La familia condenada por violar durante seis años a una niña del pueblo lucense de Baleira sigue en libertad

Manuel F.R., su hermano menor Fernando F.R. y la esposa del primero, Silvia F.F., fueron condenados el mes pasado por la Audiencia Provincial de Lugo a tres años de prisión y cinco de libertad vigilada por abusar sexualmente, de forma continuada a lo largo de seis años, de la hermana pequeña de la acusada. En Baleira, el pueblo de la montaña lucense donde se perpetraron las violaciones, la conmoción inicial por unos hechos desconocidos para todos se ha ido transformando, desde hace casi un mes que saltó la noticia, en indignación para unos e incredulidad para otros. Y ya no tanto por el suceso en sí, que provocó una manifestación de repulsa de la pederastia ante el Ayuntamiento, como por los tiempos judiciales. Los autores de los abusos —que según el fallo se prolongaron desde que la menor tenía siete años hasta que quedó embarazada de su cuñado a los 13— no han ingresado todavía en prisión y, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, está aún en trámite la ejecución de la sentencia. Estos dilatados plazos permiten que los condenados sigan con su vida habitual, conviviendo con dos niños de 2 y 9 años en la casa familiar, respecto a los que no se han tomado medidas cautelares.

La sensación de normalidad es tal que, según describen varios vecinos, familiares muy próximos a los condenados extienden por el pueblo la idea de que “todo fue un invento de la prensa”, a pesar de que reconocieron las violaciones ante el tribunal en Lugo. De ahí que algunos empiecen a dudar de una noticia que, según el alcalde, Ángel Enrique Martínez-Puga (PP), “cayó como una bomba” en Baleira, un pueblo de 1.158 habitantes.

Inicialmente, la pena que reclamaba el ministerio público era de 11 años para cada uno de los autores, además de siete de libertad vigilada. Pero el castigo se redujo a la mínima expresión el día 17 de enero gracias al acuerdo de conformidad al que llegaron los acusados con la Fiscalía y la acusación particular (la víctima, ahora de 21 años) antes de que se celebrasen los tres días de juicio fijados por la Audiencia de Lugo. Los condenados, cuyos abogados pedían previamente la libre absolución, reconocieron en la Audiencia todos los delitos a cambio de la notable reducción de pena. La víctima fue abusada y violada por Fernando y por Manuel, esposo de Silvia, hermana mayor de la niña. Todos convivían en la casa familiar de la aldea de Vilaselle. La pequeña se quedó embarazada en 2015, sufrió una gestación muy difícil y dio a luz, ya con 14 años, en abril de 2016.

La Xunta de Galicia acabó entregando el bebé en adopción y haciéndose cargo de la menor, que ingresó en un centro tutelado, aunque cada 15 días regresaba a casa de visita. En la vivienda de los horrores no solo estaban la hermana que reconoció instigar las violaciones, y su esposo, sino los progenitores de la víctima y la acusada. El padre ya falleció, pero la madre de la niña sigue actualmente compartiendo hogar con los condenados y los vástagos, niña y niño, de este matrimonio.

Según recoge el fallo judicial, dictado el 23 de enero a partir del polémico acuerdo con la Fiscalía, tras las pruebas de paternidad se concluyó que el recién nacido era hijo del cuñado de la niña, que se había sumado a los abusos con penetración de Fernando sobre la menor cuando esta ya tenía 11 años. La Audiencia describe que Manuel empezó a abusar de la cría en el momento en que su esposa se quedó embarazada también de él. La sentencia de la sección segunda, dictada por los magistrados Edgar Amando Cloos, María Luisa Sandar y Ana Rosa Pérez Quintana, relata que la víctima, con 13 años, “llevó adelante el embarazo en total soledad” y dio a luz “sin apoyo familiar”.

Aunque la niña se marchó de Baleira al intervenir la Xunta tras el parto, el matrimonio responsable de los abusos siguió trabajando y participando de las fiestas de Baleira como si nunca hubiera pasado nada. Nadie sabía que el parto de la pequeña (que sí llegó a trascender) era el desenlace de las repetidas violaciones sufridas en su infancia. La condenada, además, trabajaba hasta el acuerdo de conformidad con la Fiscalía como monitora en el autobús del colegio público de Baleira, una actividad para la que es necesario un certificado que demuestre que la persona no está involucrada en delitos de naturaleza sexual. La Xunta de Galicia explica que las responsables de hacer estas comprobaciones son las empresas concesionarias de transporte escolar.

En enero, la Consellería de Política Social reconoció a EL PAÍS que este departamento de la Xunta que vela por los menores no había recibido, en los siete años que estuvo la causa varada en la Justicia, “ningún tipo de comunicación por parte de ningún juzgado para la adopción de medidas cautelares” con respecto a la hija (ahora de nueve años) y el hijo nacido más tarde, que conviven aún hoy con estos condenados por delitos sexuales. El alcalde de Baleira explica ahora que, tras salir a la luz pública este caso atroz, el Ayuntamiento sí ha “comunicado la situación de estos niños” al departamento de menores del Gobierno autónomo, que es el que tiene “las competencias”.

Los acusados, castigados por delitos de abusos a una víctima menor de 16 años y por instigarla a mantener esas relaciones, tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante seis años. Este pacto confirmado por la Audiencia Provincial tuvo en cuenta que los condenados indemnizaron a la joven abusada con 50.000 euros y que hubo dilaciones indebidas. El procedimiento se inició en 2016 en el juzgado de A Fonsagrada y sufrió un largo parón desde 2017.

Después de trascender la noticia, en O Cádavo, núcleo principal de Baleira, hubo una concentración vecinal y un pleno extraordinario para mostrar el apoyo a la víctima y la condena de la pederastia. Además, el pasado día 2, la Plataforma Feminista de Lugo organizó una protesta ante la Audiencia para clamar contra la “justicia patriarcal”. Allí, colectivos como Impunidade Carioca recordaron que no es el primer caso de penas “irrisorias” por delitos contra la mujer en la provincia. En la mayor investigación contra el proxenetismo que ha habido en España, la Operación Carioca, quedó sin castigo la explotación sexual de dos menores de edad en un club célebre por sus “pases” sin preservativo, y las penas fueron testimoniales cuando se juzgó la inducción al aborto, bajo amenaza y sin anestesia, de una joven víctima de trata. El 1 de febrero, la asociación Si, Hai Saída solicitó al ministerio público una investigación sobre la “injustificable e incomprensible paralización” de la causa de Baleira durante años. Pide que se “depuren responsabilidades”.