Las editoras de prensa se sublevan contra la práctica ilegal del 'press clipping'

La revolución de Internet, y la libertad de información y publicación que llevó implícita desde sus comienzos, ha magnificado la eterna polémica de los derechos de autor sobre determinadas obras. Tras la iniciativa de las discográficas contra las descargas ilegales a través de la Red, que ya está ocasionando incluso penas de cárcel, o la lucha contra la reproducción ilegal de DVD con películas pirateadas, ahora le llega el turno al campo de las letras, a las palabras, a las creaciones originales plasmadas en un entorno físico o digital.

Y en esta batalla, acabar con la práctica ilegal del press clipping, consistente en la recopilación y distribución masiva de artículos y otros elementos periodísticos extraídos de periódicos y revistas, ya sea mediante fotocopias o a través de sitios web, e mail o intranets, se ha convertido en el principal objetivo de las editoras. ¿El motivo? Esta actividad ha originado una caída considerable de la venta de estos productos editoriales, y la consiguiente reducción de ingresos. Mientras, el volumen de negocio de las empresas que se dedican al press clipping es cada vez mayor.

Un "negocio" creciente

Según datos estimativos de Gedeprensa, la asociación formada por Recoletos, Prisacom, Unidad Editorial, Grupo Godo, Corporación de Medios de Nuevas Tecnologías y Editorial Prensa Ibérica para proteger sus derechos de propiedad intelectual, los daños ocasionados por esta práctica suponen cerca de 90 millones de euros anuales para los editores. Asimismo, Gedeprensa afirma que estas compañías ingresan anualmente entre 22 y 25 millones anuales. Y la cifra sigue aumentando a un ritmo exponencial. De hecho, desde el año 2000, el crecimiento ha sido de más de un 50%, y se espera que continúe subiendo, incluso en mayor medida, durante los próximos años cuando se extienda aún más el uso de Internet. Además, esta asociación de editores prevé que, en los próximos años, la penetración de este servicio de resúmenes de prensa alcance al 80% de las empresas y al 100% de las instituciones.

Y aquí se inicia la declaración de guerra: un lucrativo negocio que reclama su derecho a la libertad de información, principalmente a través de Internet, contra las empresas editoras que, lejos de querer acabar con esta práctica, exigen su regulación y una retribución pactada, de forma que también ellas puedan beneficiarse.

José María Anguiano, abogado, socio del despacho Garrigues & Andersen y secretario de la Asociación Española de Derecho a la Propiedad Intelectual, señala que, actualmente, el press clipping"es una práctica ilegal, ya que no se recibe autorización del autor".

Opina que los press clippers "están consiguiendo que la gente compre menos periódicos". Otra práctica común que denuncia este abogado son las ediciones digitales corporativas en las intranets o redes internas empresariales. "Si compro un diario, lo digitalizo y lo meto en la red interna de mi empresa, a la que tienen acceso el resto de empleados, también estoy causando un gran perjuicio a la industria editorial, ya que únicamente he pagado por un ejemplar".

Por su parte Eduardo Bendala, portavoz de Gedeprensa, afirma que "desde hace aproximadamente dos años se notan estancamientos o caídas de ventas, tanto en quioscos como en las suscripciones de periódicos y revistas". Apunta, además, que con la llegada de los sistemas digitales, la introducción de contenidos en intranets y el envío masivo a través correo electrónico, "se ha intensificado muchísimo esta práctica, lo cual perjudica seriamente al sector".

Un canon para los editores

En este sentido, las empresas editoras piden una mayor rigurosidad en la aplicación de la legislación en materia de propiedad intelectual que ampara sus obras. "Nosotros queremos que esa ley que regula los derechos de autor sea suficiente para garantizar que los editores son los inalienables propietarios de los derechos de propiedad intelectual de sus obras: periódicos y revistas", señala Bendala.

Gedeprensa busca, además, la constitución de un canon de "copia privada" que ampare a sus productos. La copia privada de artículos es legal, en la medida de que cualquier persona puede utilizar para consumo propio una obra que tiene derechos, ya sea literaria o musical. Dado este hecho, el Gobierno tiene establecido un canon anual que pagan, básicamente, las empresas de aparatos de reprografía. El problema es que los requisitos para acceder a estos ingresos pasan por tener una periodicidad como mínimo mensual y al menos 48 páginas por ejemplar, con lo que básicamente sólo lo cumplen los libros.

Los editores exigen este canon, dado el hecho de que, según el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), se hacen más fotocopias de periódicos y revistas que de libros. Los datos de este organismo muestran como, en España, se reproducen todos los años mediante fotocopias 3.493 millones de paginas de libros, periódicos y revistas. De éstas, 611 millones son prensa y 171 millones revistas. En total se estima que el valor del mercado de todos los textos fotocopiados asciende a 210 millones de euros.