El bar del pueblo contra el cura: “Si la iglesia se lo ha apropiado, es que no existe el séptimo mandamiento”

El padre de Alfonso y José Manuel Serrano puso el carro para llevar piedras. Otros echaron jornales gratis. Y así muchos otros habitantes del pueblo de Topares (250 habitantes), en la comarca de los Vélez, en Almería, pusieron cada uno lo que tenían o sabían hacer. Era 1958, y junto a la iglesia había un terreno del pueblo, sin dueño, en el que los topareños decidieron construir un local social. Cien metros cuadrados que han servido para reuniones, funciones de teatro, rondallas, etcétera. En un pueblo en el que entonces no había ayuntamiento, la obra y sus costes corrieron a cargo de la institución que, a falta de otras, desde siempre ha funcionado como gestora y promotora social, la Hermandad de las ánimas, fundada en 1893.

Durante estos más de 60 años, la hermandad ha gestionado el local sin sobresaltos, hasta que en agosto de 2021 saltó la sorpresa cuando el cura, don Miguel, le pidió a su presidente, Alfonso Serrano, las llaves del local. Según le dijo, el local era del obispado. Han pasado seis meses y las llaves siguen donde han estado siempre, pero la situación está cada vez más enconada. Tras la petición del párroco, Alfonso Serrano se fue en busca de un abogado que le recomendó que acudiera al Registro Civil. Alfonso muestra la nota simple que indica que el 3 de abril de 2014 fue adquirida por inmatriculación por el obispado de Almería gracias, precisamente, a un certificado expedido por el obispado de Almería. El documento dice que el inmueble está destinado a “salón parroquial y otros usos religiosos”. Los lugareños explican que ahí nunca se han celebrado ritos religiosos. De hecho, además de los diferentes acontecimientos sociales del pueblo, que incluyen mítines políticos de todo color, el local es la sede de uno de los dos bares de la localidad.

En verano del año pasado, la familia que llevaba el bar se retiró y la hermandad buscó a otra para que atendiera el negocio. Cuando la nueva gerencia estaba a punto de hacerse cargo del mismo, entró en acción el obispado. El precio del alquiler, cuenta Serrano, ha sido siempre el dinero necesario para pagar la limpieza de la iglesia. “Es que todo el dinero que de un modo u otro ha recaudado la hermandad ha ido siempre a la iglesia o al cementerio, que es también parroquial”, explica Serrano. Por eso, la petición del cura ha dejado al pueblo desencajado. Y las formas. El presidente de la hermandad lo recuerda así: “Si no me das las llaves y metes a alguien, te mandamos a la Guardia Civil”. Y de hecho, como recuerda Pedro Pérez-Hita, alcalde pedáneo de Topares ―pedanía de Vélez Blanco, a 38 kilómetros―, la Guardia Civil ha acudido al local “al menos una vez cada 10 días. Y también inspectores de sanidad y de trabajo. Todos vienen y piden papeles y papeles”. Finalmente, aunque las llaves del local siguen en manos de la hermandad, la familia que llevaba el bar desde el verano, asfixiada por las visitas de unos y otros y por los problemas, ha dejado el negocio y el pueblo y ha regresado por donde vino.

José Manuel Serrano Marín, un vecino, está ofendido con la actitud del obispado. Con 70 años, pertenece a la hermandad desde los 11 y considera indigna su actitud. “La iglesia siempre ha tratado al pueblo de rebaño, y está bien, pero no vamos a ser borregos. El salón es del pueblo y si la iglesia se lo ha apropiado, es que no existe el séptimo mandamiento [no robarás]”, dice. El obispado, por su parte, ha remitido a este periódico un comunicado hecho público en su web y firmado por el vicario general, Ignacio López Román. La nota arranca con que “vencer no es suficiente”, sino que hay que convencer. En él, insiste en que el local es propiedad de la parroquia y que la hermandad lo “alquila a otras personas sin la aprobación expresa del obispado” y habla de que figura en el catastro a su nombre desde 1993. En el pueblo nadie sabía nada. El vicario admite que lo construyó el pueblo, pero no cede la propiedad: “Es algo habitual que sean los vecinos de los pueblos los que colaboran en la construcción y mantenimiento de los templos y de los salones parroquiales; pero siempre se hace con el conocimiento y visto bueno de su titular, que es el obispado, aunque siempre serán destinados al uso y disfrute de los vecinos y de cuantos forman parte de la comunidad parroquial”.

Retirada de la denuncia

Desde el verano hasta diciembre, la relación se mantuvo con cierta tranquilidad. En diciembre, sin embargo, hubo un giro de guion cuando la mayoría de los feligreses, “excepto cuatro o cinco”, cuenta otro vecino, dejó de ir a misa: “Organizamos cuatro o cinco coches y nos vamos a la iglesia de Moralejo de Caravaca de la Cruz, en Murcia”. Esos apenas 10 kilómetros los siguen recorriendo a día de hoy para no ir a la iglesia local.

El 1 de enero hubo otro giro en la historia. Los vecinos se plantaron a la puerta de la iglesia para dejarle claro al cura ―que tiene su sede en Vélez Blanco― su posición. Era una concentración pacífica, aseguran los vecinos. El párroco se enteró antes de entrar al pueblo y llamó a la Guardia Civil. No hubo misa el primer día del año. Sí el segundo, con el cura, el vicario general y dos agentes del instituto armado en la puerta. Los vecinos estaban dentro y al ver quién iba a dar la misa, salieron del templo.

La escalada ha llegado a una denuncia del obispado contra el presidente de la hermandad por un delito de usurpación que, este mismo miércoles, “en señal de buena voluntad”, el obispado ha retirado. El vicario ha convocado al Ayuntamiento de Vélez Blanco y a la hermandad a una reunión este viernes para intentar encontrar una solución. La postura de los topareños, a poco más de 30 horas de la cita, era nítida: “La llave se queda en la hermandad”. El vicario, en cambio, se pregunta en su nota si un juez le va a dar la razón. Y se responde: “Con el máximo respeto a la justicia y no queriendo ser imprudente, creo que sí”.