El Gobierno aprueba 482 millones para impulsar la atención a los dependientes en sus domicilios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 730,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos destinado a la “economía de los cuidados”, ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado. El grueso de esos fondos, 482,4 millones de euros, irán destinados a la atención de las personas en situación de dependencia: tendrán como fin fomentar un modelo que permita a los mayores vivir en sus domicilios el mayor tiempo posible, y los nuevos centros residenciales deberán “construirse como entornos similares a los domésticos”, es decir, parecerse más a un hogar. El objetivo es “transformar el modelo de cuidados”, fomentando la “atención domiciliaria frente a la residencial”, y la inyección económica “creará empleo de calidad en un sector altamente precarizado y feminizado”, ha destacado el ministerio.

La crisis de la covid ha evidenciado las carencias del modelo de atención a la dependencia en España, especialmente en las residencias, donde unas 30.000 personas murieron, bien con un test que confirmara su diagnóstico o con síntomas compatibles con el virus. El año pasado, el entonces ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, recalcó en numerosas ocasiones la necesidad de impulsar un cambio, así como de poner en marcha una estrategia nacional de desinstitucionalización, es decir, que los mayores permanezcan en sus hogares todo lo posible antes de ir a una residencia. Algo que se recoge en el plan de choque de atención a la dependencia, aprobado este año, por el que se inyectan 600 millones este mismo 2021. El plan tendrá una duración de tres años en los que se ha prometido una inversión total de unos 3.500 millones de euros. A través del mismo se prevé reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones y servicios, así como las condiciones de los trabajadores del sector.

Pero, además, al plan de choque se suma la inversión de otros 730,8 millones de euros que serán ejecutados directamente por las autonomías. Según un documento enviado a las comunidades el pasado enero y en el que se acordaban los criterios de reparto, al menos la mitad de esos fondos deben ir destinados a “dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración” y a la “remodelación y adaptación de los equipos existentes”, que estén basados “en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios”. Esto es, fundamentalmente, residencias y centros de día, donde se atiende durante parte de la jornada a los mayores que viven en sus domicilios y que requieren de cuidados profesionalizados. El Ministerio de Derechos Sociales recalca que las residencias deberán construirse respetando un modelo que los asemeje todo lo posible a un domicilio, y que se fomentará el modelo de atención en los hogares.

Además, otros 216,9 millones se destinarán a “reformar el modelo de atención a la infancia, invirtiendo en la mejora de centros residenciales que garanticen su bienestar, y en la modernización tecnológica de los servicios sociales, su digitalización y mejora de su funcionamiento”. Por último, 31,5 millones se invertirán en “acabar con la falta de accesibilidad universal”, según la nota del ministerio, “y se apostará por demandas históricas y necesarias como la adecuación de espacios físicos, transporte público y la mejora de los canales de comunicación con las Administraciones públicas”.

“Esta inversión nos va a permitir parecernos más a Europa, donde la inversión en cuidados de larga duración está muy por encima de la media española”, ha explicado este martes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha dicho, la inversión permitirá “aumentar el bienestar de la población” y generar “empleos de calidad no deslocalizables a otros países”. Todo ello, “con el consiguiente aumento de cotizaciones a la Seguridad Social y el aumento de los retornos fiscales”. La ministra ha incidido en que se crearán “empleos dignos en un sector altamente feminizado”, lo cual permite contribuir a “reducir la brecha retributiva”. También ha dicho que tendrá un “impacto positivo” dirigido a fijar población en los territorios, “generando oportunidades también en los pueblos y zonas rurales”.

El reparto deberá aprobarse próximamente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que reúne a las autoridades autonómicas en la materia y al ministerio. Belarra ha asegurado que el ministerio ha “pisado el acelerador” para que las comunidades autónomas tengan disponibles estos fondos “cuanto antes”.