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La AI pide la retirada de un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones

La Asociación de Internautas exigió hoy al Ejecutivo la retirada "inmediata" de uno de los puntos del anteproyecto de esta norma porque "vulnera el derecho a la intimidad de los ciudadanos"

La Asociación de Internautas (AI) exigió hoy al Ejecutivo la retirada "inmediata" de uno de los puntos del anteproyecto de ley general de Telecomunicaciones ya que "vulnera el derecho de privacidad de los ciudadanos" al exigirles que depositen sus claves de cifrado en un organismo público.

En concreto, informó en un comunicado esta organización, se trata del apartado segundo del artículo 36 de dicho texto en el que se dice que se podrá imponer la obligación de facilitar a un organismo del Estado las claves, algoritmos u otros procedimientos de cifrado utilizados para asegurar la confidencialidad de la información.

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De este modo, la autoridad competente podría inspeccionar las comunicaciones "sin autorizaciones ni controles" con el peligro de que dichas claves "puedan caer en manos de ladrones", decía el comunicado de esta asociación.

Para evitar que esta medida sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Asociación de Internautas promoverá "una campaña de información dentro y fuera de la red" y se dirigirá al conjunto de los grupos parlamentarios para que apoyen la petición en el transcurso del procedimiento parlamentario.

Trámite de Ley Orgánica

Para esta asociación, se trata de una medida "absurda y restrictiva" contraria al artículo constitucional 18.3 que preserva el secreto de las telecomunicaciones. De ser así, sería necesario que este anteproyecto se convirtiera en Ley Orgánica.

Sin embargo, calificó de "coherente y necesario" el apartado primero del mismo artículo que establece que cualquier tipo de información trasmitida por las redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado (instrumento de seguridad de la información).

Según ejemplificó, el segundo apartado equivaldría a obligar a las personas a dejar las llaves de casa en la comisaría de modo que "las autoridades pudiesen entrar en los hogares" sin necesidad de autorización judicial -como requiere la legislación vigente- con el fin de proteger la seguridad ciudadana.

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