Potenciar el Ministerio de Sanidad
Los autores piden remediar los problemas organizativos estructurales del departamento, uno de los peores dotados a pesar de ser la sanidad el servicio público mejor valorado
Una vez reestructurados los ministerios, y ahora que se va a proceder a precisar su organización y funciones, es el momento de potenciar al Ministerio de Sanidad, uno de los peor dotados, a pesar de que la sanidad es el servicio público mejor valorado.
Diversos analistas apuntan a la escasa prioridad política de la salud y la sanidad en los últimos 30 años, excepto durante la pandemia de la covid, aunque ese impulso parece ya perdido. Esta postergación se refleja en las políticas de salud y en las organizaciones a su servicio, incluido el propio Ministerio de Sanidad. Este abandono se justifica aduciendo que la asistencia sanitaria está transferida a las comunidades autónomas y que el Estado no tiene responsabilidades reales en esta materia. Nada es más erróneo, ya que el bloque de constitucionalidad otorga al Estado y al Gobierno de la nación competencias determinantes.
Otra idea paralizante es que “nuestro Sistema Nacional de Salud es el mejor del mundo”, lo que conduce a una peligrosa autocomplacencia que lleva a olvidar los desafíos que hoy debe afrontar cualquier sistema sanitario. El mejor camino hacia la insolvencia del SNS es considerar que no precisa cambio alguno. Durante la pandemia han quedado claras sus insuficiencias, aunque también hayan aflorado sus fortalezas. Existe un amplio consenso entre los estudiosos acerca de que las reformas son absolutamente necesarias. Basta repasar las intervenciones ante la Comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica de 2021 y su dictamen para apreciar hasta qué punto es necesaria una estrategia y un programa de reformas que enderecen nuestro SNS.
Desde 2000 ningún ministro ha conseguido agotar la legislatura, y durante esta última fueron cinco los titulares
También ha sido insuficiente el liderazgo del Ministerio de Sanidad. La inestabilidad de sus responsables ha impedido acometer con continuidad proyectos importantes. Desde 1977 hasta 2023, 45 años, ha habido 28 ministros y ministras, incluida la recién nombrada. Desde 2000 ninguno ha conseguido agotar la legislatura, y durante esta última fueron cinco los titulares, de los cuales dos durante menos de un año y las otras tres apenas superaron los dos años.
La estructura orgánica del ministerio ha sido y es reducida, a pesar de que sus funciones son complejas y variadas, como hemos podido comprobar en una investigación recientemente publicada por Funcas. Es sintomático que solo dispusiera de Secretaría de Estado de Sanidad entre 1979 y 1981, aunque se ha recuperado en 2020 ante las necesidades de la pandemia. Durante casi tres décadas, salud y sanidad quedaron encomendadas a secretarios generales, que no forman parte de la Comisión General de Subsecretarios y Secretarios de Estado. Con los recortes de principios de 2012, sus direcciones generales se redujeron de ocho a tres, y, actualmente, siguen siendo menos que antes de la crisis financiera de 2008. Menos órganos suponen menos personal y medios para gestionar las mismas funciones.
Por otra parte, del Ministerio de Sanidad se han ido desgajando órganos clave para las políticas de salud durante los últimos 25 años. El Instituto de Salud Carlos III fue creado por la Ley General de Sanidad de 1986 como organismo de apoyo científico-técnico del ministerio y de las comunidades autónomas con una concepción muy moderna, configurándose como una agencia omnicomprensiva, no solo de investigación sino, y sobre todo, de prestación de servicios avanzados de salud pública, al estilo anglosajón.
En 2008, pasó al Ministerio de Ciencia, donde ha permanecido desde entonces sometido a una complicada coordinación interministerial. En la pandemia se puso de manifiesto la importancia que tiene para las autoridades sanitarias y para el SNS disponer de un organismo como el Instituto. La Agencia Estatal de Salud Pública, prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está pendiente de creación. Sus indispensables funciones podrían ser asumidas por un Instituto Carlos III reforzado y vinculado al Ministerio de Sanidad.
También fue desgajada la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que, creada en 1985, ha estado asignada a otros departamentos durante 20 años. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se atribuyó en 2020 al Ministerio de Consumo, a pesar de abordar problemas cruciales de salud pública como la obesidad. En todos estos casos se ignora que la salud pública es la misión fundamental de estos organismos, y que debe primar sobre otras funciones conexas.
El Ministerio de Sanidad sufre de problemas organizativos estructurales que repercuten negativamente en nuestras políticas públicas de salud
La escasez de personal al servicio del ministerio, sus reducidas retribuciones, la falta de garantía de su especialización y el envejecimiento de la plantilla son también graves. En 2008, 2014 y 2019 ha sido el ministerio con menos puestos de nivel 30 ―que corresponde al personal de mayor categoría en la Administración Pública―, con algunas excepciones, y hay elementos para pensar que esta situación ha empeorado después de la pandemia. Asimismo, las retribuciones de los altos cargos están en la parte media-baja de la distribución de los ministerios. Por último, se han ido desdibujando los cuerpos superiores de funcionarios especializados en sanidad desde las transferencias autonómicas de 2002. Todo esto a pesar de que es necesario contar con funcionarios altamente especializados y motivados para dar apoyo técnico de forma estable a los niveles políticos.
En conclusión, el Ministerio de Sanidad sufre de problemas organizativos estructurales que repercuten negativamente en nuestras políticas públicas de salud y asistencia sanitaria. Es el momento de poner remedio a esta situación ya que, para garantizar la solvencia de nuestro Sistema Nacional de Salud, es necesario contar con un Ministerio de Salud potente y dotar a sus responsables estatales de las herramientas imprescindibles.
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