Cataluña retira la custodia de un recién nacido a una mujer víctima de violencia machista

S. B. se escapó de casa después de que su pareja le diera una paliza en mayo. Estaba embarazada de tres meses. Denunció y obtuvo una orden de alejamiento de su agresor. Ingresó en un centro de emergencia y después pasó a un piso de protección para iniciar un proceso de recuperación con psicólogos y poder seguir su embarazo con tranquilidad. Pero en julio la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) abrió expediente por desamparo preventivo sobre su futuro hijo. El 30 de octubre, tres semanas antes de dar a luz, las trabajadoras sociales la citaron en la sede de Barcelona para explicarle que, cuando naciera su bebé, no podría quedarse con él.

El niño nació a finales de noviembre. No le dejaron darle el pecho, ni que pudiera sacarse la leche para que se la dieran después. Solo podía verlo dos horas al día mientras estuvieron en el hospital y, desde que salieron, una hora a la semana. Ahora vive con una familia de forma temporal. En la resolución de desamparo preventivo, fechada el 27 de noviembre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la DGPPIA decide la retirada de la custodia basándose en cuatro indicadores de riesgo. El primero es “el estado psicológico de la progenitora, que está diagnosticada de un trastorno de ansiedad”. El segundo, “la violencia machista en el entorno familiar del nasciturus [el futuro bebé] ya que, aunque la paternidad no conste determinada, sobre quien pudiera ser el progenitor pesa una orden de alejamiento por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer”.

El tercero son “las situaciones de riesgo” en las que se habría puesto S. B. al acercarse “en varias ocasiones al municipio en el que residen los investigados sobre los que se han dictado órdenes de alejamiento”, en referencia a dos parejas a las que denunció por maltrato. La mujer (a la que se cita en esta información con iniciales para preservar su seguridad) asegura que solo han sido dos visitas y una de ellas fue por una cita con la propia Dirección General de Atención a la Infancia. En ambas ocasiones, ella avisó a los mossos d’esquadra y grabó las llamadas, que este periódico ha podido escuchar.

El último indicador de riesgo que cita el informe es “la falta de una vivienda propia, ya que actualmente reside en un piso de protección”. S. B., que vive en la provincia de Barcelona, tiene empleo fijo, aunque en estos momentos está de baja médica por las secuelas que le ha dejado la violencia sufrida. Para su abogada, quitarle al bebé “se basa en argumentos que no justifican la retirada neonatal” y considera que el equipo que ha tomado la decisión no lo ha hecho con criterios profesionales, sino basándose “en prejuicios”.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Cataluña, del que depende la DGPPIA, ha declinado ofrecer su versión sobre los motivos para incluir en las valoraciones de riesgo de S. B. y su hijo la violencia machista o que no tenga casa propia, aunque conocen que vive en un piso protegido. No han argumentado tampoco por qué la separaron del menor nada más nacer. Solo señalan que, en líneas generales, el proceso de desamparo y la retirada de un menor de su núcleo familiar “no es una decisión fácil y no es aleatoria ni subjetiva, es una decisión colegiada”. Y aseguran que el desamparo se decreta solo en aquellos casos en los que se detectan en el entorno del niño “indicadores de desprotección” que justifiquen la medida, que “siempre es la última opción”.

“Situaciones de alto riesgo”

En el encuentro de julio con las técnicas, que S. B. grabó y al que ha tenido acceso EL PAÍS, las trabajadoras sociales la responsabilizan de lo que ocurre y la acusan de ponerse en “situaciones de alto riesgo”. “Has pasado por tres, como mínimo, relaciones de pareja en las que supuestamente has recibido malos tratos”, le dicen. “Quiere decir que ahí tienes tú una parte de fragilidad y de vulnerabilidad emocional y de dependencia, de no saber estar sola, con personas del mismo perfil”.

