Líderes republicanos tachan de “inconstitucional” el plan de Biden que fuerza la vacunación contra la covid
Los conservadores amenazan con demandar a la Administración por obligar a los empleados federales a inocularse y a las grandes empresas a realizar test semanales
Un puñado de líderes republicanos han calificado este viernes de “inconstitucional” la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden que obliga a los empleados federales y a los contratistas que negocien con el Gobierno a vacunarse. Los conservadores ya han amenazado con demandar a la Administración por lo que consideran un atentado contra las libertades individuales. “Adelante”, respondió esta mañana el mandatario en un tono desafiante. El mayor malestar entre los críticos de la nueva estrategia de vacunación para atajar los brotes de covid debido a la variante delta lo ha provocado la instrucción que exige a las empresas con más de 100 trabajadores a inmunizar a la plantilla o someterla a test semanales. Las medidas afectarían a 100 millones de personas.
La resaca del agresivo plan anunciado este jueves por Biden ha estado marcada por el alud de críticas del núcleo republicano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su Estado “está trabajando para detener esta toma de poder” que supone “un asalto a las empresas privadas”. El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, advirtió al fiscal general estatal de que se prepare “para tomar todas las medidas” necesarias para bloquear la “extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo de esta Administración”. En la misma línea, el gobernador Brian Kemp, de Georgia, se comprometió a poner en práctica “todas las opciones legales disponibles” para frenar “esta extralimitación descaradamente ilegal”.
En una visita de Biden este viernes a un instituto en el centro de Washington, el mandatario aseguró estar “decepcionado” con varios gobernadores republicanos por sus actitudes “tan arrogantes”, relacionadas con la salud de los estudiantes. Al menos nueve Estados conservadores, entre ellos Florida, Texas y Arizona, han emitido órdenes ejecutivas para prohibir el uso de la mascarilla dentro de la sala de clase de cara al retorno presencial a las aulas, a pesar de que los Centros para el Control de Enfermedades y Prevenciones (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan lo contrario.
De la batería de medidas anunciadas por la Administración Biden, la que ha generado mayor malestar entre los republicanos es la que obliga a las empresas con más de 100 empleados a realizar test de covid semanalmente a sus trabajadores, una orden que afectará a 80 millones de personas. La normativa se promulgará a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y conlleva multas de hasta 14.000 dólares en caso de incumplimiento, según un empleado de la Administración citado por AP. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, también tildó de “inconstitucionales” las nuevas directrices y adelantó que su comité va a demandar al Gobierno “para proteger a los estadounidenses y sus libertades”.
Entre los trabajadores, la nueva exigencia sanitaria que atañe a las grandes empresas ha provocado respuestas dispares. Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés), la organización de empleados profesionales más grande de EE UU, dijo en un comunicado que “apoya firmemente los requisitos de vacunación o pruebas de covid” en las plantillas superiores al centenar de empleados e hizo un llamamiento a que los Estados exijan que los educadores estén inoculados. Por su parte, Everett Kelley, presidente de la mayor federación sindical de trabajadores federales (AFGE, por sus siglas en inglés), se mostró receloso: “Esperamos negociar este cambio antes de la implementación”.
Obligados a vacunarse
Los empleados del poder ejecutivo, incluida la Casa Blanca, y los de todas las agencias federales tienen 75 días de plazo para vacunarse o arriesgan sanciones disciplinarias, incluido el despido, informó la Casa Blanca. Los cerca de 17 millones de trabajadores de centros de salud que reciben fondos federales para financiar el Medicare o Medicaid también están obligados a vacunarse. Otros departamentos del Gobierno han establecido por su cuenta que todos los empleados deben estar inmunizados, como es el caso del Pentágono, que desde finales de agosto ha forzado a los militares a recibir las dosis.
Los brotes por la variante delta han cambiado completamente el escenario en la potencia mundial. El 4 de julio, el Día de la Independencia, Biden afirmaba que Estados Unidos estaba “más cerca que nunca” de independizarse del virus, pero este jueves reconoció que el país está atravesando un “tramo difícil, y podría durar un tiempo”. En comparación con la misma fecha del año anterior, los nuevos contagios diarios se han disparado un 300% y las muertes son casi el doble. Todavía hay cerca de 80 millones d estadounidenses que no se quieren vacunar. Más de 208 millones han recibido al menos una dosis y 177 millones están completamente vacunados, un poco más de la mitad de la población elegible.
Para hacer frente a la nueva ola, la Administración demócrata estableció este jueves una hoja de ruta para atajar la propagación de la variante delta: aumentar las pruebas del virus en las escuelas; vacunar a los no vacunados; ofrecer una dosis de refuerzo a los ya inmunizados; proteger la recuperación económica; mejorar la atención de las personas con covid-19; e inventar a las empresas privadas para que promulguen políticas de vacunación y medidas sanitarias más estrictas.
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