La Federación de Consumidores pide al Gobierno que intervenga para abaratar el acceso a Internet

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que los precios de las empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet "son excesivos" y pide al Gobierno una tarifa plana real, de 24 horas, al precio de 12 euros mensuales. En un comunicado difundido hoy, la organización critica que el Ejecutivo "no haya reducido ni un céntimo el coste de la tarifa ondulada (que no plana) que aprobó hace ya tres años, así como que haya rehusado aumentar su duración las 24 horas".

Esto, en opinión de la citada organización, "no satisface las necesidades de los usuarios y continúa suponiendo una barrera para el acceso a la Red de buena parte de la población y, con ello, para el desarrollo de la llamada Sociedad de la Información".

La Federación ha comparado los precios de veintitrés tarifas planas y onduladas que ofrecen trece compañías a usuarios particulares a través de la telefonía básica (en el estudio no se incluyen los servicios a través de ADSL) y según el mismo, las tarifas planas reales (24 horas) más económicas son las de Terra, Wanadoo y Ya.com al precio de 19,90 euros, más IVA mensuales. "No obstante, es importante señalar como aspectos negativos que Wanadoo tiene una línea 906 para la atención al cliente ante posibles problemas y que Ya.com obliga a permanecer dado de alta un mínimo de tres meses en este servicio", indican. Además, las tarifas de Ya.com "sólo permiten conectarse a Internet desde un número de teléfono, mientras que en el caso de Terra y Wanadoo, las de 24 horas sí tienen movilidad geográfica para las conexiones, pero no sus tarifas onduladas".

Por otro lado, FACUA destaca "la tarifa ondulada de diecisiete horas de Jazztel, por 12,40 euros, aunque sólo la ofrece a clientes preasignados en sus servicios de voz (marcación directa sin necesidad de teclear prefijo)". Esta compañía también ofrece el mismo servicio para los usuarios no preasignados por 16,53 euros.

FACUA España pide también que el Gobierno regule unos parámetros de calidad en los servicios acceso a Internet ya que los consumidores lo tienen muy difícil para reclamar a sus proveedores ante los fallos de conexión o problemas de lentitud del servicio.