Esperanza vive escondiéndose del hombre que fue su pareja durante más de 20 años. Aterrorizada. Impotente. Decepcionada.
Teme que les haga algo a sus dos hijos menores y quiere que quede constancia de la indefensión que ha sentido en su periplo judicial.
Contacta con EL PAÍS desde su refugio secreto. Entrega el historial de su lucha por sobrevivir a la violencia machista, un completo dosier de atestados policiales, informes sociales y forenses, declaraciones judiciales, autos y sentencias.
Vive escondiéndose del hombre violento que fue su pareja durante más de 20 años y del que logró huir una mañana del confinamiento. Salió a la calle descalza y con sus dos críos, decidida a no mirar atrás. Logró a duras penas superar la angustia y el vértigo y emprendió una lucha en los tribunales contra dos décadas de vejaciones y amenazas de muerte. Hoy sigue aterrorizada. Impotente. Decepcionada. Contacta con EL PAÍS desde su refugio secreto, ubicado en uno de los 313 municipios de Galicia. Teme que en cualquier momento su exmarido, que pasó años en prisión por tentativa de asesinato contra otra persona, dé con ella y la mate. O que les haga algo a sus dos hijos menores. Por eso, quiere un notario de su historia. Para que quede constancia pública de la indefensión que ha sentido en su periplo judicial por culpa de un sistema que, denuncia, incurre en contradicciones. “Va a venir a por los tres, pero no hay justicia que nos defienda. Está demostrado que este hombre es peligroso, pero yo vivo indefensa con dos niños que han sufrido malos tratos”, clama Esperanza, nombre supuesto que ha elegido ella para que nadie la pierda cuando escuche su mensaje.
El día de su liberación, Esperanza y sus niños fueron interceptados por la policía en la calle en estado de shock. La maquinaria de asistencia a víctimas de violencia machista se puso en marcha sin dilación, nadie se planteó poner en duda su sufrimiento. Durmieron en una casa de acogida durante seis meses y el sistema VioGén declaró su caso de “especial relevancia”, calificando de alto el riesgo en el que estaban ella y sus niños. Para su desesperación, ni esa valoración ni los informes forenses y sociales que coinciden en apreciar el peligro han evitado que el caso haya sido finalmente archivado y que, hasta en cuatro ocasiones, los tribunales le hayan negado una orden de alejamiento.
Esperanza entrega a este periódico el historial de su lucha por sobrevivir a la violencia machista, un completo dosier de atestados policiales, informes sociales y forenses, declaraciones judiciales, autos y sentencias. Dos años de burocracia que empezaron la mañana del confinamiento en que, por primera vez, consiguió escapar de su casa durante uno de los habituales estallidos violentos de su entonces marido. Al pisar la calle, sin zapatos y con lo puesto, su hijo le susurró: “Mamá, por fin logramos escapar”. Se propuso no volver jamás.
Los miedos de Esperanza y sus hijos hacia el hombre con el que convivían quedaron registrados oficialmente incluso antes de aquella mañana en que abandonaron su vivienda dejando allí todas sus pertenencias. La familia ya había sido atendida hacía unos años por los servicios sociales de su Ayuntamiento debido a los problemas económicos que arrastraba. Un informe municipal acredita que la mujer relató ya entonces los episodios de agresividad de su marido, y el niño tuvo que ser atendido por un psicólogo del programa de menores víctimas de violencia. Esperanza cuenta a este periódico el régimen de terror psicológico al que estaban sometidos: su exmarido los encerraba en habitaciones a los tres y los amenazaba con objetos cortantes. Eso sí, no dejaba apenas rastro físico de sus agresiones: recuerda dos puñetazos y habituales “empujones”. Y el miedo.