S. B., que tiene 26 años, tuvo a su primera hija con 19. Entonces sufrió violencia por parte del padre de la niña. Se separó, se quedó con la custodia y cuando la niña tenía seis años, en septiembre de 2024, denunció por violencia de género a otro hombre, su pareja de entonces, de quien obtuvo una orden de alejamiento. Después de esto ingresó en un centro de acogida, una pensión, a las afueras de Barcelona. Su agresor, del municipio vecino, la encontró. Eran las fiestas del pueblo y S. B. había salido con su hija al parque. Después de esa situación, decidió que sería más seguro para la niña quedarse con su madre, la abuela de la pequeña. Pero cuando la abuela lo comunicó a servicios sociales, se abrió un expediente por desamparo preventivo que acabó con la separación de la niña. El desamparo es una medida que se adopta cuando hay indicios graves de riesgo para un menor y se necesita actuar con urgencia. Aunque se determinó que fuera a una familia de acogida, a día de hoy sigue en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), un recurso para menores en acogida. En el informe sobre su segundo hijo se añade que la madre de S. B. “mantiene actitud fría y distante hacia la hija y reconoció la incapacidad para cuidar de su nieta”.

Después de escapar de su agresor el pasado mayo e ingresar de nuevo en un piso de protección con vigilancia las 24 horas, S. B. pensó que esta vez todo sería diferente. Asegura que cumplió a rajatabla con el proceso de recuperación. Pero las técnicas de la DGPPIA no lo vieron así en el encuentro que mantuvieron tres semanas antes de que diera a luz. “Tú proyectaste ser mamá con personas que te ponían en riesgo”, le dice una de las técnicas. Cuando S. B. suplica que le dejen quedarse con su bebé en la casa de acogida y la supervisen desde allí, la técnica le responde: “Tú tenías a tu hija tutelada, iniciaste una relación con otro señor que también te maltrató y te quedaste embarazada [...] Ya te has equivocado”.

La abogada, que forma parte de un colectivo llamado Madrecitas que atiende a mujeres a las que les han retirado la custodia, considera que en este caso se ha producido una “fiscalización” injustificada. “S. B. tiene cosas que tratar, nadie lo niega, pero nada de esto la incapacita para criar. Y en cualquier caso, lo que necesite aprender para cuidar de su hijo lo puede hacer perfectamente de la mano de las educadoras del centro, sin necesidad de que la separen”, comenta la letrada, que pide figurar sin nombre porque teme represalias en otros casos que defiende.

No revictimizar

El vicepresidente de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), Ramón Quintano, coincide en el diagnóstico de la abogada y considera que el caso es “una barbaridad”. “Habría que ayudar a esta mujer y acompañarla, no revictimizarla. La están culpando y eso es gravísimo”, explica. Añade que esta retirada de custodia no es excepcional: “Desgraciadamente, la violencia se cuenta como un factor para decretar la vulnerabilidad de un menor”. Para Quintano, el problema está en que la DGPPIA actúa como juez y parte porque son sus equipos quienes abren un expediente, lo estudian y deciden si se procede a la quita de custodia y hasta cuándo, o incluso si termina en una adopción. “Es terrible como está montado el sistema, y cuando interpones un recurso, siempre lo rechazan”, opina Quintano, que también es vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

La sociedad catalana de abogados de familia encuestó en junio a sus 500 socios sobre el sistema de desamparo. El 98% estimó que las retiradas de custodia deberían tener el respaldo de una resolución judicial y el 76% declaró que había visto casos en que la quita se llevó a cabo “sin suficientes garantías legales ni información clara a las familias”.

El Govern de la Generalitat refundó en mayo su Dirección de Atención a la Infancia después de varios escándalos que la pusieron en el centro del huracán mediático. Primero fueron las irregularidades en la contratación de servicios que detectó la Sindicatura de Cuentas; después, una investigación por malversación de fondos en las ayudas a jóvenes ex tutelados que hizo la Oficina Antifraude. Pero la gota que colmó el vaso fue la investigación judicial que destapó que una menor tutelada por la institución había sido captada por una red de pederastia sin que nadie hiciera nada durante años.

“Ella denunció para que la protegieran, pero las instituciones no respondieron”, resume la abogada de este caso. S. B. coincide. “Lo peor que he hecho en esta vida ha sido denunciar. Prefería llevarme las hostias de la persona con la que estaba a que me quitaran a mi hija y ahora a mi hijo. Al menos esos golpes los ves venir, los del Estado no”.

En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.