El jurado declara culpable a Bernardo Montoya del asesinato y la agresión sexual de Laura Luelmo

El jurado popular que juzga el asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, de 26 años, ha declarado culpable a Bernardo Montoya de los cargos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Los nueve miembros que han compuesto el tribunal (cinco hombres y cuatro mujeres) han considerado por unanimidad que el acusado secuestró, violó y asesinó a la joven de apenas 26 años el 12 de diciembre de 2018 en El Campillo (Huelva), según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La culpabilidad de estos cargos apuntala la petición de prisión permanente revisable que este viernes han vuelto a solicitar la Fiscalía, la acusación particular y la de la Junta de Andalucía y que deberá ahora confirmar el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en una sentencia que se espera que sea pública en los próximos días.

El veredicto del jurado se ha producido después cuatro horas de deliberación en las que han tenido que responder a 19 preguntas cuyo contenido no ha trascendido. La decisión del magistrado Florencio Ruiz Yamuza de celebrar las sesiones a puerta cerrada —previa petición de todas las partes del caso— ha opacado el seguimiento público de un juicio que pivotaba precisamente sobre la petición de la máxima pena, la de prisión permanente revisable. Además de las pruebas que le incriminan, Montoya ya confesó ser el asesino de Laura Luelmo en una primera declaración ante la policía, aunque luego se desdijo y fue cambiando las versiones, hasta llegar a una en la que acusaba a una expareja que ni siquiera ha sido llamada a declarar como testigo ante la Audiencia Provincial, ya que tenía una coartada sólida para ese día de los hechos.

La clave de estas cuatro jornadas estaba, por tanto, en demostrar que el acusado secuestró el 12 de diciembre de 2018 a la que fue su vecina en El Campillo con la intención de agredirla sexualmente. Esa combinación de un delito contra la libertad sexual y asesinato, además del secuestro, sustenta la petición de prisión permanente revisable y los 32 años más que pide la fiscal Jessica Sotelo en su escrito de calificación. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público asegura que raptó a la joven, la golpeó, ató y amordazó para llevarla hasta el dormitorio de su destartalada vivienda. Una vez allí, la violó “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”. Posteriormente, la hirió mortalmente con un objeto contundente, “no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso del necesario para causarle la muerte” según apunta la fiscal en ese mismo escrito.

Bernardo Montoya trasladó el cadáver envuelto en una manta hasta el paraje de Las Mimbreras, a las afueras de El Campillo. Por ese hecho es por el único por el que ha pedido perdón a la familia Luelmo cuando este pasado jueves hizo uso de su derecho constitucional a la última palabra, según el relato de su abogado Miguel Rivera, la única de las partes que ha hablado al final de cada sesión. Más allá del poco verosímil relato de que fue su exnovia, Rivera ha intentado defender que el exconvicto —estuvo en prisión por matar a una anciana en Cortegana para robarle en los años noventa— no pudo agredir sexualmente a la joven, ya que era impotente, según las pruebas médicas que pidió para su cliente durante la instrucción.

Agresión sexual

Con todo, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores ya aclaró a EL PAÍS la distancia entre la tentativa o la consumación final de la agresión sexual no exime a la acusación de solicitar la máxima pena para él: “El [Tribunal] Supremo es muy contundente con que cualquier comportamiento en relación con la libertad sexual constituye un delito”. Este pasado jueves, antes siquiera de conocer el veredicto, Rivera ya ha dejado claro que pensaba recurrir la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que entiende que “será desfavorable” y “excesiva”.

Durante las cuatro sesiones anteriores del juicio, el jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres de Huelva, han podido escuchar el relato de decenas de testigos, médicos forenses, investigadores de la Guardia Civil y peritos que han reconstruido las pruebas que arrinconan a Montoya. Tras ello, la fiscal y la acusación han apostado este viernes por mantener sus peticiones de pena incluidas en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, “mientras que la acusación que ejerce la familia ha elevado las penas que solicitaba inicialmente”, según ha explicado el TSJA en un comunicado. Sin embargo, la ausencia de medios en el juicio y la negativa del abogado Francisco Luelmo a hablar ha impedido conocer cómo han concretado ese aumento. Ahora, habrá que esperar a la sentencia de Ruiz Yamuza para conocer tanto los hechos probados del suceso, como la pena exacta que le caerá a Montoya.

El caso de Luelmo sobrecogió a España en diciembre de 2018 por cómo se produjeron los hechos. La joven profesora zamorana apenas llevaba unos pocos días como profesora de plástica en un instituto de Nerva (Huelva). Una compañera le ofreció una casa en El Campillo, un pueblecito minero cercano. Apenas tres días después, su vecino de enfrente, Bernardo Montoya la atacó. Tras cinco días de búsqueda, el cadáver de la mujer de 26 años apareció, en medio de un gran despliegue. Desde el principio, su familia optó por un silencio total que solo ha roto en contadas ocasiones. La última, este mismo viernes cuando el abogado y tío de la familia, Francisco Luelmo, ha leído un comunicado a las puertas de la Audiencia onubense para agradecer el trabajo a todas las partes de estos casi tres años de proceso. “Nuestro inmenso agradecimiento a quien de forma altruista nos dio refugio durante el mes de diciembre y enero, tan terribles para nosotros, porque sin su protección no hubiéramos podido soportar el sufrimiento”, ha asegurado Luelmo