociedad de autores belga) y ha costado miles de empleos, según la Federación Belga Antipiratería (BAF). Una encuesta sobre uso de Internet en Bélgica establece que el 90% de los jóvenes hacen sus descargas a través de la conexión familiar a internet.

Este 2010 que ahora concluye vio aparecer en sus comienzos dos iniciativas legislativas que fueron arrastradas por la disolución de las cámaras la pasada primavera. Seis meses después de las elecciones de junio, el país sigue sin Gobierno, aunque se da por hecho que la legislatura entrante será la que ponga el cascabel al gato. O al menos lo intente.

Uno de los dos anteriores proyectos, el propuesto por los ecologistas, sigue vivo y en el programa del partido, por lo que podría ser debatido si los ecologistas llegan a entrar en el futuro Ejecutivo. El otro, concebido por un senador liberal que ha abandonado la Cámara alta, está a la espera de que alguien tome el relevo.

Ambos suscitan las críticas de los especialistas: el ecologista, por proponer un canon (graduado por volumen de descargas) a todos los usuarios de la banda ancha y cuyo pago revertería al sector; el liberal, por ser una variante belga de la ley Hadopi francesa, que, al parecer, no ha dado los resultados deseados. Frente a la privación de acceso a la red que rige en el Hexágono para los casos más extremos, en Bélgica se proponía una limitación del volumen de descarga a los infractores recalcitrantes.

Etienne Wéry, un abogado especialista en tecnologías multimedia, calificaba recientemente en la prensa de "absurdo e injusto" el proyecto de los verdes, pese a los resultados de la encuesta sobre el empleo masivo de la red doméstica por los jóvenes, mientras que el plan del ex senador liberal "no hará más que penalizar al consumidor".

Hacer responsable de las descargas ilegales al consumidor es, precisamente, lo que no quiere la Federación Belga Antipiratería, uno de los tres entes, junto a la Sabam y la Business Software Alliance (BSA) que trata a la desesperada de encontrar soluciones al problema de la piratería. Christopher Van Mechelen, presidente de la BAF, comparte las ideas de Wéry sobre los dos proyectos legislativos y propone ir a la cabeza del monstruo, "es decir, sobre quienes incitan a las descargas ilegales, empezando por los editores de contenido ilegal, los servidores que los alojan y los distribuidores de servicios".

Mechelen cree que para llevar a bien ese combate es crucial la cooperación de los dos proveedores belgas de acceso a internet (PAI), Belgacom y Telenet. "Son los únicos que pueden actuar, mediante la imposición o instalación de medios técnicos preventivos que hagan disminuir la oferta ilegal", dice al diario La Libre Belgique.

La BAF intentó probar su tesis este verano ante un tribunal de Amberes, ante el que reclamó el bloqueo de The Pirate Bay, un sitio que ofrece para descarga casi tres millones de vínculos a películas, series, libros, música, programas informáticos y videojuegos. El juez rechazó la petición por considerarla desproporcionada, con el argumento de que esa web tiene larga historia y habría que haberla denunciado antes.

Belgacom y Telenet se frotaron las manos alegando que no son ellos quiénes para decidir a qué sitios tienen acceso o no sus clientes. Lo suyo, dicen, no es la censura sino la neutralidad. Mechelen se enfurece. "¡Es pura hipocresía! Ahora mismo la fiscalía tiene bloqueados unos 400 sitios extranjeros, pero no por piratería. Se trata de webs de apuestas, webs desde las que se han robado datos bancarios, webs pornográficas o de pederastas", desgrana. Y se hace una pregunta a la que él mimo responde: "¿Por qué, entonces, no pueden bloquear plataformas que ofrecen contenidos ilegales? La respuesta es fácil: con las descargas ilegales los PAI hacen cantidades enormes de dinero".

El abogado Wéry aboga en el mismo rotativo por un sistema legal mixto, que no detalla, que limite la oferta ilegal y potencie la legal y pide también un esfuerzo a la industria. "Ya existen, por ejemplo, ediciones especiales de cedés o de deuvedés. Es esa exclusividad la que buscarán los compradores", señala. "En la industria discográfica sólo los que no evolucionan y no responden a las necesidades de la sociedad adecuándose a la evolución de las tecnologías son los que sufren las más graves consecuencias".

Un alto ejecutivo de la discográfica francesa de música clásica Naïve le da la razón. Llegado a Bruselas para presentar en el Bozar un concierto del Orlando furioso de Vivaldi por el Ensemble Matheus dirigido por Jean-Christophe Spinosi, Hervé Boissière, a la sazón director de la sección clásica de Naïve, negaba a EL PAÍS que la piratería estuviera afectando a su compañía. "Nosotros hacemos unas ediciones de diseño muy cuidado, con mucha información adicional para el melómano. Es un producto que gusta poseer", decía. "La piratería musical no nos afecta nada"