El Obispado de Málaga se personará como acusación particular en la causa contra el sacerdote acusado de agresiones sexuales

El Obispado de Málaga ha anunciado hoy que se personará como acusación particular en la causa judicial abierta contra el sacerdote detenido por la Policía Nacional en Vélez-Málaga por varias agresiones sexuales. La diócesis malagueña asegura que lo hace como perjudicada y que su objetivo es “contribuir al esclarecimiento de los hechos”. De manera paralela, la institución ha comenzado ya el procedimiento para la expulsión del cura del estado clerical conforme a la normativa canónica.

La policía anunció este lunes la detención de Francisco J. C. acusado de cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad después de que su pareja presentara en comisaría unas imágenes donde se le ve realizar “todo tipo de prácticas sexuales”, según fuentes policiales, a una serie de mujeres semidesnudas y previamente sedadas. Se encontraban tan inconscientes que cuando acudieron a declarar ni siquiera sabían que habían sido víctimas de un delito. El arrestado, de 34 años, permanece en prisión preventiva.

La reacción de la Diócesis de Málaga se produce cinco días después de que la Policía Nacional enviase una nota de prensa para comunicar la detención del hombre, que fue ordenado sacerdote en junio de 2017 y había sido asignado a la iglesia de Santa María Micaela en Melilla, donde residía hasta principios de este año, en 2021.

El arresto se produjo después de que su pareja acudiera en enero a la vicaría de la Ciudad Autónoma para confesar su relación con el padre Francisco y, también, según fuentes policiales, para avisar de que tenía unos vídeos sexuales en los que él era protagonista y que podrían ser delito. La iglesia —que asegura que animó a la mujer a denunciar pero que ésta no les había contado la existencia de las imágenes hasta meses más tarde— tomó entonces la decisión de trasladar al ahora arrestado hasta Málaga. En primavera le designó como colaborador de las iglesias de El Burgo y Yunquera, dos pequeñas localidades de la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga.

Este mismo lunes el Obispado de Málaga envió un comunicado. Decía sentir “profundamente del daño que esta situación implica” y subrayaba “su condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso de la mujer”. Fuentes de la organización añadían por la tarde que se le iban a retirar las licencias ministeriales para que no pudiese ejercer el sacerdocio. Y el martes, en otro texto subido a la web de la Diócesis —de donde fueron eliminadas todas las entradas relativas al sacerdote detenido— confirmaban dicho paso y añadían que durante sus años en el Seminario de Málaga, donde ingresó en 2013, no había rastro de “los problemas de los que ahora se le acusa”.

Ahora la Diócesis malagueña ha afirmado que “con el propósito de permanecer al lado de las víctimas” y con la intención de poner “todos los medios a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos” ha resuelto personarse como perjudicada en la causa abierta contra el sacerdote y que lo hará en calidad de acusación particular.

Para tomar dicha decisión, aseguran, han valorado “el grave perjuicio causado”. Y por eso han trasladado al procurador del obispado que presente la documentación “a la mayor brevedad” ante el juzgado que instruye el caso, que es el de primera instancia e instrucción número 2 de Vélez-Málaga. A su vez, el Obispado de Málaga ha comenzado ya el procedimiento que le permitirá expulsar del estado clerical al acusado. “Esperamos que estas acciones contribuyan a la investigación y al bien de los fieles cristianos al tiempo que se esclarece la verdad de los hechos”, sentencian en el comunicado subido este viernes a su página web.