Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Luz verde a la banda ancha universal para 2008 pero sin garantía de financiación

La nueva ley reafirma que sólo los jueces podrán cerrar web por delitos de expresión

Todos los grupos políticos querían salir en la foto del Internet barato y de calidad para todos. Así que han vuelto a retorcer el lenguaje para lograrlo. La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una enmienda transaccional que, teóricamente, garantiza que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberán conseguir antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha en todo el Estado.

En concreto, la nueva la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) señala que antes de esa fecha se garantice "una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica", pero "siempre que sus peticiones sean razonables" y "en los términos que se definan por la normativa vigente".

La enmienda aprobada sustituye a otra anterior que había supeditado la universalidad de la banda ancha a la normativa comunitaria por otra parte, inexistente en esta materia (deja en manos de los Estados definir qué entiende y qué no por Internet de calidad). Es decir, que el Congreso cambió muletilla por muletilla y todos contentos.

Por eso, los internautas no deben hacerse ilusiones. En 2008, con la nueva la LISI en la mano que salió del Congreso, tendrán lo mismo que tienen ahora: los que vivan en zonas muy pobladas dispondrán de más y mejores ofertas a Internet que los que habiten en zonas rurales.

"Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación del servicio telefónico disponible al público, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen. La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha en los términos que se definan por la normativa vigente", dice literalmente la enmienda.

La mejor prueba de que tal universalidad es sólo teórica es que el texto de la LISI no menciona en ningún momento cómo y quién financiará dicha extensión de Internet, al contrario de lo que ocurre con el servicio universal de telefonía fija que, según la Ley General de Telecomunicaciones, debe ser financiado por un fondo común de todos los operadores según su cuota de mercado, aunque en la práctica sólo lo paga Telefónica

Sólo los jueces

Sin embargo, el mundo de Internet puede respirar tranquilo a propósito de una de sus grandes preocupaciones: el control de la Red. El Congreso y en particular el Grupo Socialista que sostiene al Gobierno han hecho esta vez oídos sordos a las presiones de grupos como las sociedades de gestión de derechos que le pedían establecer controles y mordazas en Internet.

Las enmiendas aprobadas por el Parlamento reafirman que sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresión en Internet.

No obstante, una de las enmiendas establece cuatro casos en las que pueden intervenir para cerrar páginas o interrumpir el servicio "los órganos competentes en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas". Esos casos son: La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia.

Algunos ejemplos de estas excepciones sería la intervención de las autoridades de Consumo para ordenar la retirada de contenidos sobre productos que atentan contra la salud o sobre publicidad engañosa.

El texto de la LISI no hace referencia a la protección del derecho a la propiedad intelectual, ni la incluye en esos supuestos en los que pueden intervenir organismos competentes el margen de los judiciales. Es decir, que ni las sociedades de gestión de derechos ni los operadores de acceso a Internet tendrán ningún tipo de control o atribución sobre los contenidos que visitan o se descargan los internautas.

El nuevo texto abunda en que, incluso en los casos antes citados "se respetarán los derechos a la intimidad, la protección de los datos personales, y la libertad de expresión o información" cuando puedan resultar afectados y que sólo "la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas" en caso de que estas libertades se vean amenazadas, tal y como establece la Constitución.

Todos los grupos parlamentarios apoyaron estas incorporaciones al texto, si bien el PP se opuso al informe de la Cámara sobre el texto completo, que pasará a su debate en el Pleno del Congreso, al recibir el apoyo del resto de fuerzas.

Entre el resto de medidas que no contaron con el apoyo de todos los grupos, se aprobó la exigencia a los operadores de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad contra virus o correo basura, el apoyo a iniciativas sin ánimo de lucro en Internet que promuevan valores democráticos, así como la puesta a disposición del público de contenidos digitales o digitalizados que pertenezcan sin restricciones a las Administraciones Públicas. Finalmente, quedará recogido el derecho a la cesión de derechos de explotación de obras ara su uso libre, conocido como 'copyleft'.

La portavoz socialista Lourdes Muñoz, "se ha conseguido un gran acuerdo que pone fin a la incertidumbre y deja claro que los contenidos y la libertad de expresión e información en Internet sólo pueden ser juzgados en los tribunales de Justicia".

El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, consideró que las medidas que se contienen en la norma son "escasas, poco eficientes y poco oportunas por los plazos de aprobación y la lentitud", y se quedan en "pequeños retoques" que no asumen de forma "valiente" el desarrollo de la SI "para abandonar los últimos puestos de la UE".