El Gobierno anuncia una nueva frecuencia para la telefonía móvil

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado que su departamento está preparando una consulta pública con el sector de la telefonía móvil para "incrementar la competencia" en el sector, tras la que se habilitará una nueva banda de frecuencias, de 2.500-2.690 MHz, para facilitar la prestación de servicios en movilidad avanzados en banda ancha.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, el ministro explicó que también se transformarán las licencias de telefonía móvil GSM y DCS en las bandas de 900 y de 1800 MHz, permitiendo el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que abaratará su coste y aumentará su calidad.

Sebastián aseguró que Industria trabajará para consolidar y ampliar las medidas destinadas a dar confianza y seguridad a los usuarios, entre las que destaca el Observatorio de Calidad de los servicios que reforzará el régimen de inspección y supervisión de los mismos.

Asimismo, hizo hincapié en que España está participando "activamnte" en la revisión del nuevo marco regulador europeo, que deberá estar aprobado en el año 2009 y que culminará con la modificación de las Directivas vigentes por el Parlamento Europeo y el Consejo, quedando incorporado a nuestro ordenamiento jurídico español en el año 2010.

El Gobierno da por buenos los datos del ADSL, mientras que los consumidores denuncian el elevado precio

El ministro de Industria y Comercio ha hecho referencia también a los datos de implantación de ADLS en España. Sebastián ha reiterado que la cobertura de banda ancha alcanzará la totalidad de los núcleos de población españoles en julio de 2008, y a partir de 2009 se irá sustituyendo la tecnología por satélite todavía existente por tecnologías más eficientes.

Sebastián explicó que el Programa de extensión de la banda ancha a toda la población, está próximo a su finalización con "excelentes resultados", situando la cobertura actual cerca del 98% de las ciudades y pueblos españoles. En este sentido, el Ministro ha asegurado que España es la cuarta comunidad en red de Europa con casi 22 millones de internautas y 8,4 millones de accesos de banda ancha.

Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU)ha denunciado que los usuarios españoles con acceso a ADSL más barato pagan una media de 580 euros anuales, cifra muy lejana a la pagada por franceses (389 euros) u holandeses y alemanes (419).

Así se desprende de un comparativo europeo de las tarifas de Internet realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 8 países. Entre los países analizados, también es más barato que en España en Italia (470) y en Portugal (556). Por el contrario, británicos (601) y belgas (645) pagan más que los españoles.

El informe analiza las ofertas más baratas en ADSL con o sin bucle desagregado, la más barata de cable y la mejor oferta del antiguo monopolio. Una de las conclusiones que extrae la OCU es que los internautas españoles siguen padeciendo unas conexiones caras y lentas. Actualmente, cuatro de cada 10 hogares españoles disponen de una conexión a Internet. Esta proporción está por debajo de la media europea, que se encuentra actualmente en un 54%.

La OCU considera que hay discriminación

La causa de esta situación puede ser, según la OCU, la desigualdad de los usuarios ante Internet: sólo unos privilegiados tienen acceso a las redes de más de un operador, y gracias a ello, a la competencia, mientras que algunos internautas están atados al antiguo monopolio, pues sólo tienen acceso a la red de Telefónica y a los productos que revenden operadores alternativos. Un tercer grupo ni siquiera tiene acceso a la banda ancha y las soluciones que se les ofrece son deficientes y caras.

La OCU explica que, en general, la posición española es mejor en paquetes (voz y banda ancha) que en los accesos independientes, pero aún así, en casi todos los países se encuentran accesos más económicos y con velocidades más altas que las que se ofrecen en España.

Por todo ello, la OCU pide al Gobierno que actúe para acabar con la discriminación en el acceso a Internet de un numeroso grupo de consumidores y tome medidas eficaces para reducir el precio final que deben pagar los internautas.