El Estado francés le recuerda a la Iglesia que “no hay ninguna ley superior a las leyes” del país

El Estado francés ha puesto en su sitio a la Iglesia católica francesa tras afirmar su máximo representante que el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República, unas declaraciones que provocaron indignación en un país conmocionado tras conocerse que al menos 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes pederastas en las últimas siete décadas. En una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) y autor de las polémicas palabras, Éric de Moulins-Beaufort, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, le ha recordado este martes que “no hay ninguna ley superior” a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un “crimen” contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión.

El obispo por su parte ha pedido “perdón” por sus declaraciones “torpes”, pronunciadas un día después del devastador informe de la Comisión Independiente Sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase), y ha asegurado que “es necesario trabajar para conciliar la naturaleza de la confesión y la necesidad de proteger a los niños”.

Entre las 45 recomendaciones que la Ciase realizó el martes de la semana pasada para abordar el problema “sistémico” de la Iglesia francesa con la pederastia, figuraba “transmitir un mensaje claro, indicando a los confesores y a los fieles que el secreto de confesión no puede derogar la obligación, prevista por el código penal (…) de señalar a las autoridades judiciales y administrativas los casos de violencias sexuales infligidas a un menor o una persona vulnerable”. Los sacerdotes “nos debemos al secreto de confesión y, en ese sentido, este es más fuerte que las leyes de la República”, replicó el miércoles el presidente de la CEF en la emisora France Info. Unas palabras que le valieron una fuerte reprobación pública y una convocatoria este martes al Ministerio del Interior a petición expresa del presidente francés, Emmanuel Macron.

“Me he permitido decirle [a Moulins-Beaufort], como le digo a cada uno de los cultos, que no hay ley superior alguna a las leyes de la Asamblea Nacional y el Senado y que no hay ninguna ley por encima de las de la República”, ha explicado Darmanin en la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Parlamentaria tras el encuentro “cordial” con el arzobispo en su oficina, celebrado a puerta cerrada.

“El secreto de confesión está integrado en nuestro derecho desde hace casi 200 años como un derecho profesional”, ha reconocido ante los diputados. No obstante, ha recordado también, este “sufre de excepciones, sobre todo en lo que concierne a crímenes cometidos contra menores de 15 años. Es evidente que no puede haber sanción alguna contra ningún religioso o persona que sepa de un abuso sexual contra menores y que estos deben denunciarlo ante la justicia de nuestro país en aras de la protección de la infancia”.

“La amplitud de las violencias y agresiones sexuales contra menores reveladas por el informe de la Ciase impone a la Iglesia releer sus prácticas a la luz de esta realidad”, ha rectificado Moulins-Beaufort en un comunicado emitido tras la reunión de hoy. El también arzobispo de Reims ha asegurado además la “determinación” de la Iglesia francesa de “hacer de la protección de los niños una prioridad absoluta, en estrecha colaboración con las autoridades francesas”.

Según ha adelantado, los obispos empezarán a trabajar en “las medidas y reformas en marcha” y en las que están dispuestos a emprender “a partir de” las 45 recomendaciones de la Ciase, que investigó los abusos sexuales desde 1950 a petición de la propia Conferencia de Obispos. Lo harán en su asamblea plenaria del 3 al 8 de noviembre.

Uno de los puntos que probablemente cree más quebraderos de cabeza es la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas. La Iglesia francesa ha abierto un fondo de dotación con cinco millones de euros, una cifra claramente insuficiente para compensar a tan gran cantidad de víctimas. La Ciase, que pide “individualizar el cálculo de la indemnización a cada víctima” teniendo en cuenta “los prejuicios sufridos más que elaborar categorías de infracciones perpetradas”, ha provocado inquietud entre la Iglesia al insistir en que esta debe “descartar pedir donaciones de los fieles” para reunir los fondos.