La UE retendrá a partir de 2007 los datos telefónicos y de Internet

Los 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han acordado almacenar los datos de las llamadas a partir de 2007. Se conservarán entre 6 y 24 meses las informaciones, a partir de las cuales se podrá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde donde y la duración, pero no su contenido aunque los países que lo deseen podrán guardar los datos más tiempo.

Para informarse del contenido de las comunicaciones, se necesitará una orden judicial.

El texto acordado señala también que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas, pero en los casos en que ya estén almacenadas por parte de las compañías- así como las comunicaciones por Internet.

En cuanto al coste, se rechaza que sean los Estados miembros los que deban asumir el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.

Dadas las enormes divergencias entre los Gobiernos para llegar al acuerdo todos tuvieron que hacer concesiones, según reconoció el ministro británico del Interior, Charles Clarke, en nombre de la presidencia de turno de la UE que ocupa su país.

Para lograr una mayoría, se ha introducido una enorme flexibilidad a fin de que los Estados miembros que así lo deseen puedan ir más allá de lo que señala la directiva (ley-marco). Así, aunque se fija que el periodo de retención será de entre 6 y 24 meses -del Parlamento quiere de 6 a 12-, los países que lo deseen podrán conservar los datos por más tiempo.

La norma afectará a las llamadas telefónicas y electrónicas, así como a los correos electrónicos, mientras que en el caso de las llamadas perdidas o no atendidas -un punto esencial para España- estarán incluidas pero sólo de forma parcial.

Se retendrán las informaciones relativas a las llamadas realizadas y contestadas; se excluyen las "totalmente fallidas", es decir, que no han sido recibidas, y las no atendidas aparecen de forma parcial.

Tendrán obligación de retener los datos relativos a las llamadas no atendidas sólo las compañías que ya lo hacen en la actualidad, lo que responde a la petición de Alemania, Finlandia y Austria.

De esta forma, se "minimizan los costes" que supondrá la aplicación de esta medida, y que deberán asumir las compañías de telecomunicaciones, en contra de lo solicitado por la Comisión y el Parlamento europeo, lo que debería permitir que los eurodiputados apoyen el compromiso, según Clarke.

Los cálculos oficiales señalan que el coste anual de aplicar el proceso de almacenamiento de datos será de entre 1 y 4 millones de euros por compañía.

La reunión de los 25, maratoniania, ha comenzado por la mañana y hasta primera hora de la tarde no se llegado a una acuerdo. "Seguimos buscando un compromiso por mayoría calificada. No hemos votado porque aún no hay un texto definido sobre la mesa. Existen fuertes puntos de vista en diferentes direcciones", admitía a primera hora un portavoz de la presidencia británica de la UE al margen de la reunión del Consejo europeo de Interior y Justicia en Bruselas.

La intención de la presidencia británica de lograr un acuerdo chocaba con toda una serie de disputas, que van desde la duración de la retención (algunos pretendían seis meses, otros hasta dos años) y los datos concernidos (el emisor, el destinatario, la hora, la duración y el lugar desde el que se realizó una llamada) hasta el coste y la inclusión o no de las denominadas llamadas perdidas.

El proyecto abarca teléfonos de línea fija y móvil, mensajes de texto telefónicos y correo electrónicos. Sin embargo, no contempla la retención del contenido de la comunicación o los correos electrónicos.

Hasta el momento, cada país de la UE actúa en forma unilateral: si en Francia existe la obligación de retener ese tipo de datos, en Alemania ocurre lo contrario. Además, la duración del período de retención varía según el país: cuatro años en Italia, dos meses en República Checa.

La cuestión se presenta aún más compleja si se toma en cuenta que el Parlamento Europeo, que tiene su propia propuesta de compromiso al igual que la Comisión Europea, amenazó con recurrir a la justicia en caso que los Estados miembros deciden avanzar en forma unilateral.