La Comisión Europea presentará en septiembre su propuesta sobre la retención de datos
El Gobierno británico ha pedido al resto de Ejecutivos europeos un acuerdo entre países que no implique a las instituciones europeas
La Comisión Europea presentará en septiembre una propuesta sobre la retención de datos relativos a conversaciones privadas por parte de las compañías telecomunicaciones y móviles, dentro de un paquete legislativo que incluirá también medidas sobre protección de la privacidad. Según ha anunciado hoy el vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini, la propuesta será estudiada por los ministros de Interior en la reunión informal que celebrarán el 8 y 9 de septiembre en Newcastle (Reino Unido) con el fin de que pueda aprobarse antes de finales de año.
Por su parte, el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, considera "fundamental" en la lucha contra el terrorismo la retención de ciertos datos de las comunicaciones telefónicas, pero advierte de que una iniciativa como la que propugna el Reino Unido "plantea problemas" tanto de respeto de la privacidad como de costes para las compañías.
Barroso alude a las declaraciones del ministro británico del Interior, Charles Clarke, que ha comparecido esta mañana ante el Parlamento Europeo en calidad de presidente en ejercicio del Consejo de Justicia e Interior de la UE para debatir las consecuencias de los atentados terroristas del 7 de julio en Londres. Clarke, ha asegurado que los ciudadanos europeos aceptarán sacrificar parte de su libertad si comprenden las medidas que las autoridades están tomando por razones de seguridad.
El ministro británico ha pedido complicidad a la Eurocámara en las nuevas iniciativas de lucha contra el terrorismo que se van a tomar, mientras los eurodiputados expresaron sus miedos por el recorte de derechos fundamentales derivados, precisamente, del refuerzo de las medidas de seguridad.
Difícil consenso
La Comisión busca una propuesta equilibrada entre las necesidades de seguridad y lucha contra el crimen y las preocupaciones sobre los efectos que sobre la privacidad tendría una nueva legislación sobre retención de datos. También debe encontrar una salida a las protestas de las operadoras, que denuncian el coste excesivo que supondrá almacenar los datos de sus clientes durante largos periodos de tiempo.
En junio, el Parlamento Europeo ya rechazó un borrador de directiva presentado por Reino Unido, Suecia, Irlanda y Francia, ante la preocupación de que algunas de las propuestas que incluía fueran ilegales. La presidencia europea, que en este semestre ocupa Reino Unido, prepara no obstante un proyecto alternativo sobre el mismo tema. El Gobierno británico ha pedido al resto de Ejecutivos europeos un acuerdo entre países que no implique a las instituciones europeas.
Esta solución alternativa a una normativa a nivel europeo sería un acuerdo directo de los Gobiernos, que aprobarían después legislaciones similares en cada uno de sus parlamentos. Se evitarían así los retrasos que pudieran producirse en la Eurocámara y la Comisión. Pero esta fórmula no garantiza la armonización de las normas que tratan esta materia, y además las normas estarían menos sometidas a un menor control de los representantes de la ciudadanía europea.
Qué datos y cuánto tiempo
La discusión en la UE sobre las nuevas normas en materia de seguridad referentes a la retención de datos de los servicios de comunicaciones se centra sobre todo en el tipo de datos que deben quedar almacenados, el tiempo que deben guardarse, y quien pagará la cuenta. La Comisión Europea cree que las operadoras deberían estar obligadas a almacenar los datos de actividad de sus clientes por un periodo de entre seis meses y un año, mientras que la propuesta británica se inclina más por él último que por el primero.
Ninguna de las propuestas pide que se registre el contenido de las comunicaciones electrónicas, pero los investigadores quieren ser capaces de realizar un seguimiento por ejemplo de los números que se han marcado desde un teléfono concreto, incluyendo las llamadas perdidas, o de las direcciones de Internet que se han visitado.
Los ministros de Interior que trabajarán sobre la propuesta británica han decidido que los esfuerzos legislativos comiencen en una primera fase por las comunicaciones telefónicas, dejando para más adelante las de Internet o las llamadas no contestadas. Se ha acordado la lista de datos que deben ser retenidos pero aún falta por decidir el tiempo que esas informaciones deben ser conservados, ya que algunos países consideran demasiado los 12 meses propuestos mientras que otros -especialmente Alemania- se queja del coste que esto supondría para sus empresas.
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