El fiscal del 'caso Olé' estima que existe un delito estafa

El fiscal estima la existencia de delitos contra la Hacienda y estafa o apropiación indebida de Josep Vallés, fundador del portal Olé, embrión de Terra, de Josep Antoni Plana Castellví, ex director general de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), que habría resultado perjudicada, y del ex consejero de Telefónica, Martín Velasco.

Una querella contra Pep Vallés que presentaron unos antiguos socios y que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha llevado al fiscal a elaborar un amplio informe, en el que se opone al sobreseimiento de la causa y en el que insta a la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los presuntos delitos que observa del examen de la documentación disponible.

El denominado caso Olé se remonta a noviembre de 1996, cuando el entonces director de la FCR, Josep Antoni Plana Castellví, vendió el buscador Olé por sólo 200.000 pesetas al empleado de la fundación Pep Vallés, quien lo revendió tres años más tarde a Telefónica por 3.000 millones de pesetas para crear la filial de Internet Terra.

La operación de venta de Olé a Telefónica se realizó a través de la sociedad instrumental luxemburguesa Infosearch Holdings, en la que participaban, entre otros, el ex consejero de Telefónica Martín Velasco a través de Fundación Infantia, con sede en Suiza.

El fiscal considera que Martín Velasco, entonces consejero de Telefónica, "fue el principal impulsor junto con el entonces presidente, Juan Villalonga, de la adquisición a través de la filial Telefónica Interactiva de Olé SL y del buscador".

Según el informe del fiscal, "existe sospecha razonable de que tanto la transmisión de la titularidad de Olé a la compañía luxemburguesa Infosearch como la atribución de esa participación a la Fundación Infantia no son sino maniobras meramente formales exclusivamente dirigidas a evitar la tributación a la Hacienda Pública española por el incremento de patrimonio que se había producido con la venta de Olé SL a Telefónica".

Sobre el presunto delito de estafa y apropiación indebida a la Fundació Catalana per a la Recerca, el fiscal recuerda que los fondos de los que se nutría la FCR, una entidad de titularidad privada, eran aportados por la Generalitat, un total de 6.810 millones entre los años 1988 y 1998, según la Sindicatura de Cuentas que advirtió diversas irregularidades en su funcionamiento.

No obstante, además de los imputados, los beneficiarios por la venta de Olé fueron otras tres personas que aparecen relacionadas con la FCR, según el fiscal, "José Gaspá, asesor de la FCR y posiblemente consejero delegado de Cinet", Jordi Durán Batidor, director informático de Cinet y Pep Vallés, director comercial de Cinet", sociedad dependiente de FCR.

El fiscal, además, recuerda que el padre de Pep Vallés, Josep Vallés Saura, "es director del Centro de Supercomputación de Cataluña, dentro de la FCR".

Respecto a Plana Castellví -militante de Unió Democrática de

Catalunya- el fiscal pide su "declaración como imputado" en "la posible comisión de los delitos de estafa o apropiación indebida, en la que habría resultada perjudicada la FCR, con la transmisión del buscador Olé".

Además de solicitar la imputación de Plana Castellví, la fiscalía solicita información a la FCR sobre las cantidades invertidas en el proyecto Olé y sobre las personas que colaboraron. Plana Castellví coincidió como miembro del consejo de administración de Amper con Martín Velasco entre 1997 y 1999, en una época en que Amper estaba participada en un 24% por Telefónica.

El fiscal, que pide el archivo de los hechos por los que el querellante Olé Uruguay presentó su demanda, solicita en cambio "que sean desestimadas las peticiones de sobreseimiento o archivo respecto al delito contra la Hacienda Pública que han sido formuladas por la representación de Josep Vallés -fundador del portal Olé- y de Martín Velasco".