Los obispos españoles llegan a una insólita cita con el Papa acorralados por el escándalo de la pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles se reúnen este martes con el Papa en el Vaticano y llegan en su peor momento, acorralados por el escándalo de la pederastia. La cita es insólita: Francisco ha hecho llamar a toda la Conferencia Episcopal Española (CEE), tanto los prelados en activo como los eméritos, más de un centenar en total, en una iniciativa sin precedentes. En principio, es para tratar sobre la inspección excepcional que Roma realizó este año en los seminarios españoles, pero fuentes episcopales afirman a este diario que la gestión de los abusos por la Iglesia española será probablemente el tema de fondo. “Tienen miedo. Saben que el Papa les puede dar un toque de atención”, dice una de estas fuentes. El rechazo de la cúpula de la CEE a los resultados del informe del Defensor del Pueblo —que estima que el 1,13% de la población adulta española ha sufrido abusos en su infancia en ámbitos religiosos, porcentaje equivalente a más de 440.000 personas— retrata al episcopado español como uno de los más negacionistas de la Iglesia católica en el escándalo de la pederastia.

Mientras que los obispos de otros países, como los franceses o los holandeses, acogen “con vergüenza” las cifras de los estudios demoscópicos y asumen la culpa, la Iglesia española arremete contra los resultados de la investigación oficial definiéndolos como “exorbitantes”. La convocatoria papal se produjo dos días después de que el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, atacara a los medios que habían calculado la cifra estimada de afectados, a quienes acusó de actuar “con la intención de engañar”, según escribió en X (antes Twitter).

Las declaraciones combativas de los purpurados españoles duraron hasta la semana pasada, cuando empezó su asamblea plenaria. Entonces volvieron a corregir el rumbo. Según fuentes eclesiásticas, los obispos interpretaron el discurso de apertura del nuncio vaticano, el filipino Bernardito Auza, duro con los abusos de menores, como una señal de atención desde la Santa Sede. Cuando concluyó la asamblea, el viernes, rectificaron posiciones que hasta ahora eran líneas rojas. En rueda de prensa el secretario general de la CEE, César García Magán, adelantó que la Iglesia española indemnizará a todas las víctimas que lo soliciten, incluso cuando el agresor haya fallecido —iniciativa a la que se había negado hasta ahora—, y la CEE publicó un vídeo de Omella en el que pedía perdón a las víctimas, se comprometía “a rendir cuentas ante ellas” y a ser más transparentes en sus investigaciones y procesos de reparación. Esto último también es una novedad en su discurso.

Fuentes de la CEE apuntan a que este cambio está condicionado por la visita a Roma. El día 18, el Papa volvió a ser muy severo en un discurso público con las posturas que buscan minimizar el escándalo: “Ningún silencio u ocultación puede ser aceptado sobre el abuso. Esto no es negociable”. Al propio portavoz de los obispos le preguntaron en rueda de prensa si viajaban a Roma “con temor”. Respondió que no, aunque admitió que esta convocatoria “no es algo que ocurre todos los días”.

El episcopado español también aterriza en Roma con una cuestión sin resolver: el encubrimiento. En España, al menos 63 obispos están señalados de encubrir, silenciar, tapar o proteger a clérigos acusados de pederastia desde los años cuarenta, según ha podido acreditar este diario a través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas. Pese a estos números, García Magán ha asegurado que hoy por hoy no conoce ningún caso enjuiciado, ni penalmente ni canónicamente.

De todos los prelados acusados de encubrir o tapar abusos, 31 siguen vivos y 11 están en activo. De los citados por el papa Francisco, siete ocupan un alto cargo en la CEE. Un ejemplo es su vicepresidente, el cardenal y arzobispo emérito de Madrid Carlos Osoro, que admitió en una entrevista a este diario que desoyó un caso cuando era arzobispo de Oviedo en 2002. Ha sido el único obispo español que lo ha reconocido. Sobre los demás, la Iglesia guarda silencio. Una víctima del mismo caso volvió a intentarlo 13 años después cuando el obispo ya no era Osoro, sino Jesús Sanz, actual titular de la diócesis y miembro de la comisión ejecutiva de la CEE. La mujer le escribió una carta pidiéndole ayuda. Sanz se citó con ella y le dijo que era la palabra del cura acusado contra la suya. No abrió ninguna investigación como le obliga la ley canónica. Sanz también es acusado por otra víctima que en 2012 le escribió contando su caso sin lograr que le atendiera. Tampoco apartó al sacerdote acusado ni le abrió un proceso canónico. La archidiócesis de Oviedo se ha negado reiteradamente a dar una explicación sobre estos dos casos.

El propio portavoz de la CEE, César García Magán, que es obispo auxiliar de Toledo, tiene en su diócesis un caso, destapado por este diario, del que se ha negado siempre a dar explicaciones. Se trata del que afecta al cura Pedro Francisco Rodríguez Ramos, condenado en 2023 a siete años de cárcel por abusar de un menor en el seminario de Toledo entre 2005 y 2007. La sentencia considera probado que el entonces obispo de la capital toledana, Braulio Rodríguez, conoció el caso durante al menos 12 años sin tomar medidas ni atender a la víctima, antes de apartar al cura en 2021. También su sucesor, Francisco Cerro, actual obispo de la capital manchega, con la investigación ya abierta en los tribunales, envió al cura algunas temporadas a Perú y lo nombró miembro de la vicaría para el clero. La víctima, de hecho, ha presentado una denuncia en el Vaticano para que investigue las negligencias y el posible encubrimiento del caso por parte de la archidiócesis de Toledo.

La convocatoria este martes de la CEE al Vaticano es algo insólito y casi sin precedentes. Especialmente si se tiene en cuenta que la cúpula de los prelados ya fue convocada en enero de 2022 a una visita ad limina, el viaje que hace cada cinco años el episcopado de cada país para encontrarse con el Papa. La presencia de Francisco, que estos días ha tenido que cancelar algunas audiencias por un estado febril sin gravedad, debería limitarse a una breve reunión para una oración —quizá en su propia residencia de Santa Marta— y a algunas palabras. No está claro si el Pontífice querrá ir más allá del asunto de las inspecciones a los seminarios que realizó el Vaticano —dos auditores los recorrieron entre los meses de febrero y marzo de 2023 con el encargo del papa Francisco de analizar su estado— o tocará temas como los escándalos de abusos y la comisión de investigación abierta por el Defensor del Pueblo. Pero dada la coincidencia temporal, algunas fuentes consultadas opinan que será uno de los asuntos que querrá tocar el Papa. En cualquier caso, sus intenciones no han trascendido.

Casi nadie en la Santa Sede recordaba algo parecido sin remitirse al escándalo que protagonizaron los obispos chilenos en 2018, cuando Francisco los convocó y terminó provocando la dimisión de toda su cúpula. La situación es completamente distinta, pero el Papa les citó entonces en el Vaticano después de los casos de abusos y encubrimientos que provocó una gran onda expansiva y terminó dando un vuelco a la política de la Santa Sede en este asunto. El Papa tenía entonces en mente una gran limpieza en el episcopado chileno, y comenzó a coger forma con aquella visita. Después de los encuentros privados que mantuvo el Pontífice los tres últimos días con los obispos del país sudamericano en el Vaticano para depurar responsabilidades, llegó el anuncio. Como medida inmediata, todos los obispos del episcopado chileno presentaron su renuncia en bloque y pusieron sus cargos a disposición de Francisco para que decidiese con respecto a cada uno de ellos.