A golpe de titular: un obispo apartado por el Papa culmina una investigación de siete años sobre la pederastia en la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos y altos cargos de las órdenes españolas respondieron con frases evasivas cuando EL PAÍS comenzó hace ya siete años su investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica. También con silencio: 50 de las 70 diócesis ni siquiera contestaron al primer cuestionario sobre el número de casos de los que tenía conocimiento o había instruido en sus tribunales eclesiásticos. La mayoría eludían dar información o subrayaban que no tenían constancia de denuncias (más tarde se supo que algunos de esos obispados mintieron). El primer reportaje de este periódico logró contabilizar 34 sentencias condenatorias desde los ochenta y que la Iglesia católica silenciaba desde hacía décadas los casos de pederastia en su seno. La punta de un iceberg que poco a poco se haría más grande.

Parte de lo que vino después fue gracias a una dirección de correo (abusos@elpais.es) que EL PAÍS abrió y al que desde entonces varios millares de personas han escrito para contar su historia. Esos testimonios permitieron que el trabajo periodístico continuase, que sus relatos se investigasen (la inmensa mayoría prescritos ante la justicia penal) y que la Iglesia española y el Congreso de los Diputados aceptasen el problema y las preocupantes cifras.

Siete años después, este periódico ha contabilizado hasta el momento 2.958 víctimas y 1.570 acusados en la única base de datos disponible en España sobre la pederastia del clero, creada en abril de 2021 con todos los casos conocidos, publicados por cualquier medio o revelados por sentencias judiciales. También ha destapado que, por primera vez en la historia, el Vaticano investiga a un obispo español por abusos a un menor en los noventa, el prelado de Cádiz Rafael Zornoza, al que finalmente el Papa ha apartado este sábado de su puesto.

El caso de Zornoza es revelador: las acusaciones contra él se publicaron hace 12 días, pero los primeros mensajes que lo señalaban ya llegaron a este periódico a comienzos de 2019. Desde entonces, como en muchos otros casos, se indagó sobre ellas, entrevistándose con personas que pudieran conocer lo sucedido, posibles afectados, miembros de clero... Por esas fechas, este periódico ya había publicado varios casos que no solo demostraban los abusos por parte del clero, sino también el encubrimiento de obispos y los traslados de pederasta a nuevos destinos, algunos de ellos a Latinoamérica, para tapar el escándalo. Pero la respuesta de la Iglesia era la misma: la negación. “No todas las víctimas que salen en EL PAÍS dicen la verdad”, llegó a declarar un portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE) a este periódico.

Solo a golpe de titular y la presión del papa Francisco obligó a la Iglesia española a abrir oficinas de atención a víctimas de abusos. Algunas diócesis y congregaciones religiosas siguen sin cumplir adecuadamente esa directriz (no contestan a los mensajes de los afectados, no investigan sus casos ni les reparan). El Papa organizó en febrero de 2019 una cumbre en Roma para abordar el problema y reformó la ley canónica para que se abriera una investigación canónica ante cualquier noticia de un posible abuso. Antes era necesario que hubiera una noticia formal. En algunos países con presencia de la Iglesia católica (Irlanda, Bélgica, Holanda, EEUU, Australia...) ya se habían iniciado investigaciones generales del pasado donde afloraron miles de casos y la jerarquía eclesial ya había empezado a pagar indemnizaciones. La CEE, en cambio, insistía en que España era una excepción y que había menos casos que en otros estados, aunque admitía no saber el número.

La investigación de EL PAÍS siguió adelante: publicaba casos, actualizaba la contabilidad de su base de datos (más de 300 víctimas y 800 acusados en abril de 2021), atendía las decenas de mails que llegaban al buzón y seguía investigando casos, entre ellos, el del obispo Zornoza. Pese a que algunas órdenes, como los jesuitas o los Legionarios de Cristo, publicaban informes con datos y sobre su gestión interna, eran muy deficientes y la Iglesia española en general seguía estancada en la negación. Tampoco reaccionó cuando este periódico comenzó a publicar reportajes revelando de golpe decenas de casos en colegios que señalaban el encubrimiento y apuntaban a grandes personajes: como Cesáreo Gabaráin, el sacerdote estrella que compuso las canciones más famosas de misa (Juntos como hermanos, Pescador de hombres, La muerte no es el final...), o el escritor José Luis Martín Vigil.

A finales 2021, EL PAÍS reunió en un informe 251 casos que entregó a Francisco durante un vuelo papal. Otra copia la entregó al presidente de entonces de la CEE, el cardenal Juan José Omella. La Iglesia se vio obligada a abrir una investigación sin precedentes. El asunto saltó a la agenda política y el Congreso de los Diputados aprobó a comienzos de 2022, casi por unanimidad (solo VOX y UPN no votaron a favor), que el Defensor del Pueblo pusiera en marcha un estudio para conocer la dimensión del problema. Los obispos españoles arremetieron contra el Gobierno y tildaron la iniciativa de “una trampa saducea”. Solo un mes después rectificaron y, tras años negándose a investigar su pasado, anunciaron el encargo de una auditoría al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

La base de datos de este periódico no dejó de crecer, entregó otros cuatro informes más al Vaticano (más de 800 testimonios en una mole de más de 1.600 páginas en total) y publicó reportajes que revelaban cómo hasta 61 obispos encubrieron, silenciaron o taparon estos delitos. Mientras que los números subían, el sector de la Iglesia que quería levantar las alfombras ganó peso y comenzó a publicar parcialmente los casos que conocía, como la archidiócesis de Madrid o la de Bilbao.

En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo publicó los resultados de su informe, que contenía una gran encuesta que estimaba que el 1,13% de los españoles adultos habían sido víctimas de pederastia eclesial (unas 440.000 personas). Omella atacó a la prensa por utilizar esas cifras y acusó a los medios de tener “la intención de engañar”. Unos meses después, Cremades entregó su auditoria que contabilizaba más casos que los registrados por este periódico y subrayaba la mala gestión de los obispos del problema durante décadas. A la CEE no le gustó nada y casi ni lo presentó, mientras trataba de eclipsarlo con un informe propio que resultó estar lleno de errores y carencias, faltaba hasta 300 casos que diócesis y órdenes ya habían admitido al Defensor del Pueblo.

Tras un año de resistencia, la Iglesia comenzó a reparar a las víctimas a través de un plan propio que decenas de afectados y critican por ser parcial y “chapucero”. También se han retractado y han accedido a negociar con el Gobierno un plan para indemnizar a las personas que rechacen acudir a sus procesos internos. Una noticia que han anunciado esta semana, en medio del escándalo de Zornoza. Era la primera vez que uno de los suyos, perteneciente a la jerarquía eclesial que votaba y tenía voz en la toma de decisiones (como las que afectaban a la gestión de la pederastia), estaba acusado de abusar de un menor cuando era cura en Getafe. Un caso más de los investigados durante los últimos siete años por EL PAÍS.