Las dos trabajadoras sociales que los asistieron por aquel entonces intuyeron el infierno que habitaban, pero no consiguieron que Esperanza diera el paso para salir de él. “El hijo más pequeño tenía mucho miedo. No quería ir a clase, le dolía la barriga… No quería dejar sola a su madre en ningún momento”, explica una de las funcionarias. Ellas también conocieron al padre: “Nos llamó la atención la agresividad con la que la trataba, incluso delante de nosotras”. Ambas fueron varias veces al colegio de los críos. Allí ya les desvelaron que los pequeños contaban que dormían a veces en el local del negocio familiar “para no estar con papá”.
En la primavera de 2020 se produjo el primer estallido violento del que Esperanza y sus niños, de entonces 11 y 9 años, pudieron escapar. Huyeron descalzos, sin lesiones físicas, pero destrozados psicológicamente. Fueron interceptados por la policía cuando vagaban por la calle y atendidos de urgencia en el centro municipal de información a la mujer. “A la niña la cubrí con un fular grande que tenía por aquí”, recuerda con tristeza una de las funcionarias de servicios sociales.
El equipo que los atendió en este centro municipal, formado por una abogada, una psicóloga y dos trabajadoras sociales, acumula casi 20 años de experiencia en violencia de género. No se explican cómo los tribunales no han dado credibilidad al testimonio de Esperanza. El día de la huida escucharon el terrible relato de boca de los pequeños y en ausencia de la madre: “Nos contaron las amenazas de muerte que les lanzaba su padre. Y repetían que era la primera vez que conseguían escapar”.
Esperanza acabó con sus pequeños en una casa de acogida y, pasados unos días, consiguió superar el terror a presentar denuncia. Relató sus años de maltrato a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios sociales, a las trabajadoras de la casa de acogida, al equipo forense de la Xunta y, por supuesto, al juzgado. Como ocurrió en pleno confinamiento, esta última declaración fue por videoconferencia y resultó muy fría. “Las condiciones fueron muy limitantes”, lamenta su abogada.
En la casa de acogida, su hijo contó a la psicóloga detalles del maltrato de su padre que Esperanza desconocía: “Lo encerraba en una habitación y le decía ‘voy a matar a tu madre’. Yo no sabía ni la mitad de las cosas que les estaba haciendo”. De la Administración recibió ayudas y asistencia para encontrar un trabajo. Un agente de las fuerzas de seguridad especializado en violencia de género también la asistió. De esta parte del sistema, afirma ella, no tiene queja.
Pronto llegó la primera decepción. El primer juzgado que abordó su denuncia le denegó una orden de alejamiento de su entonces marido hacia ella y sus hijos, una decisión que a Esperanza le causó un profundo desamparo. ¿Cuáles fueron las razones esgrimidas para tal negativa? El auto aduce que el día que lograron huir de su verdugo él no llegó a provocarles ninguna lesión física; que no presenta pruebas de su relato de maltrato continuado; y que el riesgo valorado por la policía o la Guardia Civil no tiene por qué ser asumido por los tribunales. El recurso a esta decisión judicial ante la Audiencia Provincial fue rechazado. La causa fue vista por otro juzgado, pero este volvió a negar medidas de protección. “La [segunda] jueza estaba atada a la resolución de la Audiencia, porque en ese tiempo no ocurrió nada nuevo”, interpreta la abogada de Esperanza.
Tras alegar a lo largo del procedimiento falta de testigos o partes médicos, el juzgado archivó finalmente la causa. No se tuvo en cuenta el informe forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que detectó en Esperanza un estado psicológico compatible con haber vivido “una situación de maltrato prolongada en el tiempo”. Los expertos, en sus conclusiones, no descartaban que se pudiera producir una nueva situación de violencia contra ella y los niños y recomendaban “medidas de protección”. Sus consejos no fueron escuchados.
Unos meses después, Esperanza denunció a su expareja por seguimientos. Él ha estado merodeando la zona por la que se mueven los niños y un día se lo encontró. El miedo que nunca se ha ido cogió fuerza. Acudió de nuevo a los tribunales para pedir una orden de alejamiento por el “enorme sufrimiento” que este comportamiento les provoca a los tres, pero como el caso por violencia machista ya estaba cerrado, no se le concedió: “Me siento totalmente impotente y la policía también, porque si no hay una orden de alejamiento, aunque él se me acerque, no pueden hacer nada”.
