Cuatro meses de ‘ley trans’: “Me da seguridad y refuerza mi identidad. Ya no somos personas enfermas”

Hace cuatro meses, Lucía Sobral llegaba a la oficina del Registro Civil de Madrid para cambiar el sexo en su DNI. A los cinco minutos salía de allí “contenta y aliviada”. Daba el primer paso para que sus documentos oficiales expusieran la realidad. Primer paso posible gracias a la conocida como ley trans, en ese momento recién aprobada por el Ministerio de Igualdad y que, ahora, en plena precampaña electoral, la derecha amenaza con derogar.

La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos LGTBI tuvo, desde el principio, un camino complicado que generó una enorme división en el Parlamento, en el Ejecutivo y en el movimiento feminista. El principal motivo era el reconocimiento de la autodeterminación de género, la posibilidad de cambiar el sexo en el DNI sin ningún requisito distinto de la libre voluntad de la persona, sin necesidad de pasar por dos años de hormonación ni un examen psiquiátrico.

A pesar de las disputas, la ley se acercaba a los estándares éticos de la OMS, que retiró ya en 2018 la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Además de la despatologización y la autodeterminación, la ley incluye numerosas medidas de protección de los derechos del colectivo: la prohibición de las terapias de conversión, el acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para las mujeres lesbianas, bisexuales y aquellas sin pareja, y la filiación de los bebés para mujeres no casadas, entre otras. Entró en vigor el 28 de febrero de este año y, ahora, las personas del colectivo LGTBI observan, impotentes, cómo regresa al debate público.

Sobral volvió, hace más o menos mes y medio, a las oficinas del Registro Civil para firmar otro papel y ratificar su decisión. “Hace poco me llegó la carta que constata que el cambio en el certificado de nacimiento ya está hecho”, explica, esta vez por teléfono, la joven canaria de 20 años. Marta Alonso también ha ido a confirmar el cambio. Ella está esperando a que la ansiada carta llegue a casa en unos días. “Hasta la aprobación de la ley, se nos consideraba personas enfermas. Estábamos a merced de lo que los profesionales médicos que nos tocasen exigiesen, en un limbo”, dice Alonso, haciendo referencia a los informes médicos de disforia de género obligatorios antes que entrara en vigor la ley trans para modificar el sexo en la documentación y los dos años de hormonación que eran necesarios. La joven, que tiene 22 años y vive en Vigo, hubiera tenido que esperar, cuenta, hasta enero de 2024 ―por ese tratamiento― para poder modificar el sexo registral.

Sin embargo, la ley cumple para ambas una función más fundamental y determinante que la de cambiar el sexo en el DNI: la de legitimar su existencia. “Legislar es vital. Ahora voy mucho más tranquila por la calle, porque como el Gobierno reconoce la autodeterminación, como hay una ley estatal que la recoge, como soy una mujer bajo toda posible definición, es más fácil ir a cualquier parte. La gente está obligada a respetarte”, cuenta Sobral. La aprobación de la ley supuso para ambas un gran alivio. “Fue una alegría tremenda. Me proporciona seguridad y refuerza mi identidad. Ya no somos personas enfermas, no tenemos que hacer esfuerzos extra para probarlo”, asegura Alonso. No solo para ellas. “También hizo sentir más segura a la gente que me quiere y se preocupa por mí, como mi familia. Porque la discriminación ha quedado fuera de la ley, fuera de lo socialmente aceptable”, expresa la joven canaria.

¿Cómo se puede sentir una madre a la que le tiran a su hijo a la basura?”

