El Parlamento Europeo rechaza la retención de datos telefónicos y de Internet de particulares

El Parlamento Europeo rechaza la iniciativa de varios gobiernos europeos para almacenar datos sobre el origen y destino de las comunicaciones telefónicas y en Internet en el marco de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El pleno de la Eurocámara ha aprobado, por amplia mayoría, un informe del liberal alemán Alexander Nuno Alvaro en el que expresa dudas sobre la viabilidad práctica de la medida y sobre su compatibilidad con el respeto a la privacidad de los ciudadanos y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

La opinión de la Eurocámara en esta cuestión no es vinculante, aunque el rechazo de esta iniciativa de Francia, Suecia, Reino Unido e Irlanda podría suponer un precedente para el día en que llegue al pleno la propuesta de la Comisión sobre el mismo tema. Este texto es una "decisión-marco", instrumento legal empleado en el llamado "tercer pilar" de la UE (Justicia e Interior) y en el que la opinión del Parlamento Europeo sólo es consultiva.

El informe de la Eurocámara hace referencia a la propuesta que los mencionados gobiernos presentaron el pasado abril y que obligaría a los operadores de telecomunicaciones a retener los datos de origen y destino, aunque no el contenido, de las llamadas de teléfono, los mensajes de telefonía móvil y los correos electrónicos durante un periodo de entre 12 y 36 meses.

Pero la Comisión Europea presentó el pasado 21 de septiembre una propuesta de directiva que, en principio, debería sustituir a la iniciativa legal de los cuatro países mencinados. A diferencia de lo que pretenden los Estados encabezados por el Gobierno de Tony Blair, el plan de Bruselas necesita de la aprobación de los 25 Estados y la Eurocámara, mientras que aquél sólo precisa del acuerdo unánime de todos los Ejecutivos estatales.

"Costes extras"

La propuesta de la Comisión, presentada por el comisario de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, acota la retención de las comunicaciones por teléfono fijo y móvil a un periodo de un año, y la de las realizadas por Internet, a seis meses.

Además, Frattini plantea la necesidad de que los operadores obtengan la devolución de los "costes extras que justifiquen haber soportado para cumplir con las obligaciones de la directiva", lo que respondería a las críticas lanzadas desde la industria a la propuesta inicial del Reino Unido, Francia, Suecia e Irlanda.

Dos propuestas desde el 11-M

Los Estados miembros de la Unión Europea discuten desde los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid sobre la necesidad de establecer un marco común que unifique las leyes comunitarias en materia de retención de datos de los servicios de comunicaciones.

El caso es que sólo 15 de los 25 miembros de la Unión tienen leyes que obligan a las compañías a guardar datos de comunicaciones, y entre ellos difieren los plazos.

Tras los ataques de Londres, el pasado 7 de junio, Reino Unido está presionando para que la adopción de estas medidas se acelere, intentando evitar la participación del Parlamento Europeo en este proceso, lo que retrasaría su aprobación.