El año pasado, para ir a trabajar, recorría 20 kilómetros diarios, aunque su puesto estaba solo a 7, para evitar “ciertas zonas”: “Cuando salgo de noche de trabajar, estudio bien por dónde voy. Si veo que un compañero que sale conmigo va por un lado, voy detrás para no ir sola. Nunca voy por el mismo sitio. Aparco y voy rezando el rosario hasta casa. Yo vivo así. Mis hijos apenas tienen vida social. Todo para evitar que él dé con nosotros y poder vivir tranquilos”.
Los tribunales le han denegado cuatro veces las medidas de protección. Todo ello pese a que, cuando escapó de su casa, las fuerzas de seguridad valoraron el riesgo como “alto”, tanto para ella como para los críos. Y aun cuando los médicos forenses y servicios sociales acreditaron en sus informes que los pequeños sentían terror del padre y que la madre pasó años relatando episodios de violencia antes de atreverse a ir a una comisaría. Esperanza siente que ha estado “luchando contra una pared”, que la escuchan cuando pide ayuda, pero “no resuelven nada”. “Para su gran suerte, la Administración sí le ha dado protección. Si no, hubiera quedado totalmente desamparada”, subraya su letrada.
Mientras se instruía la denuncia por violencia machista sin orden de alejamiento, Esperanza tuvo que esperar dos años por la sentencia de divorcio. Los trámites para poner fin a la relación son considerados un periodo de especial riesgo por los expertos. El fallo del procedimiento civil llegó con su marido ya exculpado de maltrato, pero su contenido choca con el resultado de la vía penal: niega al padre la comunicación y las visitas con sus hijos porque considera acreditado, por la exploración judicial y las declaraciones de los niños, el “temor” que sienten hacia él. La abogada de Esperanza destaca lo “extraordinario” de esta resolución judicial, ya que descarta que los críos vean al progenitor sin ninguna condena o denuncia por maltrato en marcha.
“Si penalmente no ha pasado nada, ¿cómo es que por la vía civil no se le permiten visitas al padre ni en un punto de encuentro controlado?”, se pregunta la psicóloga que atiende a Esperanza en el centro de atención a la mujer. La abogada del equipo concluye que la sentencia de divorcio “da credibilidad” al trabajo de los servicios sociales, “pero no en el momento procesal adecuado, tenía que haber sido antes”. En el centro de atención a la mujer lamentan que los juzgados de lo penal no hayan tenido en cuenta sus informes “hechos a conciencia”, y confiesan su “frustración”. “Es un caso flagrante en el que hemos trabajado mucho y en equipo, porque también afecta a niños. Y tenemos la sensación de no haber podido dar solución porque lo ha frustrado el sistema. No se ha acompañado el sufrimiento de la víctima”.
Esperanza se queja amargamente de que ha cumplido con todo lo que el sistema le pide y que, aun así, no ha obtenido protección ni para ella, ni para sus dos hijos menores. Le costó muchos años, pero acabó denunciando a su maltratador. También relató cuantas veces fue necesario esos más de 20 años que pasó aislada, bajo el férreo control de un hombre con antecedentes por tentativa de asesinato, amenazada y tratada a empujones.
Ha desechado la idea de coger a sus hijos y salir huyendo como Juana Rivas para no incurrir en un delito: “He hecho todo dentro de la legalidad. Podía haber cogido a mis hijos y haberme largado a la otra punta. En la casa de acogida la psicóloga, después de hablar con mis hijos, dijo que consideraba que estábamos en un riesgo muy alto. Y me aconsejó que nos trasladásemos fuera de Galicia. Mi familia me dijo que estaba loca porque estaba cometiendo un delito”.
Esperanza siente alivio por el hecho de que a su exmarido se le hayan negado las visitas a los niños. Pero el miedo sigue ahí. “Yo estoy totalmente segura de que va a ir a por mí”, confiesa. “O ahora o después”.