Encarni Bonilla

Encarni Bonilla es madre de un niño trans que acaba de cumplir 12 años. En enero de 2022, el menor pudo verbalizarlo y se lo contó a sus padres. Viven con frustración, pena y rabia los debates y discusiones continuas que se dieron en torno a la aprobación de la ley, y también los que vuelven a darse ahora. “Nadie puede entender qué mal le hacen nuestros niños a la sociedad. No es comprensible que no se le reconozca su identidad. Ellos no eligen ser trans. No le hacemos daño a nadie”, expone. “Han metido a nuestros hijos en medio de una pelea política, se lanzan el balón unos a otros, como si no estuvieran jugando con derechos humanos. Imagina cómo se puede sentir una madre o un padre a los que les tiran a su hijo a la basura”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró a principios de este mes que, si fuera elegido presidente del Gobierno, derogaría la ley trans. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó esta semana que la modificación de la ley trans autonómica, a petición de Vox, ya está redactada y entrará en vigor antes de que acabe este año.

Para Sobral, es solo palabrería electoral. “Lo que realmente me asusta es que esto vuelva a ser tema de discusión política nacional, y que el debate envalentone otra vez a la gente reaccionaria”, expresa. A Alonso, que los derechos de las personas trans vuelvan a estar en la agenda política, que se cuestione su existencia, también le genera mucha sensación de desamparo. “Hay una parte de los sectores políticos a los que no les importamos, y parece que nos usan como moneda de cambio”, dice.

Me asusta que el debate envalentone a gente reaccionaria”

Lucía Sobral

A Bonilla le preocupan las consecuencias directas que pueda tener el ruido en el debate público. Que los discursos políticos sobre las personas trans generen violencia y discriminación en la calle y en el aula. Que, de tanto escuchar que se pone en duda el género de su hijo, sus compañeros de clase piensen que pueden ponerlo en duda también. Discriminarlo, insultarlo o atacarlo impunemente. “A mí no me da miedo el señor Feijóo ni me da miedo lo que pueda hacer la señora Ayuso. A mí me asusta que nuestros hijos no puedan seguir desarrollándose libremente y corran peligro. Eso es lo que me da miedo”, expresa.

Los ataques a los que se refiere Bonilla no son acontecimientos lejanos ni casos del pasado. Esta semana, en una residencia de estudiantes de Málaga, apareció un cartel homófobo que ofrecía 20 euros por cada “enfermo capturado”, y que hablaba de “mes de la caza” y “epidemia homosexual”. “Esto no es ninguna tontería. Cuando un político puede frivolizar y hacer mofa de una población vulnerable como nuestros hijos, como si fueran ciudadanos de segunda clase, hacen que aumenten los delitos, las agresiones, la discriminación. Pero, además, están provocando un enorme retroceso social en la mentalidad”, continúa la madre.

Que la sociedad es diversa es una realidad, y las leyes deben atender a la diversidad”

Marta Alonso

De este retroceso, señala, no solo debería tener miedo la comunidad LGTBI, sino el conjunto de la población. “Aunque modifiquen la autodeterminación en la ley estatal, aunque cambien la ley de la Comunidad de Madrid, aunque cambien las otras 14 leyes de las comunidades de autónomas, nuestros hijos no van a desaparecer. Van a seguir ahí, y van a tener que escucharnos y aguantarnos, porque seguiremos existiendo. Es absurdo negarse a la diversidad”, condena, tajante, Bonilla. Alonso incide: “Vivimos en una sociedad que no está unificada ni es hegemónica, con muchos grupos diferentes. Que la sociedad es diversa es una realidad, y las leyes deben atender a la diversidad”.

Aun así, Sobral y Alonso mantienen intacta la esperanza. “La gente tiene que entender que el hecho de que un colectivo como el LGTBI gane derechos no supone que otros los estén perdiendo. Que una pareja de chicas se pueda casar no significa que una heterosexual no pueda casarse. Yo no estoy impidiendo que exista el resto de las personas cis [quienes se sienten identificadas con su sexo anatómico] porque yo necesite hacer una transición”, dice Alonso. “Yo creo que la mejor forma para que la gente entienda por qué esta ley es importante es simplemente que vean personas trans, personas LGTBI, que interactúen con ellas. Cuando conoces a alguien y ves la realidad, es mucho más difícil pensar cosas malas de ellos o caer en los bulos”, sentencia Sobral.